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La Comisión Europea desmiente la implicación del hijo de Planas en el caso de Doñana

Presentó una declaración de conflicto de intereses para evitar su participación

El ministro asegura que "a veces la política tiene momentos de intensa bajeza"

Antonio Sanz denuncia que la respuesta de la UE sobre Doñana "la escribe el hijo de Planas"

El ministro de Agricultura, Luis Planas, tras el Consejo de Ministros de esta semana.
O. L.

28 de abril 2023 - 12:22

Sevilla/La Comisión Europea ha desmentido la implicación del hijo del ministro de Agricultura, Luis Planas, asesor en la dirección general de Medio Ambiente, en el expediente relacionado con Doñana tras las acusaciones realizadas ayer mismo por el consejero de Presidencia, Antonio Sanz.

El propio ministro de Agricultura ha lamentado esta mañana que "a veces la política tenga momentos de inmensa bajeza" y ha rechazado las acusaciones.

"Me parece absolutamente lamentable porque, entre otras cosas, hay que mantener el respeto y, sobre todo, el respeto a la verdad; llevo toda la vida en política y jamás he utilizado un argumento personal", ha añadido el titular de Agricultura, quien ha asegurado que su hijo es "funcionario europeo por oposición desde hace ocho años", y "nada tiene que ver con el expediente de Doñana".

Según ha confirmado un portavoz de la Comisión, el funcionario en cuestión había revelado su situación personal en una declaración de conflicto de intereses, algo que se ha tenido en cuenta para evitar su implicación en el asunto de Doñana.

Las acusaciones las realizó Antonio Sanz, vinculadas a las vertidas también el pasado miércoles por el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, quien tachó a la Comisión y, en especial, al comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, tras reunirse con él, de comportamientos "partidistas" y de "hacer campaña" por Pedro Sánchez en relación al debate que ha generado la proposición de ley para regular regadíos en Doñana.

Bruselas ha reiterado que está cumpliendo su papel de gestionar un expediente sobre la base de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que obliga a proteger el humedal, además de confirmar que la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, con la que Weber comparte familia política, respalda las acciones de los miembros de su colegio.

La Comisión ha vuelto a defender que actúa como "guardián imparcial" de los tratados, y ha advertido ya en repetidas ocasiones de que la proposición de ley de la Junta de Andalucía para regularizar regadíos en Doñana puede "deteriorar" el humedal, ya que "parece ir en dirección contraria" a la sentencia del TJUE, aunque ha recordado también que las medidas adoptadas hasta ahora por España para garantizar su cumplimiento "no son suficientes, incluso sin contar con el probable impacto negativo de la legislación propuesta".

Por su parte, Luis Planas ha lamentado las críticas por parte del grupo popular a la Comisión europea. "No se si es ignorancia o mala fe, pero es lo nunca visto", ha alegado el ministro. "Desde luego, ignorancia del funcionamiento de la comisión, pero mala fe también y, sobre todo, una estrategia política que muestra a un PP que no tiene absolutamente ningún rumbo, ni sobre este tema ni sobre los demás", ha precisado.

Sobre la proposición en sí misma, Planas, ha asegurado que cada administración debe cumplir con sus competencias para "sancionar o cerrar" los regadíos ilegales en Doñana. "Habrá que hacer lo que corresponda, sanciones, cierre o lo que sea", pero "nadie está por encima de la ley".

Al ser preguntado por quién tiene que hacer que se cumpla esa ley, Planas ha asegurado que "cada uno dentro de su responsabilidad". "El Gobierno de España, evidentemente, el Seprona ha estado actuando y también la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y lo debería hacer, sin duda, el Gobierno andaluz dentro de sus competencias".

Para el titular de Agricultura, "el que renuncia al cumplimiento de la ley se sitúa fuera de ella", y ha expresado su confianza en que la Junta "proteja también la legalidad", y ha insistido que la "maniobra política del PP con el apoyo de Vox supone una puesta en riesgo de la reputación del sector", porque "no solo es ilegal, sino que es imposible"

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