El Defensor recibe una denuncia por violencia sobre menores cada dos días

Las formas de violencia con las que vivimos no son ajenas a los menores. El Teléfono del Menor del Defensor del Pueblo Andaluz recibió en 2006, el último ejercicio analizado, una denuncia cada 1,8 días por acciones de violencia contra la población infantil, bien por parte de semejantes o de adultos. Este servicio que presta la institución andaluza recibió 525 llamadas, un 47,4 por ciento más que en 2005, y casi 200 tuvieron la violencia sobre los niños como desgraciados protagonistas.

Los problemas más frecuentes atendidos desde el Defensor correspondieron a situaciones de riesgo (15,18 por ciento), maltrato entre iguales (2,85 por ciento) y diferentes tipos de maltrato (21,06 por ciento). Entre estos últimos, más de la mitad de los consultantes denunciaron acoso escolar. Le siguieron las llamadas por maltrato sexual, donde el Defensor volvió a constatar las denuncias "presentadas por madres separadas o divorciadas que tenían serias sospechas de que su hijo o hija pudiera ser objeto de tocamientos o abusos deshonestos por parte del padre", según expone en el Informe del Menor de 2006 elaborado por la institución que dirige José Chamizo.

El maltrato físico también acaparó un significativo número de denuncias, interpuestas por algún adolescente que aseguró haber recibido este tipo de agresión por parte de sus padres. La solidaridad social también intervino y se registraron denuncias de ciudadanos sobre padres que maltrataban físicamente a sus hijos.

El uso del teléfono de las instituciones para pedir ayuda no es nuevo y, cada año, el maltrato acapara el mayor número de llamadas. En 2005, el teléfono de Atención a la Infancia que gestiona la Junta de Andalucía proporcionó cifras similares: el 19,8 por ciento, un total de 767 llamadas, se realizaron para denunciar posibles casos de malos tratos a menores. De éstas, 390 fueron por violencia física y y 388 por maltrato emocional.

Los procesos de separación, divorcio, derechos de visitas, llamadas de familiares por retiradas de menores o adopciones internacionales son también objeto de consulta. Tras los casos de maltrato, los conflictos derivados de las relaciones familiares representaron el ámbito que originó más llamadas el Teléfono del Menor del Defensor.

En este sub-grupo, indica el informe, "el 94 por ciento de los problemas planteados derivaron de litigios judiciales sobre las familias, en el que los hijos del matrimonio se vieron afectados en mayor o menor grado". Aunque de manera poco significativa, se atendieron consultas sobre recursos de la Administración pública para intervenir en casos de conflictos intra-familiares, como los puntos de encuentro familiar.

La educación se erigió en otro de los problemas que motivaron mayor número de llamadas en 2006. Los temas más consultados fueron sobre el procedimiento de escolarización, supuestas irregularidades en la baremación de la solicitud de escolarización o desacuerdos con el método educativo empleado por el personal educativo.

Temas relacionados con la salud -entre ellos, la drogodependencia- y la Justicia -sobre todo, responsabilidad penal de los menores- completaron las áreas más demandadas de asesoramiento.

Muy escasas fueron las consultas al Teléfono del Menor sobre los derechos personales de los menores (intimidad, honor y propia imagen), aproximadamente el uno por ciento respecto del total de las consultas realizadas. En concreto, el Defensor asesoró a unos padres que denunciaban la emisión en una televisión local de imágenes de menores sin su consentimiento.

Los menores adolescentes, para quienes Chamizo solicita un órgano específico dentro de la Administración que atienda sus problemas, son sujetos, y muchas veces actores, de violencia. Los padres, ya habiendo agotado todos los recursos del sistema, llamaron a este recurso porque sus hijos eran protagonistas de conductas violentas y desjustadas con la familia, en el colegio o en el entorno social. Las agresiones de pandillas acapararon el mayor número de denuncias al Teléfono del Menor del Defensor del Pueblo andaluz.

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