El Consejo de Participación de Doñana examina este lunes el acuerdo entre Junta y Gobierno
Medio ambiente
El Pleno del consejo se reúne por primera vez después de que el pasado 27 de noviembre Juanma Moreno y Teresa Ribera firmaran el Acuerdo por Doñana, que comprometía una inversión de 1.400 millones en la zona
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El Pleno del Consejo de Participación de Doñana analizará este lunes, en sesión ordinaria, el acuerdo alcanzado entre Junta de Andalucía y Gobierno central sobre medidas para el Parque Nacional. Así lo recoge la convocatoria del pleno, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que, además, se analizará otros informes.
De este modo, el Pleno del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, que comenzará a las 15,30 horas en primera convocatoria, y se reunirá en el Centro Internacional de Estudios, Convenciones Ecológicas y Medio Ambiente (Ciecema), se reúne por primera vez después de que el pasado 27 de noviembre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, firmaran un Acuerdo por Doñana con el que se da un paso adelante "muy importante" en la protección de este Parque Nacional y "también en las oportunidades de futuro de la comarca".
Así, durante el Consejo, como ha confirmado el portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, se analizarán "de forma pormenorizada" todas las aportaciones ciudadanas y alegaciones efectuadas al acuerdo por Doñana pactado con el Ministerio para la Transición Ecológica una vez que este viernes finalizar su plazo de exposición pública.
"No hemos querido convocar el Consejo de Participación hasta que ese plazo expirara, parecía razonable ir al consejo con toda la aportación ciudadana ya realizada", ha valorado el consejero en declaraciones a los medios en Almería, donde ha puntualizado que las alegaciones se examinarán de forma conjunta dentro del "ejemplo de colaboración institucional" que se quiere trasladar por ambas instituciones.
Por su parte, tras la firma, el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, se mostró "esperanzado" por el acuerdo sobre el Parque Nacional, aunque avanzó que "había que estudiarlo". No obstante, subrayó que "casi seguro" que el consejo "lo juzgará muy positivamente", aunque "haya cosas que gusten más y otras menos".
Al respecto, reiteró que el Consejo de Participación, tenía que estudiarlo por lo que tenía "que tener una reunión enseguida", asumiendo así "el compromiso que habíamos adquirido, que era informar enseguida cuando hubiera un acuerdo", reunión que tendrá lugar finalmente este lunes.
Acuerdo de Doñana
El acuerdo de Doñana, según han indicado ambas partes, beneficiará no solo a los cinco municipios de la Corona Forestal, sino a los 14 municipios del área de influencia de Doñana, por ello, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España se comprometen a invertir más de 1.400 millones en Doñana y su entorno, en medidas destinadas a proteger este Parque y fomentar la agricultura, la pesca, la ganadería, la industria, la artesanía, las energías renovables y las obras hidráulicas.
Además, el acuerdo recoge que el Gobierno andaluz impulsará obras hidráulicas por valor de 335 millones en depuración, abastecimiento y embalses y destinará 251 millones de fondos europeos a la agricultura y ganadería para modernizar explotaciones, diversificar la producción o mejorar la comercialización.
Proposición de ley
El acuerdo entre Junta y Gobierno central por Doñana ha sido posible después de meses de tensión entre ambas administración a cuenta de la Proposición No de Ley que tanto PP como Vox presentaron para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos municipales onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Propuesta a la que tanto el PSOE como el ejecutivo de la nación, además de organización ecologistas y sociales se opusieron a la misma.
Aunque en la pasada legislatura -en enero de 2022- ya se registró una Proposición de Ley, el 3 de marzo, PP y Vox volvieron a presentarla con el objetivo de que terrenos que eran de regadío antes del Plan de Ordenación de 2014 sean considerados como tales dentro de las zonas B y C, zonas de una menor protección ambiental y que en 2014 se describieron, respectivamente, como "los espacios agrícolas intersticiales de la zona A" y "los terrenos no incluidos en las zonas anteriores".
Finalmente, tras meses de debate, la proposición fue aprobada por la comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento andaluz en el mes de septiembre con los doce votos a favor de PP-A y Vox, y el rechazo de los siete representantes del PSOE-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía.
Tras este paso, el parlamento fijó para el mes de septiembre el debate final de la PNL, pero fue retrasado al mes de octubre por su coincidencia con el Debate de Investidura de Alberto Feijóo.
Sin embargo, el pasado 3 de octubre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la por entonces vicepresidenta tercera en funciones, Teresa Ribera, mantuvieron un encuentro en Sevilla, tras el cual anunciaron la apertura de una vía de diálogo y se dieron un mes para alcanzar un acuerdo. Este principio de acuerdo estaba vinculado con un aplazamiento del inminente debate final de la proposición de ley, pero si el acuerdo no se alcanzaba, la propuesta continuaría su tramitación y sería aprobada a finales de octubre.
Finalmente, tras más de un mes de reuniones entre ambas partes, el pasado 27 de noviembre Moreno y Ribera sellaban el acuerdo por Doñana, que conllevó, además, la retirada de la PNL.
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