El juez prorrogó el secreto de los ERE por la "gravedad" de los delitos y para identificar a los "verdaderos" beneficiarios

El juez Iván Escalera, que sustituye a la magistrada Mercedes Alaya, decidió el pasado 6 de diciembre prorrogar durante otro mes el secreto de sumario decretado en la causa de los ERE fraudulentos debido a la “gravedad” de los delitos investigados y a la necesidad de identificar a los “verdaderos beneficiarios” de los fondos públicos.

El auto del juez se produce después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que solicitó en su día que se acordara el secreto, pidiese una prórroga porque aún no habían concluido sus pesquisas. El juez Iván Escalera ha argumentado ahora que, una vez atendidas las razones de la Guardia Civil y el informe presentado por esta unidad, “que evidencian la gravedad de los delitos investigados, la abundante documentación pendiente de análisis y la concreta identificación de las personas que hayan podido ser los verdaderos beneficiarios de los fondos públicos, todo lo cual ha impedido que se puedan concluir las diligencias dentro del plazo inicialmente acordado, procede prorrogar el secreto de las actuaciones por plazo de un mes para que se completen dichas investigaciones”.

El auto señala que en estos momentos “persisten” las mismas circunstancias que motivaron la inicial declaración de secreto, aspectos que el juez elude citar porque “frustraría su finalidad, que no es otra que le interés de la Justicia”, por lo que concluye que la prórroga es “totalmente proporcional con la gravedad de los hechos expuestos”. En cualquier caso, el juez ha instado a la Guardia Civil para que emplee la “máxima diligencia” y dé cuenta periódica del “avance de sus investigaciones, garantizando de esta forma el control judicial”.

El secreto fue acordado el pasado 6 de noviembre, en un auto en el que Iván Escalera acordó además ampliar las investigación sobre las irregularidades en las ayudas públicas a otros tres delitos: asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales. La medida pretendía garantizar el éxito de las investigaciones, en las que ya se había practicado al menos un registro fuera de Andalucía.

El secreto fue solicitado precisamente por la Guardia Civil, que investiga "personas físicas y jurídicas no imputadas pero sí relacionadas con actividades de los imputados que entiende deben ser esclarecidas en las diligencias que se interesan", argumentó entonces el juez Escalera.

Tras examinar la petición inicial de los agentes de la UCO, el juez consideró adecuado decretar el secreto de las actuaciones para "evitar interferencias o acciones que puedan poner en riesgo el éxito de las investigaciones", que el magistrado no concretó en el auto para no frustrar la finalidad del secreto, "habida cuenta de la repercusión de la presente causa y la publicidad que reciben resoluciones y documentos unidos a la misma".

Y todo ello porque, según el juez, los hechos que se investigan ahora pueden ser constitutivos de los delitos de cohecho, asociación ilícita y blanqueo de capitales, y "podrían llevar a parte interesada a la manipulación, pérdida o destrucción de indicios o fuentes de prueba, anulando así la acción policial judicial".