Dimite el interventor general de la Junta en plena investigación de los cursos

El interventor general de la Junta de Andalucía, Adolfo García Fernández, ha presentado la renuncia a su cargo tras casi cuatro años al frente de este órgano de control. Se da la circunstancia de que una decena de interventores y ex interventores de la Junta, entre los que se encuentra García Fernández, comparecerán en la comisión parlamentaria que investiga el fraude de los cursos de formación, que cerró el pasado viernes el listado definitivo de comparecientes, aunque a los interventores ya se les había notificado una semana antes . Fue el pasado jueves cuando García Fernández presentó por carta su renuncia a la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, que ha aceptado la dimisión.

Este auditor ha permanecido casi cuatro años en el cargo. Su antecesora, Rocío Marcos, dejó el puesto a petición propia en 2012, en plena investigación por el escándalo de los ERE fraudulentos, tras dos años recién cumplidos. Marcos sucedió al ex interventor general Manuel Gómez Martínez, que permaneció una década en el puesto y que está imputado en la causa de los ERE.

El cese del interventor general se justifica ahora en las bondades de la rotación. En la carta que García Fernández le presenta a Montero, a la que ha tenido acceso esta redacción, el interventor le traslada que "ya en anteriores ocasiones, la primera de ellas durante el pasado mes de marzo", le hizo saber su interés de cesar en el cargo. "Unez vez llevados a término los diversos proyectos normativos y organizativos que están en desarrollo",García Fernández considera que es el momento adecuado para realizar el traspaso para que su sustituto se adapte cuanto antes. Es en estas fechas cuando la Intervención General concluye con el cierre de la contabilidad presupuestaria del pasado ejercicio, según mandató la orden de cierre publicada el pasado octubre.

El interventor destaca en su adiós la aprobación del nuevo plan de contabilidad financiera de la Junta, el registro único de facturas, la adaptación al sistema de gestión y control de las subvenciones, el establecimiento de un marco normativo regulador de las transferencias de financiación y la implantación de un nuevo sistema de gestión contable (sistema Giro) como actuaciones más relevantes durante su etapa.

Entonces el interventor considera que el sistema de rotaciones constituye uno de los pilares básicos de los sistemas de control interno y traslada su solicitud de cese, no sin antes trasladar su reconocimiento y gratitud a la consejera Montero.

El cese de García Fernández se hará efectivo en el Consejo de Gobierno de mañana, al igual que el nombramiento del nuevo titular podría aprobarse en la misma sesión, o bien retrasarse una semana.

Se trata del segundo cese en días en la cúpula de la Administración de la Junta, una vez que el pasado viernes presentase su dimisión el viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales, Juan Jesús Jiménez, tras conocer que tendrá que declarar en el caso de los ERE al ser citado por la juez de instrucción María Núñez Bolaños. Jiménez es uno de los altos cargos más longevos en la Junta.

García Fernández es licenciado en Derecho y, antes de ocupar el puesto de interventor general de la Junta de Andalucía, fue director gerente de la empresa pública de Gestión y Activos y de la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, así como director gerente del Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública en Andalucía. Pertenece a los cuerpos superiores de Intervención y Contabilidad de la Seguridad Social y de Administradores de Gestión Financiera de la Junta de Andalucía.

La Intervención General de la Junta de Andalucía es el órgano superior de control interno y de contabilidad pública de la gestión económica de la Administración de la Junta de Andalucía y de la totalidad de sus entidades instrumentales. En los últimos años se ha visto envuelta en las investigaciones sobre los presuntos casos de corrupción en la Junta por su papel de control sobre las subvenciones públicas.

Entre sus funciones está la dirección superior de las intervenciones delegadas y provinciales, así como la dirección funcional de las unidades de control interno de las entidades instrumentales. También el control previo de las operaciones de contenido económico de todos los órganos de la Administración de la Junta. Sin perjuicio de su plena autonomía en el ejercicio de sus funciones, queda adscrita a la viceconsejería de Hacienda.