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Doñana, ¿en qué consiste el acuerdo?

El Ministerio de Transición Ecológica y la Juna tienen un mes para alcanzar un pacto con los agricultores que iban a beneficiarse de la ley de regadíos

Teresa Ribera fue quien movió ficha, y Juanma Moreno lo aceptó

Doñana, en cuatro minutos

La ley de regadíos, a la despensa

Juanma Moreno y Teresa Ribera se saludan el martes en San Telmo. / Raúl Caro/Ep

Juanma Moreno y la ministra Teresa Ribera lograron el martes pasado un principio de acuerdo para retirar la ley de nuevos regadíos del Condado de Huelva, una comarca limítrofe al parque. En realidad, el Gobierno andaluz y el central aún les queda por delante la verdadera negociación, que implica a las dos administraciones más el grupo de agricultores a los que una ley del Parlamento andaluz iba a beneficiar.

-¿Qué acuerdo hay?

El presidente andaluz ha retrasado la proposición de ley de regadíos que se iba a aprobar en la Cámara autonómica el próximo 11 de octubre. Ésta era una de las condiciones que el Ministerio de Transición Ecológica y su titular, Teresa Ribera, había exigido para abrir una negociación con la Junta. Fue Teresa Ribera quien dio el primer paso hace tres semanas con una llamada a Juanma Moreno, y el presidente de la Junta aceptó siempre que su Ministerio se reuniese con los agricultores.

-¿Qué agricultores son éstos?

-En la zona norte de Doñana se aprobó en 2014 un plan de regularización de cultivos de frutos rojos, pero hubo agricultores que se quedaron fuera porque en el momento en el que se estableció la "foto fija" no cultivaban fresas. Estos afectados, ayudados por el PP y Vox, consiguieron que el Gobierno andaluz promoviese una ley para considerar sus suelos como aptos para el riego, aunque carecerán de agua porque la autorización compete a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. A su vez, la Confederación no puede autorizar nuevos riegos que utilicen el acuífero de Doñana, declarado como sobreexplotado en la zona de la comarca del Condado.

-¿Qué dicen los agricultores afectados?

-El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, tuvo el martes una reunión con los agricultores. Fue una exigencia de Juanma Moreno para suspender la aprobación de la ley. Los agricultores se mantienen a la expectativa, pero quieren que se les compense de algún modo. De esto es de lo que se va a comenzar a hablar ahora. Hay un mes de plazo. Si no hubiese acuerdo, Juanma Moreno activaría de nuevo la ley.

-¿Habrá compra de tierras?

-Es una posibilidad, como la permuta por tierras donde sí se puede regar. O algunas autorizaciones. No hay nada definido aún. Ésa es la almendra de un futuro acuerdo. En cualquier caso, la versión oficial del Ministerio de Transición Ecológica es que el Gobierno central no va a comprarles esas fincas. El Ministerio cuenta con dinero para adquisiciones, pero sólo pagará por fincas que tengan derecho de riego para liberar el acuífero.

-¿Esas fincas se riegan?

-No hay una cifra oficial de las hectáreas que se iban a beneficiar, pero estarían en torno a las 700 hectáreas. Algunos propietarios tienen sanciones por haber regado de modo ilegal; otros, comparten fincas que sí tienen autorizaciones con terrenos de secano. Hay grandes y pequeños propietarios.

-¿Por qué la Confederación no quiere dar más agua?

-El acuífero de la zona norte de Doñana está declarado sobreexplotado de modo oficial. La estrategia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es cerrar los pozos ilegales, desenganchar los legales del acuífero para que rieguen con agua de superficie de un trasvase y llevar agua a la urbanización de Matalascañas para que clausure pozos propios. El trasvase proviene de la cuenca del Odiel, Tinto y Piedras, que es de la Junta, pero sólo está previsto para regantes con derechos actuales.

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