El Defensor pide un plan urgente para salvar la ley de dependencia

Coincidencia o no, a la misma hora en la que el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, presumía ayer del liderazgo de la Junta en la aplicación de la ley de dependencia, el Defensor del Pueblo andaluz en funciones, José Chamizo, comunicaba en su página web una serie de actuaciones para reclamar acciones del Ejecutivo andaluz que eviten la "defunción" del sistema provocada por las decisiones del Gobierno central de Mariano Rajoy.

La ofensiva del Defensor incluyó una denuncia, un pronunciamiento y una propuesta de actuación, acompañada de una intervención del propio Chamizo en un videoblog. Todo para dar respuesta a las numerosas quejas y denuncias recibidas en la oficina que han llevado al Defensor a iniciar una actuación de oficio ante la Consejería de Salud y Bienestar Social.

En opinión de Chamizo, el "deterioro" de la ley provocado por las decisiones del Gobierno central no ha encontrado la defensa esperada de la Junta "más allá de las enérgicas protestas", pero "sin una respuesta proactiva dirigida a salvaguardar los logros del sistema en Andalucía". De hecho, subraya que en la comunidad hay una "parálisis" desde junio de 2012, hace diez meses, y pone en evidencia algunas de las actuaciones (desconocidas muchas de ellas) que ha llevado a cabo la Administración andaluza en los últimos tiempos.

Por ejemplo, el Defensor expone que "desde hace seis meses ninguna persona solicitante, reconocida o no como dependiente en algún grado, ha accedido al sistema, salvo en situaciones excepcionales de urgencia, aumentando así las personas fallecidas sin haber adquirido el derecho". Como consecuencia de ello, han aparecido situaciones "insólitas", como "la existencia de plazas vacantes en residencias y centros de día, una menor demanda de la ayuda a domicilio y un grave y en ocasiones irreversible problema laboral y económico de los trabajadores del sector".

Y otra novedad igual de grave: el Defensor denuncia que la Junta está haciendo "en gran número" revisiones de oficio con las que están aminorando el grado de dependencia reconocido.

Las quejas que llegan a la Oficina "van más allá del sentimiento de indignación, impotencia y enfado para centrarse en la idea de injusticia y en una petición de sinceridad y claridad a quienes ostentan la responsabilidad", expone Chamizo en su informe.

Otra de las denuncias se refiere al incumplimiento de las obligaciones de pago respecto de las deudas reconocidas. El Defensor anota que tampoco se ha cumplido la anualidad prevista para marzo de 2013. La Consejería remitió respuesta el 2 de abril en el que repite el argumento de los recortes de financiación del Gobierno y alude a problemas de Tesorería.

El Defensor se desespera y resume: "la situación es la siguiente: no se contraen nuevas obligaciones, al no entrar nuevos dependientes en el sistema; menguan los costes financieros derivados de las prestaciones y servicios del sistema, al estarse produciendo una revisión de oficio del grado de dependencia y se está produciendo un incumplimiento de las obligaciones de pago respecto de las deudas ya reconocidas a favor de dependientes". También reprocha el enfoque de dar pagas económicas, una opción a la que se abona la Junta. Chamizo critica que es un "subsidio" familiar que lastra la libertad de los cuidadores, mujeres en su amplia mayoría, y la creación de empleo.

Por todo ello, el Defensor propone a la Junta, en primer lugar, que propicie el desarrollo y mantenga los servicios de ayuda a domicilio y de los centros de día ante el "más estéril y retrógrado" de las pagas. También que reconozca la teleasistencia como servicio de proximidad.

En segundo lugar, la institución pide a la Junta que regule por ley un nivel mínimo para mantener la tasa de reposición, es decir, que cuando fallezca un dependiente, entre otro. Reclama una iniciativa autonómica para que se traslade esta petición al Gobierno.

Y por último exige a la Junta un plan especial de financiación para afrontar el pago de las deudas, incluidas el abono de los atrasos a las asociaciones. Un plan de urgencia, en definitiva, para no dejar morir la ley de dependencia.