El Congreso rechaza delegar en la Junta las competencias del Guadalquivir

Madrid/El Pleno del Congreso ha rechazado, con los votos en contra del PP y de UPyD, la toma en consideración de una proposición de ley del Parlamento de Andalucía que reclama la delegación de competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren por la región a la Junta. El debate, bronco en varias ocasiones con alusiones a la corrupción, a la gestión del PSOE en Andalucía o al seguidismo del PP de esta comunidad a las directrices nacionales, se ha iniciado con la exposición de los tres diputados autonómicos Jose Antonio Castro (IU), Mario Jiménez (PSOE) y Carolina González (PP).

Los dos primeros han defendido el carácter netamente andaluz del Guadalquivir, que conforma y vertebra a la comunidad, así como que la gestión de proximidad mejora la eficacia y el consenso logrado en Andalucía para presentar esta propuesta. También han coincidido en que las competencias estatales están salvaguardadas, así como la unidad de cuenca y han destacado el consenso y la cooperación entre administraciones que produce esta iniciativa.

La diputada autonómica del PP ha recordado que fueron dos presidentes socialistas regionales, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Bono, los que recurrieron la reforma del Estatuto andaluz, que incluía la gestión de río, y que el anterior presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y el de Andalucía, José Antonio Griñán, no llegaron a un acuerdo sobre esa gestión. Ha dicho que el discurso de su partido en este asunto ha sido el mismo "desde el principio hasta el final"; ha calificado de fracaso la gestión que ha ejercido la Junta durante tres años y ha recordado que en la tramitación sobre este asunto en el Parlamento andaluz en algunas cuestiones se han abstenido o votado en contra.

La proposición plantea aplicar el artículo 150.1 de la Constitución para habilitar los instrumentos de coordinación entre las administraciones central y autonómica de delegación de competencias. Entre las competencias que se propone delegar a Andalucía, destacan las relativas a concesiones de recursos hídricos; administración y gestión del registro de aguas y del censo de vertidos autorizados; policía de aguas y cauces; autorizaciones de vertidos y de uso del dominio público hidráulico; procedimientos sancionadores; sistemas automáticos de información hidrológica; deslindes de cauces y cesiones de derecho al uso privativo de las aguas (en coordinación con la Administración central).

La diputada popular María Teresa de Lara ha aludido a la sentencia del Tribunal Constitucional, que dice que "no ha lugar" a la moción andaluza que el PP ha rechazado. Ha recordado que entre 2009 y 2011, cuando la Junta tuvo competencia sobre el Guadalquivir, la gestión del río no fue "seria", no estuvo "prevista ni planificada", ni fue llevada a cabo por el Gobierno andaluz sino por "cada provincia", que "quería gestionar con ojo miope" su parte del río.

María José Rodríguez, del PSOE, ha precisado que ellos siempre votarán a favor del autogobierno de Andalucía y ha valorado la gestión de la Junta sobre el Guadalquivir, al tiempo que ha alertado que no hay que confundir "la unidad con la uniformidad". Martí Barberá, de CiU, se ha mostrado extrañado porque el PP respaldara en Andalucía la propuesta, dada la "voluntad centralizadora" de este partido y ha considerado una excusa que se alude a la mala gestión que hacen las comunidades de las competencias.

El diputado de Izquierda Plural José Luis Centella ha dicho que el cambio de actitud del PP supone "dar con la puerta en las narices" a un acuerdo tomado por unanimidad en el Parlamento andaluz. Toni Cantó, de UPyD, ha precisado que el Tribunal Constitucional ya se opuso a la que se pretende con esta iniciativa y se ha referido a que se trata de una competencia exclusiva del Estado, al discurrir por más de una comunidad. El diputado del PNV Emilio Olabarría ha manifestado su disgusto por "la discordancia manifiesta" de los diputados autonómicos, que no facilita adherirse a la propuesta, pero "la falta de decoro y de calidad" en los argumentos -en referencia a la representante del PP- impulsan a su grupo "por empatía" a votar a favor.