La Comisión Europea reitera su preocupación por la propuesta de regadíos del entorno de Doñana

La Comisión Europea reitera su preocupación por la tramitación de la proposición de ley de ordenación de los regadíos del entorno de Doñana que se está llevando a cabo en el Parlamento andaluz. Lo ha hecho por medio de una respuesta al grupo socialista en el Parlamento Europeo, que planteó una serie de cuestiones tras conocerse la propuesta impulsada por PP, Ciudadanos y Vox que, a la postre, puede permitir un aumento de la superficie regable en el condado de Huelva.

La carta del comisario Virginijus Sinkevičius, fechada el 23 de marzo, insiste en los pronunciamientos previos realizados por el Ejecutivo comunitario en las últimas semanas sobre este polémico asunto. Bruselas centra su respuesta en la posible incidencia que la proposición de ley puede tener en sentencia emitida el pasado junio por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre los incumplimientos de España de las directivas de aguas y hábitats en el entorno protegido de Doñana.

"La Comisión ya ha advertido de que está dispuesta a utilizar todos los medios a su disposición como guardiana de los Tratados para garantizar la plena ejecución de la sentencia", reza la respuesta remitida a los eurodiputados Javi López, Cesar Luena, Clara Aguilera y Lina Gálvez. Esa postura ya fue adelantada a principios de febrero por la directora general de Medio Ambiente de la Comisión, Florika Fink Hooijer, que avanzó la posibilidad de una nueva denuncia ante el TJUE, lo que puede traducirse en multas para España si el texto aprobado en el Parlamento tiene incidencia en la conservación de Doñana.

Sinkevičius explica que la Comisión espera "aclaraciones" sobre la iniciativa, que está en proceso de participación de agentes sociales en la Cámara andaluza. La Dirección General de Medio Ambiente de la Junta ya ha contestado garantizando que la protección de Doñana prevalecerá sobre cualquier iniciativa legislativa. Y esa misma posición fue la que Carmen Crespo le trasladó al comisario de Medio Ambiente el pasado miércoles en la reunión que mantuvieron en Bruselas para tratar este asunto.

La tesis de la Junta pasa por afirmar que el texto está en proceso de elaboración y que, además, no es competencia del Ejecutivo andaluz. En cualquier caso, la Junta apuesta por superar el statu quo aprobado en 2014, el denominado plan de la corona norte forestal o plan de la fresa, para compatibilizar los usos agrícolas de la zona con la protección medioambiental. Para lograrlo, la prioridad del Gobierno autonómico es que se aceleren las infraestructuras que permitan la llegada de agua superficial al Condado de Huelva (tunel de San Silvestre y presa de Alcolea) para evitar que sigan esquilmándose los acuíferos que nutren el parque natural.

"La información disponible en este momento indica que la legislación propuesta puede ir en la dirección opuesta" al cumplimiento de la sentencia del TJUE, insiste la carta de Sinkevičius, que está fechada el mismo día que se produjo su reunión con Carmen Crespo en Bruselas. En dicho encuentro, el comisario de Medio Ambiente le trasladó a la consejera del ramo que las medidas adoptadas hasta ahora por España para acatar la sentencia del TJUE "no son suficientes".

La respuesta oficial de la Comisión sobre este encuentro no alude a la proposición de ley que se está tramitando en el Parlamento, pero sí hace una defensa del "valor excepcional de la naturaleza de Doñana". "Un nuevo deterioro del estado de las masas de agua subterránea", es decir, el acuífero que ya se ha declarado sobreexplotado, "puede tener efectos catastróficos para la conservación de los frágiles ecosistemas de los humedales de Doñana.

Los socialistas creen que la iniciativa debe retirarse

La polémica por la tramitación de esta ley no sólo ha generado dolores de cabeza en el Gobierno andaluz. El propio presidente Juanma Moreno admitió el martes que esta iniciativa "está desgastando" a su Ejecutivo. Pero los socialistas también han tenido problemas al respecto, ya que el PSOE se abstuvo en la tramitación del texto, según su líder regional, Juan Espadas, para lanzar un mensaje sobre la necesidad de solucionar el problema con diálogo.

Este posicionamiento choca, en cierto modo, con la petición de la eurodiputada socialista Lina Gálvez, que ha reclamado este viernes que se retire el texto "cuanto antes" por respeto "a la ley y a la integridad de nuestro patrimonio natural". Según Gálvez, que fue consejera del último Gobierno de Susana Díaz en la Junta, el intento de PP , Cs y Vox "de legalizar regadíos contraviene la ley y la obligación de preservar un bien de valor excepcional, reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad".