Chamizo investigará el traslado de menores inmigrantes desde Canarias

No hay armisticio. Lejos de firmar la paz, Canarias y Andalucía mantienen la alta tensión en su enfrentamiento por los menores extranjeros, después de que la consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta, Micaela Navarro, denunciara esta semana que el Gobierno autonómico de las islas envía niños y adolescentes inmigrantes a Andalucía sin ningún acompañamiento. Si días atrás fueron miembros del Ejecutivo y altos cargos de la Administración insular quienes reaccionaron, en algunos casos airadamente, contra la acusación de Navarro, ayer fue el mismo presidente canario, Paulino Rivero (Coalición Canaria), quien salió al paso para refutar a la consejera andaluza.

Rivero tampoco se anduvo por las ramas. En su opinión, lo que ha hecho la titular de Igualdad del Gobierno andaluz ha sido una "metedura de pata". Para el presidente canario, se trata de "una cortina de humo de la consejera andaluza para desviar la atención sobre cualquier otro asunto, o en cualquier otro caso". Tras calificar las tesis de Navarro de "absurdas e intolerables", Rivero exigió una rectificación. Además, el presidente canario señaló que "es una auténtica barbaridad" lo expuesto por Navarro cuando Canarias ha sido la "comunidad que a lo largo de la última década ha tenido que ser la tierra de acogida de los menores inmigrantes no acompañados que llegaban a través del mar, y ha sido la tierra que ha expresado más solidaridad con ellos y la que ha conseguido que la Comisión Europea se interese por su situación".

En el escenario de esta polémica entró ayer también el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo. La institución que dirige ha abierto una investigación de oficio sobre los supuestos traslados de estos menores extranjeros no acompañados a Andalucía desde Canarias. "Si ciertamente el Gobierno canario ha hecho esto, se está contraviniendo la normativa internacional de menores", señaló Chamizo en declaraciones a Europa Press. Asimismo, el Defensor del Pueblo Andaluz señaló que espera que la situación "se aclare", al tiempo que ha defendido que Navarro "tendrá los datos oportunos" al hacer sus acusaciones. "No hay que jugar con los menores, hay que tener mucho cuidado y respetar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y evidentemente, esperamos que definitivamente haya una aclaración", insistió Chamizo.

"Se puede comprender que si en Canarias hay 1.500 menores no acompañados se llegue a acuerdos de redistribución vía Ministerio, pero lo que no puede ser es que se envíe a estos menores sin saberlo la comunidad autónoma", advirtió. En este sentido, el Defensor apuntó que "no sería la primera vez que hay un acuerdo entre comunidades autónomas para este reparto. Sabiéndolo, y viendo sobre todo quién va a financiar todo esto, porque Europa se ha desentendido, quien está sufragando todos los gastos es la Junta de Andalucía", concluyó.

Por su parte, la organización no gubernamental Save The Children, solicitado al Gobierno que ponga fin a la "guerra entre autonomías" por los traslados de menores extranjeros no acompañados, ya que, "por encima" de las cuestiones económicas y de gestión, están los derechos y necesidades de estos niños. Asimismo, ha advertido que el Estado y las administraciones "deben cumplir con la normativa internacional [Declaración de los Derechos del Niño de la ONU], ratificada por España y, por tanto, de obligado cumplimiento.

Save The Children recuerda que la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, debe garantizar los derechos y la atención a estos niños y coordinar a las comunidades autónomas y a todas las entidades y personal involucrado en el proceso de acogida de estos menores". La responsable de Incidencia Política de la ONG, Yolanda Román hizo ayer hincapié en que "antes que extranjeros, son niños con derechos".

Save The Children ha puesto de manifiesto su "preocupación" por que el debate vaya por otros derroteros y se olvide que en el centro del mismo se encuentran menores de edad, que, además, están en situación de desamparo.