"El caso de los ERE sería diferente si las ayudas las tramitasen funcionarios"

La lucha contra la reordenación del sector público autonómico popularizó al Sindicato Andaluz de Funcionarios, que cumple diez años. Este verano acortó el acrónimo que le limitaba a los funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) para ampliar la defensa a la Administración General y Local. Tiene 2.500 afiliados y es independiente, destacan sus dirigentes. José Manuel Mateo , ingeniero técnico forestal, es de Almería y preside el sindicato desde hace un año.

-Un contador recuerda en vuestra web que hace 25 meses se aprobó la ley del sector público. Los tribunales no la han tumbado. La batalla, ¿fue un éxito o un fracaso?

-Hay un recurso de inconstitucionalidad planteado y estamos a la espera. Sí estamos esperanzados de que algunas cuestiones avisadas por el TSJA las ratifique el Supremo. En una administración no se puede conjugar el derecho administrativo y el privado, no lo decimos sólo nosotros.

-Denuncian enchufismo y que la Junta es un cortijo.

-Hay una cuestión fundamental que determina la ley: el ejercicio de las potestades públicas está reservado a los funcionarios. Yo no les llamo enchufados, les llamo protegidos, porque indagando en las situaciones personales se descubre que no son ciudadanos cualesquiera que han llegado por una selección, sino que en muchísimos casos se dan filias de carácter familiar, político, sindical, vecinal y eso da que pensar. Es clientelismo.

-¿Y eso sólo pasa ahora?

-Siempre ha habido algún que otro enchufe. Hay dos leyes (6/88 y 7/88) con Rodríguez de la Borbolla de presidente en las que, en cuatro renglones, los contratados laborales de la preautonomía se convierten en funcionarios. Cuando compruebas que un Gobierno toma decisiones para ciertos sectores da que pensar.

-Muchos de aquellos preautonómicos protestaron hace dos años y se llevaban las manos a la cabeza.

-Ahí había una amalgama de contratados, interinos. No hablamos por hablar. A nosotros nos da igual. Si el día de mañana hubiese otro gobierno en la Junta haríamos exactamente lo mismo.

-¿Cuántos trabajadores hay en las empresas públicas?

-Hay datos de varias fuentes. Hemos conseguido que la Administración tenga hoy obligación de informar de su personal externo. Sí puedo decir que en los últimos tres años se han perdido 5.000 puestos de funcionarios en Administración General y las empresas públicas han crecido en 1.870 puestos. Lo dice el último informe de la Cámara de Cuentas de 2011.

-Son empleados públicos.

-Para ser empleado público hay que pasar por un procedimiento de selección de la Administración, no de una empresa pública.

-Por eso la denuncia de que se regularizó por la puerta de atrás.

-Efectivamente, ¿y qué ocurre? El Gobierno elimina o fusiona empresas públicas y se encuentra con trabajadores que no pueden ejercer potestades públicas. Ahora no sabe dónde ponerlos.

- ¿Piden que se les despidan?

-No. Pedimos que si quieren ocupar esos puestos, si son necesarios, que la Administración saque una oferta de empleo público y que consigan o no la condición de funcionarios.

-Oferta de Empleo Público ni hay ni se le espera.

-Es un tema doloroso, con el paro que hay es injusto que la oferta esté congelada. No digo que se saquen 5.000 plazas como en 2007, en víspera de elecciones, pero por lo menos que se repongan los efectivos que se han jubilado o han fallecido.

-¿Qué pasa en el SAE? El ex director general ha sido imputado por subrogar a personal externo.

-Es una denuncia nuestra. Nos han querido tomar el pelo a todos los andaluces. Se inventó una categoría de personal que no existe, el subrogado. Trabajadores de empresas públicas empresariales tienen unas condiciones económicas y de trabajo que ya las quisieran muchos funcionarios.

-Pluses, dietas…

-Y coches, material de trabajo, ningún impedimento… Antes se acababa el tóner de una impresora y en media hora un compañero te lo cambiaba. Ahora llamas a un 902 y al cabo de tres días viene el mismo funcionario con la orden que le ha dado una empresa contratada. ¿A qué estamos jugando?

-La fama de vagos e insolidarios la tienen los funcionarios.

-En todos los sitios hay ovejas negras. Sobre los recortes se trata de una confiscación de sueldo. Esas retribuciones consolidadas no se pueden tocar y lo ha hecho el Gobierno y la Junta. En los años de bonanza los convenios colectivos en incrementaron los sueldos un 18% y a nosotros como mucho fue de un 3,6%. No somos unos privilegiados.

-¿El caso de los ERE hubiera sido diferente si no se hubiese externalizado parte de esa gestión?

-Sin la menor duda. Nosotros estamos personados como organización sindical por si hay deriva hacia los funcionarios. Si es verdad que las ayudas se hacían a través de un pósit… es de locos. Pero a quién se va a sancionar si las ayudas se daban a través de un pósit, si la fiscalización de esas suculentas ayudas se hicieron a través de una agencia, de las que los tribunales han anulado muchas encomiendas de gestión. Los funcionarios son fundamentales en la Administración porque se encargan de la tramitación.

-Sigue habiendo encomiendas.

-Hay encomiendas que tienen razón de ser, siempre que no suplanten potestades de los funcionarios. Pero otra cosa es eludir el derecho administrativo para dar subvenciones o dinero a empresas o grupos que me interesan. Es la denuncia de otra administración paralela, las de dar ejecutar con autónomos. La Administración maneja dinero que no es de los gobernantes, sino de los ciudadanos, y tiene que tiene que ser imparcial y someterse al Estado de Derecho.