Chaves sostiene ante el Supremo que "nunca" conoció los reparos de la Intervención

Ni conoció ni fue advertido de las irregularidades de los ERE y tampoco las hubiera permitido en caso de saberlo. De esta forma puede resumirse la declaración que el ex presidente de la Junta Manuel Chaves ha prestado este martes ante el Tribunal Supremo, donde ha respondido por espacio de unas dos horas y media a las preguntas del instructor y de los fiscales. En contra de lo que sostiene la juez Alaya en su última resolución, en la que extiende el sistema que considera fraudulento a todas las empresas públicas de la Junta y asegura que el Gobierno andaluz “menospreció” los informes de la Intervención alertando de las irregularidades, el ex presidente andaluz ha defendido que “nunca” conoció esos reparos ni fue advertido de posibles irregularidades.

El ex presidente de la Junta asegura en su declaración que “no conocía nada” de las transferencias de financiación al IFA de 2000 y 2001 en relación con las ayudas sociolaborales y el convenio marco de julio de 2001, puesto que lo ha conocido “con posterioridad al preparar su declaración” ante la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía. Chaves ha dicho en su comparecencia que su hubiera conocido el convenio y alguien le hubiera “advertido de su ilegalidad, hubiera acordado su modificación”, aunque ha señalado que estima que las transferencias de financiación “eran legales”.

Dice Chaves que los convenios de las ayudas “no pasaban” por el Consejo de Gobierno, lo que le lleva a defender que “no lo conoció y no podía conocer el procedimiento”.

El ex presidente explica además que conocía las transferencias de financiación, en su calidad de ministro de Trabajo, y también en relación con la partida 31L de la Junta –conocida como el fondo de reptiles-, pero aclara que en el Consejo de Gobierno no se discuten partidas sino “capítulos y las necesidades para cada una de las Consejerías; veían las cantidades globales que iban a cada una de las Consejerías”, tenían conocimiento del “cuadro macroeconómico” que incluye previsiones para el año siguiente y “se discutía el estado de los ingresos” y posteriormente se distribuían los ingresos entre todas las consejerías en virtud de “criterios políticos y programa de Gobierno”. Chaves alega que “nadie impugnó la partida 31L”, que fue debatida y enmendada en varias ocasiones.

Sólo tenía conocimiento de las transferencias cuando los Presupuestos de la Junta llegaban al Consejo de Gobierno, ha dicho el ex presidente, que ha defendido que los Presupuestos eran elevados al Consejo “con todos los informes necesarios y cumpliendo todos los requisitos en cuanto a preparación e, incluso, el dictamen del Consejo Consultivo”. “Si el presupuesto le llega con todas las bendiciones y todos los dictámenes lo tiene que aprobar”.

El diputado socialista ha aseverado asimismo que los Presupuestos se aprobaban en el Consejo de Gobierno “con la convicción de que cumplían todos los requisitos legales y cumplían todas las normas”, una afirmación que extiende a las transferencias de financiación, que eran aprobadas con esa convicción de que “todo era legal y se habían cumplido los trámites, incluidas las ayudas sociolaborales de la partida 31L”, sobre la que insiste “no había ninguna observación ni advertencia y se aprobaba con la tranquilidad de que todo era leal”, por lo que “no tuvo ninguna duda” de que los presupuestos llegaban con todos los requisitos legales cumplidos.

También ha dicho que el Parlamento andaluz tenía toda la información a través de la Oficina de Control Presupuestario y todos los consejeros comparecían en la comisión correspondiente para explicar su presupuesto. “En diez años de debates presupuestarios ningún diputado ha hecho observación de ilegalidad de estas transferencias”, ha aseverado el ex presidente, quien ha añadido que es “muy difícil pensar que en diez años centenares de diputados no hayan visto absolutamente nada ilegal sobre estas transferencias”.

El diputado aseguró que tenía la convicción de que el “presupuesto, las transferencias y las modificaciones eran legales, pero no podía conocer nada de la ejecución del presupuesto”.

Chaves ha recordado que la “concertación era uno de los ejes claves del Gobierno debido a la situación de crisis de Andalucía” con empresas en situación de crisis como Santana Motor o la Faja Pirítica, entre otras, y ha subrayado que cuando se daba una ayuda a una empresa con el “objetivo de la paz social” siempre creyó que las mismas se hacían de “forma legal y nunca ha conocido un informe de un interventor poniendo reparos a esas ayudas”, ni esos informes llegado al Consejo de Gobierno, ha señalado. “Al Consejo de Gobierno no llegó nunca ningún informe de la Intervención. Que yo sepa no hubo nunca ningún informe de actuación en la mesa del Consejo de Gobierno”, ha afirmado Chaves, que ha puntualizado que si los interventores no hicieron llegar ningún informe de actuación a este órgano “sería porque no era necesario”.

El imputado ha explicado en su comparecencia, que se ha prolongado por espacio de dos horas y media, que “nunca despachó” con un director general –en posible alusión al ex director general de Trabajo Javier Guerrero-, puesto que sólo despachaba con los consejeros y “ningún consejero le puso de manifiesto ninguna ilegalidad” en estas ayudas.

Chaves ha defendido a lo largo de su intervención que desconocía cuál era el procedimiento habitual para la concesión de las ayudas, porque tenía en torno a “200 directores generales en la Junta, por lo que partía de que el procedimiento a partir del cual se concedían las ayudas era completamente legal”.

Dice Chaves que sólo conocía los “criterios generales” para la concesión de las ayudas y que consistían en que se trataba de empresas “en crisis o en proceso de reconversión para ayudas a los trabajadores despedidos o prejubilados”.

El diputado socialista ha insistido que no conoció “ninguna irregularidad en el sistema y además no lo hubiera permitido”, y ha hecho hincapié en que desconoce si en ese momento había control previo o a posteriori, al tiempo que ha estimado que “si la Intervención hubiera considerado que el presidente de la Junta debía estar enterado de una ilegalidad o menoscabo tenían la posibilidad de ponerlo en conocimiento del Consejo de Gobierno a través del correspondiente informe de actuación” y sin embargo dicho informe no se hizo en ningún momento. “No conocí ningún informe ni fui informado por ninguno de mis consejeros porque no consideraron la trascendencia de los informes”, ha insistido.

Chaves ha precisado que “no podía leerse todos los informes que acompañaban a cualquier actuación legislativa, tenía que dedicarse a otras funciones” y no conocía las memorias anuales de la Intervención. “Era la Intervención la que tenía que indicar qué tipo de control quería y si no encontraron menoscabo o ilegalidad por eso posiblemente no elevaron informe de actuación”, ha explicado el ex presidente, que ha llegado a decir que ni siquiera conocía personalmente al interventor general de la Junta. Chaves alega que podía conocer “lo que dice su consejero pero no va a decir que el interventor no cumplió su obligación, si no elevó informe de actuación sería probablemente porque no advirtió ilegalidad alguna”.

El ex presidente ha advertido de que si los consejeros no le informan él “no puede estar informado” y ha explicado que “si el consejero de Empleo le ha dicho que la viceconsejera no le informó, así será, no le consta que hubiera descontrol” porque todos los años se realizaba un informe sobre Control Financiero “y nada impedía al interventor elevar informe de actuación”.

En cualquier caso, ha afirmado que “si hubiera tenido conocimiento de alguna ilegalidad, hubiera actuado con o sin informe de la Intervención”.

En la misma línea, explica que conoce al jefe de los servicios jurídicos de la Junta, del que ha dicho que es un “gran profesional” y ha expresado que si esta persona “hubiera detectado la más mínima infracción, lo hubiera puesto de manifiesto”.

Tampoco conocía Chaves los cuatro informes encargados en el año 2008 por la Consejería de Empleo, uno de los cuales, elaborado por Garrigues ponía de manifiesto una serie de irregularidades en el sistema de concesión de ayudas.

Chaves también ha dicho que “nunca” participó en la comisión delegada de Asuntos Económicos, porque siempre delegó en los consejeros de Economía.

Cuando se le pregunta por distintas empresas como las que consiguieron importantes ayudas en la Sierra Norte, el diputado alega que “desconocía” el importe de las subvenciones, puesto que lo que conocía eran las empresas emblemáticas, como Delphi, Hytasa o Santana Motor, y sus “problemas debido a los empleos directos e indirectos a los que afectaba: era un conflicto social no sólo laboral”.

Chaves también dice que desconocía las sobrecomisiones que percibieron las corredurías de seguros –que según la juez Alaya fueron muy superiores a las del mercado- porque “no conocía nada de la existencia de este asunto, no conoce ni las pólizas ni las empresas afectadas” y tampoco conoce nada de comisiones a sindicatos porque su relación con los sindicatos era con los secretarios generales.

Preguntado por las 22 modificaciones presupuestarias relacionas con las ayudas sociolaborales y de ellas las 16 que pasaron por su Consejo de Gobierno, y sobre el déficit generado, Chaves ha admitido que las conocía al igual que el Gobierno pero ha dicho que por el Consejo de Gobierno “pasaron más de 1.000 modificaciones” y ha señalado que su “gran problema no era Empleo sino Sanidad, debido al incremento del gasto sanitario”. Esas 1.000 modificaciones fueron informadas “favorablemente” porque iban informadas por Presupuestos, Planificación y por la Intervención General de la Junta, por lo que se aprobaban “convencido de su legalidad”, ha señalado Chaves, que ha argumentado que ni el Parlamento ni la Intervención ni la Cámara de Cuentas “plantearon cuestión alguna sobre estas modificaciones”.

El ex presidente ha dicho que desconoce si había instrucción para que las cantidades quedaran por debajo de la cantidad obligatoria para su conocimiento por el Consejo de Gobierno, y en cualquier caso ha dicho que “por su parte no hubo nunca ninguna instrucción” en ese sentido, por lo que también desconoce por qué algunas de la ayudas a pesar de superar el límite no pasaron por el Consejo de Gobierno.

Chaves dice que ha leído la exposición razonada remitida en su día por la juez Alaya al Tribunal Supremo y asegura que todos los hechos que se contienen referidos a él “no son ciertos”. Al término de su declaración, el presidente resumió su comparecencia al afirma que ha tenido “una larga trayectoria política y puede asegurar que en ningún momento ninguna decisión política que haya podido adoptar ha estado basada en la ilegalidad”.