Construcción: muy tocada pero no hundida

Susana Díaz anuncia el rescate de la construcción. El titular provoca un lógico revuelo mediático. El sector más denostado, el señalado como culpable de la crisis, es ahora un ave fénix al que hay que ayudar a renacer de sus cenizas. La clave de ese afán de reactivación está en que muchos de los parados andaluces -600.000, según la Junta, aunque el Instituto Nacional de Estadística indica que son unos 400.000- proceden de esta actividad. Son gente sin una especial formación, difícil de reciclar, y ningún sector es capaz por ahora de absorber, ni siquiera en parte, esta cantidad. Sólo la construcción. Ese es el argumento de los que llevan años defendiendo el renacimiento del sector, carro al que ahora se apunta la Junta de Andalucía. "Es imposible salir de la crisis sin la construcción", sentencia Emilio Corbacho, secretario general de la asociación de constructores Fadeco. "O se acude a ella, o la situación no mejorará".

Se busca un punto medio entre el boom desordenado y las ruinas de la crisis (la Junta lo ha llamado "construcción sostenible"). Y es que no sólo se han destruido cientos de miles de empleos. También han desaparecido más de 30.000 empresas, la licitación pública ha pasado de los casi 7.000 millones de 2008 a los apenas 900 de 2012, y el peso del sector en su conjunto en el PIB andaluz ha pasado del 15% de hace cinco años a apenas el 9% en 2012. Además, la construcción de viviendas ha caído un 80% y el precio un 30%.

Más allá de la estadística, algunos de los trasatlánticos andaluces que lideraron el boom han caído, otros se han declarado en suspensión de pagos y todos, sin excepción, han tenido que reducir su tamaño, a veces al mínimo posible. Entre las liquidaciones destaca la cordobesa Noriega, del grupo Sánchez Ramade. La promotora llegó a construir, hasta 2010, 14.000 viviendas, y se extendió por Extremadura, Valencia y Madrid. Pidió el concurso en noviembre de 2010 y dos años después el juez ordenó su liquidación al no completar un acuerdo de refinanciación con la banca de una deuda que entonces se valoró en 1.015 millones. Un caso similar, de mucha menor dimensión, fue el de la onubense Rafael Morales, una sociedad familiar fundada en 1948 que no resistió la crisis. En 2009 logró refinanciar una deuda de 90 millones, pero un año después entró en suspensión de pagos y otros dos años más tarde en liquidación. Y ello a pesar de los intentos de diversificar apostando por las renovables. Igual ocurrió con la sevillana Azagra, que fue propiedad durante muchos años de la familia sevillana Zulategui y que fue adquirida en 2009 por una empresa vinculada a Ángel de Cabo, especializado en la compra de firmas en crisis para trocearlas y venderlas (Marsans, por ejemplo). En 2012, la firma, con 300 millones de deuda, pidió su liquidación.

El caso más reciente de empresa que cierra es la también sevillana Novaindes. Fundada por la familia San José, dueña de la constructora del mismo nombre, ha terminado sucumbiendo con una deuda de 240 millones, tras quedar paralizadas algunas promociones en zonas muy cotizadas de la capital hispalense. El juzgado inició el proceso de liquidación a finales de enero.

Lo cierto es que las liquidaciones, al menos a gran escala, no han sido muy frecuentes, y sí los concursos de acreedores (antigua suspensión de pagos). El más sonado es el de Aifos, propiedad del ingeniero de origen soriano Jesús Ruiz, que entró en concurso en 2009 con una deuda de 1.000 millones de euros y todavía sigue en él. El proceso va para largo: los acreedores son más de 5.000, muchos de ellos sin localizar, y otros muchos con sus viviendas sin terminar; y Ruiz se ha enfrascado en una guerra judicial con algunos bancos por cortarle la financiación. A este cóctel se le añade que el máximo accionista fue condenado a tres años de cárcel por blanqueo de capitales, en el marco del caso Malaya. Aifos llegó a tener 2.000 empleados pero en la fecha en que se declaró el concurso apenas eran 150.

Otras firmas, ni mucho menos de la dimensión de Aifos, siguen también en concurso. Gea 21, dedicada a obra civil y participada por once constructoras, entró en suspensión de pagos el año pasado con un pasivo de 90 millones, acuciada por los impagos de las administraciones, entre ellos, por ejemplo, el del tranvía de Jaén. La sevillana Detea tampoco logró evitar el trance y solicitó concurso en 2012 para tres de sus empresas, con un ERE incluido que afectaba a 120 personas, la mitad de la plantilla. Igual que Gea 21, la firma denunciaba impagos por 40 millones por parte de las administraciones.

Aunque dicen las estadísticas que en el 96% de los casos el concurso de acreedores termina en liquidación, hay casos de éxito. El buque insignia en Granada, Garasa-Esñeco, fue la segunda gran constructora, tras Aifos, en suspender pagos, a finales de 2009. Y dos años después la mayoría de los acreedores le perdonaron el 60% del pasivo, de 80 millones. Construcciones Vera -una de las firmas de siempre de Málaga, encabezada por Francisco Vera- también logró el plácet de sus deudores, con una quita del 45% de una deuda de 76,5 millones.

Vera y Garasa no son las de antes, pero al menos sobreviven. Igual que otras muchas, que a pesar del ambiente hostil para la construcción no han entrado en concurso. La cordobesa Prasa, propiedad de José Romero, es un gigante que en 2009 tenía una deuda de 2.000 millones, admitida por la propia compañía. Los últimos años han sido una carrera constante para reducirla y evitar el concurso: negociaciones con los bancos para refinanciarla, reducción del capital en 100 millones para absorber pérdidas, venta de parte de su sede central, reclamación de 200 millones al empresario Joaquín Rivero por Fraude, venta de sus participaciones en la inmobiliaria francesa Gecina... Otras no han necesitado desinvertir, o al menos en esa medida. Insur, la única cotizada, logró mantener el beneficio año hasta el año 2011 y tras un 2012 difícil ha vuelto a la senda positiva en 2013. Y ello lo ha conseguido con promociones nuevas activas y reduciendo la deuda casi en 50 millones entre 2010 y 2012.

La sevillana Azvi y la malagueña Sando -que refinanció su deuda para reducirla en 361 millones- aparecen como ejemplos de diversificación geográfica, la primera con fuerte implantación en Chile y la segunda en Polonia. La presencia exterior, y también la especialización en concesiones, en obra ferroviaria (el caso de Azvi) y medio ambiente (el de Sando) han servido de válvula de escape a estas compañías. También siguen ahí, entre otras, inmobiliaria Osuna, Martín Casillas, Miramar, Edipsa, Jicar y García Arrabal. Muchas de ellas son empresas locales que no se endeudan alocadamente y van promoción a promoción. Aunque están al mínimo, siguen ahí. Igual que otras 54.000 empresas (según el INE) que aún esperan a ver la luz al final del túnel.