Cultura dotará la ley de Memoria Histórica y no la derogará hasta que no haya Ley de Concordia

El PP abrió ayer la puerta a derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática para después impulsar una Ley de Concordia, pero, si llega a producirse, ese proceso no será ni mucho menos inmediato. Fuentes de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico han garantizado que, no sólo piensa acatar la norma aprobada en 2017 -con la abstención de PP y Ciudadanos-, sino que tendrá dotación presupuestaria en las cuentas que está elaborando el titular de Hacienda, Juan Bravo, para este año 2019.

Esa necesidad de financiar las políticas de memoria es una de las peticiones incluidas por el PSOE en una moción, que será aprobada solo en parte esta tarde, pero que ha provocado un bronco debate marcado por las protestas de la izquierda ante el discurso del diputado de Vox Benito Morillo, que ha calificado de "buscadores de huesos" a determinadas asociaciones memorialistas.

Ciudadanos y el PP han afeado desde la tribuna las "prisas" que se dan ahora los socialistas en el desarrollo legislativo de una norma aprobada hace casi dos años, pero que tuvo un impulso limitado por parte del Gobierno socialista. Los populares opinan que, con esta moción, los socialistas consiguen elevar el tono del debate, algo que beneficia a al partido de Santiago Abascal en su estrategia mediática.

El nuevo Ejecutivo, como mínimo, dará un tratamiento similar a una norma con la que, según han dicho, no están del todo de acuerdo, pero que no piensan modificar si no hay consenso en la Cámara. La propia consejera, Patricia del Pozo, ha sugerido incluso la puesta en marcha de un grupo de trabajo que haga posible acercar posturas para no cambiar una ley "de una mayoría" por la de "otra mayoría".

Populares y naranjas están en contra de la parte de la ley relacionada con la educación y la enseñanza de la memoria histórica de la Cámara, por considerarla revisionista. Tampoco les gustan las críticas a la Ley de Amnistía de 1977 ni la extensión del periodo de actuación de la Ley hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía.

Sí defienden la búsqueda de los restos de los represaliados y otras propuestas como el registro de los lugares de memoria y, aseguran, están de acuerdo con los principios de justicia y reparación para las víctimas de la Guerra Civil y la posterior dictadura de Francisco Franco. De hecho, en los presupuestos que se están elaborando habrá dinero para esta labor. Sin embargo, Del Pozo no quiere dar ningún paso sin antes convocar al Consejo Andaluz de Memoria Histórica, algo que hará de forma inminente, para decidir cuales serán las prioridades en la materia.

A pesar de esta situación, el departamento que dirige Patricia del Pozo no va a trabajar en la derogación inmediata de la polémica norma. Lo que no está claro es de dónde partirá el impulso normativode esa Ley de Concordia que Vox exige en virtud al acuerdo de investidura de Juanma Moreno. Ayer, el portavoz de la formación, Alejandro Hernández, afeó al PP que permitiese la aprobación en el Parlamento de una iniciativa encaminada a implantar en las aulas andaluzas el currículum de Memoria Histórica.

Corresponderá al PP desarrollar el punto 33 de su pacto con Vox, el que alude al cambio de la norma actual para convertirla en la Ley de Concordia. A pesar de que la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, la que tiene las competencias en la materia, está bajo el control del PP, Patricia del Pozo prefiere que el impulso de la nueva ley llegue desde los grupos parlamentarios. Sin embargo, los socios naranjas del Gobierno no mostrarán demasiado interés por colaborar en esta iniciativa. Mucho menos PSOE y Adelante.