Los ERE contaminan la lista de Lucena

La aparición de Juan Márquez Contreras, sucesor de Francisco Javier Guerrero (quien desveló la existencia de un "fondo de reptiles" en la Consejería de Empleo) al frente de la dirección general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, en medio de la polémica y las pesquisas judiciales sobre los ERE fraudulentos ha envenenado y contaminado el proceso de elección de candidatos en su pueblo, Lucena del Puerto, y ha puesto en un brete a la dirección provincial de Huelva.

Aunque la Ejecutiva socialista que dirige Mario Jiménez le presentó como candidato lucenero en el acto celebrado en Almonte hace tres semanas, junto a los demás alcaldables, la dirección regional medita su continuidad como número uno ante la posibilidad de que de aquí a las elecciones del 22 de mayo sea imputado. Su agrupación local le apoya, pero a día de hoy todo está en el aire.

Fuentes de la dirección socialista recalcaron ayer que ningún imputado por presunta corrupción irá en las listas de las municipales. Juan Marquez no lo está, pero el PSOE de Huelva no ha decidido aún qué hará con él pues bajo su mandato en Empleo se autorizaron supuestamente ERE con intrusos.

De momento, se ha marcado hasta el 18 de abril, fecha en la que se cerrarán y presentarán las listas definitivas, para tomar una decisión complicada. Al fin y al cabo se trata de una persona a la que siempre han arropado tanto Mario Jiménez como su secretario de Organización, Ignacio Caraballo. Si le dejan caer, como se ha hecho con Francisco Javier Guerrero, sonarán las alarmas.

Márquez defiende que "todas" las decisiones que adoptó en este cargo se ajustaron "escrupulosamente a la legalidad vigente", declarándose "responsable" de "implementar un proceso regulado de concesión de ayudas excepcionales sociolaborales" e "impulsor de herramientas" destinadas al uso "diligente" de estas ayudas, en alusión a los fondos librados por la Administración autonómica para incentivar la reestructuración de empresas en crisis.

El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla investiga una supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas e incentivados a través de los 647.869.157,45 euros librados por la Junta de Andalucía para respaldar procesos de reestructuración de empresas en crisis mediante una fórmula cuestionada por la Policía Judicial y que formaría parte de las diligencias.

La investigación suma al menos 12 detenciones y la Consejería de Empleo ha reconocido posibles prejubilaciones ilegales, fruto de las incidencias descubiertas en expedientes de regulación de empleo de empresas como Mercasevilla, el restaurante Río Grande, SOS Cuétara, Cash Lepe, Calderinox, Bonpunt, Saldauto, Graficromo, Cydeplast, Smurfit, Hitemasa, Surcolor, Springer Arteferro Germans e incluso la Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa), donde apareció un ex edil de IU afiliado a CCOO.

En este escenario, ahora se conoce que Juan Márquez autorizó en diciembre de 2009 el expediente de regulación de empleo promovido entonces por la compañía Calderinox, incluyendo el procedimiento la prejubilación del el ex delegado provincial de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés, quien jamás había trabajado en esta empresa.

A tal efecto, Márquez señaló ayer en un comunicado remitido a Europa Press que "todas y cada una de las decisiones que he tomado en el transcurso de mi responsabilidad al frente de la Dirección General de Empleo se han ajustado escrupulosamente a la legalidad vigente". "En ningún momento he ordenado, facilitado o facultado para proceder de manera irregular en el desempeño de mis competencias", defiende Márquez.

El aún candidato por Lucena se declara "el responsable de implementar un proceso de concesión de ayudas excepcionales sociolaborales regulado, que permitiera dar seguridad jurídica a los beneficiarios de las ayudas mediante la formalización de resoluciones, así como impulsor de una serie de herramientas capaces de hacer un seguimiento 'a posteriori' que garantizase el correcto y diligente uso de las ayudas".

Márquez llama a no confundir "entre resolución de expedientes de regulación de empleo y ayudas socio-laborales a trabajadores afectados por estos expedientes, que son gestionadas por asociaciones constituidas al efecto por los beneficiarios". "Todas las decisiones que he tomado al frente de la Dirección General cuentan con su expediente de resolución, argumentando la concurrencia de las causas que dan origen a la concesión de las ayudas", señaló Márquez, quien recuerda que tras estas decisiones residían "dramas familiares fruto de la pérdida de empleo en edades avanzadas que hacen difícil su reinserción laboral", pues estas ayudas "han dado respuesta a situaciones de crisis tanto empresariales como sectoriales en diversos territorios de nuestra geografía andaluza, siendo un modelo reconocido por agentes sociales y económicos de compromiso social del Gobierno andaluz con sus trabajadores y trabajadoras".