La Consejería de Salud, bajo control de Juanma Moreno

Marifrán Carazo se despedirá como consejera de Fomento el último martes de marzo, en un Consejo de Gobierno que se celebrará en Granada, ciudad donde la dirigente saliente se presenta a las elecciones municipales del 28 de mayo. Será el único cambio que acometa Juanma Moreno, siempre reacio a las mudanzas en las consejerías. Lo que no significa que no haya departamentos que preocupen, de modo especial, al presidente de la Junta. Es el caso de la Consejería de Salud, que tuvo que modificar el 9 de marzo una orden publicada el día 3, y que volverá a ser corregida para impedir que las empresas privadas con las que el SAS concierte sus servicios puedan utilizar quirófanos e instalaciones del propio servicio público.

Es posible que esta semana Pedro Sánchez también comunique cuáles son los nuevos ministros de Sanidad y de Industria, ya que Carolina Darias y Reyes Maroto también se presentan a las municipales. Sánchez ha nombrado más de 40 ministros en sus cinco años de mandato. No es el caso de Moreno. Si no fuera así, si el presidente de la Junta fuera ligero en sus nombramientos, Jesús Aguirre no hubiera terminado la legislatura como consejero de Salud, la crisis de la listeriosis -anterior a la pandemia de Covid- se lo hubiese llevado por delante, tal como querían algunos notables del PP. No obstante, Salud estuvo "monotorizada" por Juanma Moreno durante buena parte del mandato, según explican fuentes del Gobierno andaluz. Casi como ahora.

Juanma Moreno llegó a intervenir el departamento que más le preocupó a causa de la pandemia. Presidió muchas reuniones de su consejo de dirección, lo que explica, en parte, la inesperada salida de Jesús Aguirre con el cambio de la legislatura. Pero, ahora, lo que preocupa en el Gobierno es el flanco político de la Consejería. Justo cuando el PSOE y Por Andalucía redoblaban sus críticas por las supuestas privatizaciones en el SAS, la consejera publicó una orden que daba la apariencia de realidad a las denuncias de la izquierda.

Fue desde el palacio de San Telmo desde donde se ordenó a la consejera, Catalina García, una primera rectificación de la orden de tarifas de conciertos del SAS. se materializó el 9 de marzo, pero aún habrá otra como consecuencia del pacto por la Atención Primaria que Moreno quiere cerrar con los sindicatos antes de las elecciones municipales. Dos correcciones de tal rango serían demasiados para cualquier político que ha defendido con tanta pasión el texto inicial, pero a Moreno no le gustan los cambios y Catalina García aún está en tiempo de rodaje.

El futuro pacto por la Atención Primaria es el núcleo del acuerdo económico y social que Juanma Moreno firmó el lunes pasado en San Telmo con las dos secretarias generales de CCOO y UGT, Nuria López y Carmen Castilla, respectivamente. En plena polémica por la orden de tarificación del SAS y por la laxitud en la concesión de servicios a clínicas privadas, las líderes sindicales venían a darle un respaldo al presidente de la Junta en uno de los asuntos a los que está más expuesto. Nuria López llegó a sostener que, con este acuerdo, se blindaría la Atención Primaria en Andalucía, aunque eso le costó la incoherencia de mantener las protestas sindicales que tuvieron lugar ante la sede del SAS en Sevilla tres días después.

La manifestación no ha sentado bien a una parte del Gobierno andaluz, donde se admite que Juanma Moreno ha tenido que pagar un precio político por alcanzar el acuerdo. También Nuria López asume el riesgo, aunque la sindicalista entiende que, si hay una ventana para una mejoría de la sanidad pública, su obligación es abrirla, aunque eso suponga un pacto con el PP.

A Juanma Moreno le habría gustado que no se produjesen las manifestaciones sindicales de esta semana, pero el viernes 10 de marzo se celebró una reunión del SAS con los sindicatos que no dio los resultados requeridos. "Salió fatal", apuntas fuentes sindicales. De este modo, el pacto social que el presidente firmó con UGT y CCOO supone un compromiso de la Junta para una segunda rectificación de la orden y una garantía de que el Gobierno andaluz no esconde intenciones.

Dicho texto deja abierta la opción de que empresas privadas utilicen los quirófanos e instalaciones del SAS para conciertos y convenios. Bastaría, según la orden, que se hicieran constar "las razones objetivas que lo motivan". "A tal efecto -se lee-, la Consejería con competencias en materia de salud podrá determinar las tarifas para la realización de procedimientos quirúrgicos y diagnósticos en instalaciones propias de la Administración, haciendo constar las razones objetivas que lo motivan".

Uno de los problemas que tendrá el pacto de la Atención Primaria es que ni UGT ni CCOO son mayoritarios en el colectivo de sanitarios. El Gobierno andaluz, que ha puesto al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, al frente de todo lo relacionado con el diálogo social, tiene que pactarlo con Satse, el sindicato mayoritario en enfermería, y con el Sindicato Médico, antiguo aliado del PP, además de con el CSIF. Todas las organizaciones piden la retirada de la orden. El Sindicato Médico mantiene, de momento, la huelga prevista para el 12 de abril, que es el día de la Atención Primaria.

Abril es el mes en el que el Gobierno andaluz quiere cerrar el acuerdo. Antes, de las elecciones municipales del 28 de mayo. Para entonces, habrá otra titular en la Consejería de Fomento. Con Juanma Moreno, lo único casi seguro que se puede adelantar es que será mujer y granadina, y entre las favoritas se encuentran Rocío Díaz, la gerente de la Alhambra y Concha de Santa Ana, gerente de la Fundación Tres Culturas.