Doñana: carrusel europeo de declaraciones
Cargos y representantes de PP y PSOE siguen enzarzados en posturas irreconciliables en las que nada hay de nuevo sobre lo conocido desde el primero momento
La Junta responde oficialmente a la UE: el acuífero de Doñana no se toca
Sevilla/La recuperación del género epistolar en todos los actores que representan la polémica por el plan de riegos que proyecta la Junta para la corona norte del Parque Nacional de Doñana y las advertencias de sanciones con repercusión marcan las declaraciones de unos y otros, sobre todo desde Europa
El vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, ha sido uno de los primeros en encender del carrusel de declaraciones al lamentar que el debate se plantee en los términos pretendidos por el Gobierno, que "no son los reales", y ha responsabilizado a los gobiernos socialistas de la situación del parque.
El eurodiputado ha recalcado que el Tribunal Superior de Justicia Europeo ya dictó una sentencia contra los gobiernos socialistas de la Junta que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha ejecutado.
"Es decir, que si España está hoy en una situación de infracción en relación al parque de Doñana ante la Unión Europea no es por el tiempo que lleva Juanma Moreno gobernando en Andalucía, sino por los gobiernos socialistas que son los que han sido sancionados en Andalucía y por el Gobierno de España que sigue incumpliendo", ha advertido.
Y ha subrayado que la Unión Europea tiene actualmente abiertos 104 expedientes de infracción a España, de los que 24 son por asuntos medioambientales tan importantes como Doñana, y, sin embargo, Sánchez "no coge el Falcon" para ir a todos ellos, solo a este parque nacional.
Finalmente, González Pons ha confirmado que si Gobierna el PP, mantendrá la ley del solo sí es sí, pero ha señalado que lo que sí harán probablemente será reformar el Código Penal para recuperar el "enfoque de conjunto" perdido por los numerosos "remiendos".
No ha tardado en responder la vicepresidenta Nadia Claviño quien ha amenazado con "utilizar todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para impedir que se cometa esa tropelía y que se agreda y se deteriore la joya de la corona del patrimonio natural de nuestro país, que es Doñana". Desde Pamplona, la responsable de asuntos económicos del Gobierno ha añadido que "tenemos un interés compartido en que Doñana no se toque y que, por supuesto, se protejan esos acuíferos y no se lleven a cabo esas medidas que el Partido Popular y Vox han querido poner en marcha, que son ilegales y además irresponsables con respecto al presente y con respecto al futuro".
Su compañero de Gabinete, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha calificado la Proposición como "un auténtico disparate frente a lo que es un monumento del patrimonio natural vivo, no sólo de nuestro país y de Europa sino de la Humanidad". El ministro ha subrayado que esta medida no se va a llevar a cabo porque va contra la legalidad española y europea, pero que supone un "perjuicio reputacional" a los agricultores que, "de forma legal y honrada" trabajan en la zona. También ha dejado una poco disimulada amenaza en el aire: "Si alguien quiere utilizar el agua en esta campaña electoral, y lo hemos visto en relación con estos riegos ilegales que se quieren provocar en Doñana, desde luego nos van a encontrar enfrente".
En uno de los matinales televisivos, la consejera de Agua, Carmen Crespo, dio la primera respuesta con el argumentario que los dirigentes populares utilizan como defensa de la Proposición de Ley, esto es que es el Gobierno central quien "incumple la ley del trasvase del Tinto-Odiel-Piedras a la zona de Doñana. Esa ley es de 2018, y fue la primera que el Gobierno de Sánchez puso en marcha, pero llevan todos estos años sin hacer nada, ni el trasvase, ni en la depuradora, ni tampoco en la presa de Alcolea, que no dejan que se finalice y que ahora podría tener 166 hectómetros cúbicos, los cuales harían muchísima falta en estos momentos. No están arrimando el hombro".
El siguiente ha sido el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, que se ha referido a la visita de Pedro Sánchez a Doñana para, a su juicio "hacer campaña sobre una mentira", dado que es "falso" que la Junta esté atacando a este parque nacional. "Los que tenemos memoria nos acordamos de que solo el socialismo fue el que intentó implantar dos bombas en Doñana: un gasoducto que venía de Extremadura y un depósito de gas. Eso intentó el Gobierno socialista de la Junta, y por suerte se paralizó".
El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha vuelto a apelar al "diálogo" y ha remitido al trámite de enmiendas que "se negociarán" tras escuchar tanto a los grupos como a los "agentes sociales que van a acudir al Parlamento". En esta línea, ha hecho también una llamada al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para que convoque una "reunión técnica" en la que se puedan abordar las soluciones para este espacio "si tan preocupado está por Doñana" y "tan catastrófica es la acción que está emprendiendo el Parlamento".
También en un programa matinal, el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha alertado de que la ampliación de regadíos en Doñana emprendida por el PP es “un gran fake de Moreno Bonilla” que mete a la comunidad “en un gran lío porque es inasumible para Bruselas y para el sentido común”. A su juicio, la iniciativa legislativa representa “una amenaza a Doñana y daño reputacional” a la comarca, a sus productores agrarios, a Andalucía y a España “sobre la base de una hipótesis falsa” que “nos mete en un lío tremendo porque a Bruselas le suena a un incremento de regadíos inasumible”.
Una de las últimas en aportar su granito de arena a la polémica ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se reúna con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, para buscar soluciones para el parque de Doñana, en lugar de "entrar en tromba". La presidenta ha lamentado que no se haya dado antes "una sola infraestructura para que pudieran repartir el agua en una zona tan necesaria, sobre todo, para tantas familias de la provincia de Huelva". Entonces, considera que lo que está haciendo Moreno Bonilla "no es improvisado".
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