Chaves niega que se estableciera un procedimiento "conscientemente ilegal o para burlar la ley"

El ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha negado este lunes en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE que se estableciera un sistema "conscientemente ilegal o para burlar la ley" a la hora de conceder la ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, y ha defendido que siempre ha considerado que los consejeros y consejeras que formaban parte de su Gobierno "respetaban escrupulosamente la ley", por lo que ha insistido en descartar que se impulsara de forma "intencionada" dicha forma de actuar, en contra del criterio que sostiene la Fiscalía Anticorrupción, que le acusa de haber participado en la creación de un sistema para conceder las ayudas de forma arbitraria y para omitir la fiscalización previa de las mismas.

Chaves, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, ha explicado a preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga que "conocía perfectamente" que se estaban dando ayudas de todo tipo, entre ellas las ayudas sociolaborales pero ha afirmado que ignora el "procedimiento" y cómo se tramitaban las mismas dado que eso correspondía a otro "ámbito político de decisión", y por ello ha relatado que los consejeros no tenían que rendirle cuentas sobre "el contenido del plan social" que se implantaba cuando fracasaba el intento por salvar a la empresa afectada por la crisis. Chaves ha reconocido que se reunió, por ejemplo, en varias ocasiones con el comité de empresa de Santana Motor, pero como en cualquier otro conflicto él estaba "informado de las líneas generales, no del detalle" de las negociaciones. Chaves ha dicho que no conocía "ni tenía por qué conocer" cómo se daban las ayudas.

En cualquier caso, el ex presidente, que se ha defendido de los cargos con contundencia y firmeza, ha señalado que desconocía cuál era el procedimiento, los requisitos, la cuantía y los beneficiarios, porque estos extremos "no entraban dentro de su ámbito de decisión", y siempre partía del "contexto de confianza de que cualquier ayuda estaba en el la ley", por lo que era "muy difícil pensar que se pudiera estar estableciendo un procedimiento conscientemente ilegal o para burlar la ley".

De la misma forma, ha rechazado que fuese informado de ningún cambio en el procedimiento por el que se concedían las ayudas, porque el presidente de la Junta "no sabía cuál era el sistema" que se seguía para la concesión, lo que sí sabía era que se trataba de "ayudas extraordinarias en función de la gravedad" de una crisis que también afectaba a las pequeñas empresas. Dentro de esa ignorancia en cuanto al sistema, ha llegado a afirmar que desconocía el "concepto presupuestario", no conocía el programa 31L, y ha defendido que no es un problema de dejación de responsabilidades sino de que el presupuesto de la Junta es "muy complejo", está integrado por más de 30.000 millones de euros y tenía una media anual de "140 programas presupuestarios y miles de aplicaciones presupuestarias", por lo que ha concluido que "era imposible que el Consejo de Gobierno pudiera debatir y conocer los 140 programas", ya que en el Consejo de Gobierno sólo había un "conocimiento global".

De la misma forma, sobre las trasferencias de financiación ha reconocido que conoció este instrumento presupuestario en su etapa como ministro de Trabajo, pero ha hecho hincapié en que tampoco sabía "cómo se tramitaban y ejecutaban" porque los programas presupuestarios no se abordaban en el Consejo de Gobierno. Aun así, ha aseverado que "por definición una transferencia de financiación no puede ser ilegal porque estaba en la ley" de Presupuestos, donde se recogían las transferencias al IFA/IDEA para el pago de estas ayudas. "No sé si son adecuadas o inadecuadas, pero estaban en la ley", ha recalcado.

Y también ha defendido que su uso no tiene por qué representar una merma en el control que realiza la Intervención General de la Junta sobre las ayudas, ya que no entiende que haya "un control de primera división", en alusión a la fiscalización previa, y otro de "segunda división", por el Control Financiero Permanente, dado que a su juicio ambos son igual de importantes, e incluso ha señalado que en Sanidad y en la Unión Europea se ha impuesto el Control Financiero Permanente.

Chaves tampoco conoció "nunca" el convenio marco de 17 de julio de 2001 ni "ningún otro convenio interno entre organismo de la Consejería", y no le llegaban porque "no tenían que llegar al Consejo de Gobierno", y ha agregado que ni conoció su existencia ni el contenido del convenio hasta la comisión de investigación del Parlamento andaluz y la causa judicial.

En su intervención y en respuesta a la última pregunta, la que le ha formulado el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, sobre el grado de conocimiento que tenía el Consejo de Gobierno, Chaves ha discrepado abiertamente con su sucesor en el cargo, José Antonio Griñán, quien en la última sesión del juicio afirmó que las modificaciones presupuestarias que se hacían de la partida 31L por la que se concedían las ayudas permitirían conocer la finalidad, el importe y el destinatario de las ayudas. Chaves ha dicho que no está de acuerdo con la respuesta que dio Griñán ni con la que en su día ofreció el ex consejero de Empleo Antonio Fernández porque, según ha precisado, todas las modificaciones llegan en "índice verde" -para su aprobación con normalidad, sin discusión- al Consejo de Gobierno, que no podía "conocer" todo esos extremos que "sólo podían ser conocidos por el consejero que presentaba" esa modificación presupuestaria.

En el interrogatorio de su abogado defensor, Pablo Jiménez de Parga, el ex alto cargo ha mostrado al tribunal una hoja, en concreto, un cuadro resumen con la distribución de los presupuestos, para explicar que este cuadro es lo único que se debatía en el Consejo de Gobierno, porque "las partidas presupuestarias y los programas no eran conocidos por el Consejo de Gobierno, correspondían a cada Consejería".

Chaves ha continuado respondiendo a esta pregunta del presidente del tribunal afirmando que lo mismo sucedía con las transferencias de financiación, por lo que el Consejo de Gobierno "no debatía y no conocía" las transferencias de financiación.

El ex presidente ha señalado que en el Consejo de Gobierno se abordaban las "grandes crisis de empresas" por las repercusiones sociales, políticas y mediáticas que tenían estos procesos de reestructuración empresarial y no sólo se debatían estos problemas, pero el "único criterio" que él trasladaba a sus consejeros consistía en que se convocara una "mesa de negociación" para elaborar "un plan de viabilidad o un plan industrial" para tratar de salvar la empresa y proteger a los trabajadores afectados. Así, ha insistido que en una "estructura de confianza" dentro del Gobierno eran otros los que tenían que poner en marcha ese plan de viabilidad.

Chaves ha admitido que se reunía con los comités de empresa y las organizaciones sindicales, y ha dicho que siempre "exigía" como condición que en las reuniones intervinieran los secretarios de los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, que tienen "un reconocimiento constitucional", por lo que ha dicho que esas reuniones constituían un "acto de normalidad democrática". El acusado ha recordado que en los distintos acuerdos de concertación -hasta siete- que se firmaron bajo su mandato en la Junta, siempre se incluía un apartado referido a la protección del tejido productivo y del empleo, y en los que se trataba de favorecer el empleo y "garantizar la paz social", y para los que había un apoyo "casi unánime" de todos los grupos parlamentarios.

El que fuera presidente de la Junta durante 19 años (entre 1990 y 2009) ha negado que conociera los informes de la Intervención General de la Junta que incluían los reparos al procedimiento por el que se concedían las ayudas mediante las transferencias de financiación al IFA/IDEA, y en este sentido ha sostenido que ninguno de los tres titulares de las tres consejerías afectadas (Empleo, Innovación y Economía y Hacienda) le dieron traslado de la existencia del informe adicional al de cumplimiento del año 2003. "No sé nada ni se me informó, sólo sé lo que se ha dicho aquí" en el juicio, ha aseverado Chaves.

El ex presidente ha indicado que "no se leyó" las memorias de la Intervención que acompañaban a los acuerdos del Consejo de Gobierno sobre los planes anuales de Control Financiero Permanente, pero sí ha dicho que los ha examinado en la documentación que obra en la causa judicial y "no ha detectado ningún dato que pudiera permitir saber que iban a saltar las alarmas", porque no ha apreciado "ningún síntoma de alerta o alarma ni mucho menos". Y ningún consejero se opuso a esos acuerdos, porque eran "el arma que tenía la Intervención General" y todos coincidieron en que había que "respetarlo".

El fiscal también le ha preguntado sobre las órdenes del Ministerio de Trabajo de los años 1994 y 1995 que regulaban ayudas similares y el acusado ha indicado igualmente que "las ha conocido exactamente en la causa" judicial.

Chaves también ha querido desmontar la "leyenda" de que los parlamentarios no tenían información sobre las ayudas, porque "tenían toda la información a través de la oficina de control presupuestario, y participaban en los debates y presentaban enmiendas a los presupuestos. Chaves ha relatado que en diez años pasaron 1.000 modificaciones presupuestarias -un instrumento "habitual" en el Gobierno de la nación- por el Consejo de Gobierno y todas fueron comunicadas a la Oficina de Control Presupuestario, y además "nunca hubo un reproche a las modificaciones" en la cuenta general que se enviaba a la Cámara de Cuentas.

El ex presidente ha asegurado que "nunca" despachó con directores generales ni con los viceconsejeros, sólo con los consejeros, ni conoce lo que son los "pagos cruzados" de las pólizas, ni el déficit generado en IDEA por el uso de las transferencias de financiación, ni conoció el paso de las transferencias a la encomienda de gestión.

El fiscal le ha preguntado si en alguna ocasión dio instrucciones para que se buscara una solución ante una visita que iba a realizar a alguna localidad afectada por un problema, algo que Chaves ha rechazado al afirmar que nunca dio instrucciones de ese tipo. La pregunta se refería a las afirmaciones que hizo el ex director de Trabajo Javier Guerrero en la fase de instrucción cuando afirmó que en 2003 recibió una directriz por escrito del gabinete de la Presidencia de Manuel Chaves diciéndole que tenía que solucionarse "sí o sí" el problema de Bilore porque al día siguiente el presidente de la Junta iba a visitar la localidad de Lucena (Córdoba).