Chaves y Griñán podrían declarar ante el Tribunal Supremo en febrero

El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, que instruye la causa abierta contra los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y contra otros tres aforados por el escándalo de los ERE fraudulentos, baraja la posibilidad de citarlos a declarar a lo largo del mes de febrero.

El instructor de la causa abierta en noviembre pasado contra los ex presidentes y los otros tres aforados -los diputados José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, y la senadora Mar Moreno- tiene previsto separar los hechos que podrían afectar a estos preimputados por la juez Mercedes Alaya y limitar la investigación a un posible delito de prevaricación, según informó ayer Efe, que añadió que la decisión, en su caso, de pedir o no el suplicatorio -para la inculpación formal, procesamiento o adopción de cualquier medida cautelar- podría retrasarse hasta la próxima Primavera. Según estas fuentes, el retraso podría ser mayor aún si la presidenta de la Junta, Susana Díaz, adelanta las elecciones autonómicas al 22 de marzo para no provocar ninguna interferencia de la investigación judicial en la campaña electoral.

El instructor está actualmente procediendo a organizar el sumario, cuyos 140.000 folios recibió en 22 CD el pasado 7 de enero, para abrir una pieza separada sobre los hechos que se atribuyen a los aforados.

Cuando se abrió esta causa ante el Alto Tribunal, la Sala ya se mostró a favor de dividir el sumario, siguiendo la propuesta de la Fiscalía, que solicitó investigar y enjuiciar en su caso de forma independiente los hechos relativos al denominado "procedimiento específico" del fraude de los ERE, es decir, a todo lo relacionado con la ideación, diseño, organización y establecimiento del sistema por el que se concedieron durante doce años ayudas por importe de 855 millones, así como con las decisiones que supusieron su mantenimiento operativo.

El Tribunal Supremo (TS) investigaría de esta forma una presunta prevaricación de todos los aforados, salvo lo relacionado con el ex consejero de Empleo José Antonio Viera, a quien también se investigaría por una posible malversación de caudales por su intervención en la concesión de las ayudas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, que concentró el mayor volumen de subvenciones de toda la comunidad autónoma.

Después de tomar declaración a los cinco aforados cuya investigación ha asumido el TS, el instructor tiene previsto llamar a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado para que ratifiquen el informe que elaboraron y que corroboró punto por punto las sospechas de la juez Alaya. Esta ratificación no se llevó a cabo en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, por lo que debe cumplirse.

El instructor podrá acordar asimismo la práctica de otras diligencias de prueba y al final decidirá si solicita al Supremo el archivo o la petición de suplicatorio contra todos o algunos de los aforados.