El Consejo de Transparencia recibe las competencias en protección de datos

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ya está completo. En su tercer año de funcionamiento, el organismo dirigido por Manuel Medina Guerrero recibirá las competencias en materia de protección de datos, después de que el Consejo de Gobierno aprobase esta mañana un decreto para que se cumpla el objetivo con el cual se creó esta entidad independiente mediante la Ley de Transparencia de 2014.

Con las nuevas competencias activas va aparejada una nueva relación de puestos de trabajo (RPT) que se traducirá en la incorporación de alrededor de 20 nuevos funcionarios a un organismo aquejado, según reconoció el propio Manuel Medina en su memoria del año 2017, por una falta de personal que dificultaba su labor. La incorporación se estos trabajadores se hará “sin dilación”, han explicado desde el Consejo de Transparencia.

Las nuevas competencias llegan al organismo autonómico desde la Agencia Española de Protección de Datos después de que se haya adaptado al nuevo reglamento en protección de datos de la Unión Europea, el RGPD, que entró en vigor el pasado 25 de mayo. Ahora, el Consejo de Transparencia se encargará también de garantizar la protección de datos de carácter personal que manejan la Junta y los ayutamientos andaluces, así como las universidades públicas de la región y otros organismos públicos.

Después del acuerdo aprobado ayer en el Consejo de Gobierno, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía se convierte en el primero del país que aúna ambas competencias, siguiendo el modelo europeo que ya se utiliza en Alemania y el Reino Unido, por ejemplo.

El organismo que dirigen Manuel Medina se encargará de garantizar que las entidades públicas andaluzas han incorporado la obligatoriedad del consentimiento inequívoco en sus comunicaciones con los ciudadanos, es decir, que no pueden obtener los datos de ninguna persona que sin que haya dado su permiso expreso.

También se refuerza el poder sancionador del Consejo de Transparencia, que puede imponer multas de hasta 200.000 euros o, si se trata de una empresa, alcanzar cuantías equivalentes al 4% del volumen de negocio del ejercicio anterior.