Ecologistas señalan a la Junta por "legalizar" terrenos agrícolas y "amnistiar a infractores" en Doñana

Sevilla/Ecologistas en Acción y WWF han abonado la denuncia hecha esta mañana por el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, en la que aseguraba que el decreto de simplificación administrativa aprobado por la Junta de Andalucía, supone una vulneración del pacto alcanzado con el Gobierno central, el conocido como Acuerdo por Doñana, toda vez que se abre a modificar superficies forestales y revertirlas a suelo agrícola. Los primeros, apuntan a una superficie de entre 700 y 800 hectáreas de eucaliptos en el entorno de Doñana, mientras que los segundos alertan sobre el hecho de que supone una amnistía a quienes tengan abierto un expediente sancionador.

Ecologistas en Acción considera que la Junta comete "un ejemplo de libro de deslealtad institucional" después de que hace apenas tres meses "todos nos felicitamos por la firma del Acuerdo por Doñana porque recuperábamos el diálogo". El portavoz de la organización en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, ha indicado que "los hechos están demostrando que ese Acuerdo fue una farsa". "El decreto de simplificación no está enfocado a la eliminación de la burocracia absurda sino más bien, a allanar y eliminar los filtros a todo tipo de negocios sin participación ni transparencia", ha dicho Romero, añadiendo que "nunca pensaron en retirar la proposición de Ley de mejora de regadíos de la Corona Norte de Doñana".

En su opinión, en virtud a este decreto, "lo que están haciendo es lo mismo pero con otras fórmulas jurídicas. La Junta sabe que se no pueden modificar los suelos forestales a agrícolas porque se rebajarían las garantías ambientales y se vulneraría el principio de no regresión". "Están buscando además de las compensaciones de hasta 100.000 euros por la retirada de una hectárea de regadío, aumentar la superficie agrícola de riego, es decir las especies de ciclo corto como los eucaliptos, entre unas 700 y 800 hectáreas ubicadas principalmente en los términos de Lucena y Moguer pasarían automáticamente a suelo agrícolas regables".

Para Romero, "lo triste es que están liquidando lentamente al Consejo de Participación de Doñana por falta de participación y por falta de transparencia y, por todo, ello esperamos que la oposición lleve este tema al Tribunal Constitucional".

Por su parte, WWF alerta de que "con la excusa de la adaptación de la normativa andaluza a la estatal, aplica la retroactividad a la misma, sin justificación técnica ni participación pública alguna". La organización denuncia que los terrenos "que han sido transformados ilegalmente de forestal de turno corto a agrícola, serán amnistiados y el suelo será considerado como agrícola en lugar de ser restaurado, pudiendo seguir desarrollando su actividad hasta hoy considerada ilegal" y aquellos "que actualmente tengan abierto expediente sancionador podrían reclamar el archivo del mismo y esquivar la sanción, puesto que tendrían consideración de agrícola".

A su juicio, el decreto de simplificación "cuya necesidad y urgencia es totalmente cuestionable" esquiva "la participación pública y los informes técnicos pertinentes, por lo que se desconoce completamente en este momento el número de hectáreas forestales que se verán afectadas, su actual estado, su importancia para Doñana. Para ellos su entrada en vigor "tendrá como consecuencia una disminución del terreno forestal protegido de Doñana. Asimismo, supone una amnistía en toda regla para las transformaciones ocurridas en determinados suelos forestales que fueron convertidos ilegalmente en suelos agrícolas, así como la materialización por la vía del Decreto-Ley de algunos de los compromisos recogidos en la Ley de Regadíos de Doñana promovida por el PP, con la que se pretendía conceder una amnistía a los agricultores ilegales de Doñana, que aún no ha sido oficialmente retirada del Parlamento de Andalucía, y que ya incluía esta misma modificación".

Por todo ello, considera que "esta nueva maniobra para amnistiar a gran parte de los agricultores ilegales de Doñana supone un ataque directo al Pacto de Doñana firmado el pasado mes de noviembre entre la vicepresidenta tercera del Gobierno y el presidente de la Junta de y por el que este se comprometió públicamente a la retirada definitiva de la Ley de Regadíos y el Gobierno de la nación a invertir 706 millones de euros en la restauración ecológica y el desarrollo sostenible en el entorno de Doñana". Como conclusión, WWF cree que se daña "la credibilidad del Pacto de Doñana que había sido presentado a la Comisión Europea. De hecho, si la Junta mantiene la retroactividad de esta norma los ilegales habrán ganado el pulso al Estado de derecho en Doñana".