Doñana, un acuerdo que pasa por las tierras

Además de ser un milimétrico conocedor de Doñana, Miguel Delibes es sabio. Por estudios, por experiencia y por tradición familiar, quien hoy es el presidente del Consejo de Participación del parque atesora eso que se llama templanza y visión larga: hay que ir esperando a que "las líneas rojas se difuminen", ha dicho sobre las negociaciones que acaban de abrir el Gobierno central, la Junta y los agricultores del entorno del espacio. Tiempo de cochura y líneas rojas. Y bastante ingeniería jurídica y administrativa, cabría añadir, mucho más que la aplicada en la ley que el Parlamento andaluz se disponía a aprobar, un texto sin argumento real, erróneo y fallido que hubiera tumbado cualquier tribunal. No sólo el Constitucional.

Aunque todas las partes guardan una férrea discreción para no malograr un diálogo que nadie esperaba, varias fuentes consultadas por este medio vienen a coincidir en que habrá que encontrar una solución admisible para los propietarios de unas 700 hectáreas que están en el origen del problema, fincas legalmente de secano que se vienen regando con agua de pozo y que iban a ser el objeto de una regularización por parte de la ley que el Parlamento andaluz tiene, de momento, paralizada.

El Ministerio de Tranisción Ecológica ha transmitido, sin dejar una brecha para la duda, que no comprará fincas que carezcan de derechos de riego, porque el objetivo del dinero que tiene guardado para ello es desenganchar tierras que extraen agua del acuífero para regenerarlo. Esta sería la única justificación medioambiental, porque las parcelas están dispersas y no aportarían ningún valor al parque de por sí. Sin embargo, lo que no descarta el Ministerio, porque no entra en eso, ni la propia Junta de Andalucía es que sea la administración autonómica la que adquiera esas parcelas o las permute por otras situadas más lejos de Doñana.

Suelos municipales

La casuística de las 700 hectáreas en litigio es muy diversa. Hay fincas, por ejemplo, que pertenecen al Ayuntamiento de Lucena del Puerto, que fueron entregadas a agricultores para su uso, pero de las que no son propietarios. No hay compra ni permuta posible. Por otra parte, hay pequeños agricultores con intereses distintos a las grandes empresas. En el caso de que la Junta accediese a la compra, tendría que estudiar los casos uno a uno, porque la adquisición pública debe estar justificada y no todos tienen las mismas necesidades. Otra fórmula es la permuta, pero también arrastra, como la compra, el problema de justificar la cantidad dineraria del intercambio.

Una fuente ha apuntado a una posible solución que valdría para el 20% de las tierras. Una quinta parte de las fincas están en la cuenca del Odiel, Tinto y Piedras, que gestiona la Junta, a diferencia de la del Guadalquivir, que es estatal. La Junta podría comprometerse con estos propietarios para llevarle agua en superficie.

Sin embargo, el debate sobre posibles fuentes de agua tiene algo de pensamiento mágico, basado en la creencia de que no falta líquidos, sino obras. La cuenca del Odiel, Tinto y Piedras, de donde procede el trasvase de 19,9 hectómetros cúbicos que desenganchará a muchas parcelas del acuífero, está en situación de sequía. Tanto, que esta semana se ha decidido reducir al 50% las cantidades para riego a partir del 15 de noviembre. Si la cuenca no se encuentra en estado excedentario, no hay modo legal de detraerle agua para otra.

El cultivo de la fresa arrancó en la comarca del Condado en los años noventa. Son fincas de regadío en régimen intensivo que cuentan con un importante mercado en Europa y que ha sabido modernizarse con nuevas técnicas y con la introducción de otros frutos rojos, como los arándanos. Para regularizar esta explosión, la Junta aprobó en 2014 el llamado Plan de la Fresa, que es un plan de ordenación territorial de los regadíos de la corona norte forestal de Doñana que sustentó la legalización de 9.000 hectáreas a cambio de ir desenganchándola del acuífero mediante la incorporación de agua de la cuenca vecina, la del Odiel, Tinto y Piedra.

Las 700 hectáreas de la ley se corresponden con fincas que se quedaron fuera de la fotografía que marcó el plan de la fresa. No son las únicas responsables de que el acuífero 21 se encuentre sobreexplotado, a ello ha contribuido la extensión regularizada y el consumo de los pozos de la urbanización de Matalascañas. Lo que indican todos los informes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es que se extrae más agua del subsuelo de lo que se recarga, con independencia de los ciclos de años secos y húmedos.

Más allá de las regularizaciones, éste es el asunto que la Comisión Europea y la Unesco quiere que España resuelva. La nueva legalización sólo iba a añadir un problema más, pero su eliminación no solventa el estado de Doñana.

Para ello, el Ministerio de Transición Ecológica dispone de un plan de renaturalización dotado con 350 millones de euros que supone la recuperación del equilibrio hídrico del parque y el cierre de pozos tanto legales, como ilegales. Además de ello, hay otros 350 millones para medidas económicas y sociales que sí solventen la situación de los propietarios afectados por la ley, además de ayudas a los ayuntamientos de la comarca del Condado.