Ni Cataluña ni Andalucía, el dinero va y viene de Madrid

Ni Cataluña ni Andalucía, si una comunidad merece ser llamada locomotora de España ésa es Madrid, es la que más dinero aporta a la cesta común que se reparte entre los gobiernos autonómicos, pero también es la más beneficiada por las inversiones estatales, tanto que el Ejecutivo central gasta allí el doble en infraestructuras ferroviarias que en las provincias andaluzas y catalanas. Lo mismo ocurre con las aeroportuarias y las de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding nacional.

Esta realidad se extrae de las tablas que el Ministerio de Hacienda, a través del Instituto de Estudios Fiscales, ha publicado esta semana para elaborar las llamadas balanzas fiscales, un asunto que encanta a los partidos catalanes porque de ellas se extraería la conclusión de que Cataluña recibe mucho menos de lo que aporta. Es el llamado déficit fiscal catalán, la clave de bóveda sobre el que se asienta el agravio que se formuló bajo el lema España nos roba.

No obstante, el mismo día que se conocía la publicación, el martes pasado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, descartó en el Senado que Cataluña vaya a contar un régimen fiscal singular, como el País Vasco y Navarra. Lo que sea del nuevo Sistema de Financiación Autonómica será común. Sólo unas horas después, el adelanto de las elecciones catalanas dio al traste con todo ello, con la negociación de modelo de financiación, con las reclamaciones independentistas sobre los impuestos. Hasta el 12 de mayo que se celebren los comicios al Parlament, España queda congelada y de su resultado dependerá la legislatura y que se conserven los acuerdos con Junts y ERC tal como se firmaron con motivo de la investidura de Pedro Sánchez.

Pero la publicación de los saldos fiscales relativos al año 2021 dejan un buen reguero de datos y de conclusiones. La balanza fiscal no es más que la diferencia entre el beneficio que una comunidad obtiene de la Administración y su contribución tributaria a ésta. Es decir, cuánto pagan sus ciudadanos mediante impuestos y cuánto reciben, tanto del Gobierno central por medio de sus inversiones como para nutrir a la administración autonómica, que es la que presta los servicios sanitarios, educativos y sociales. Se trata de un cálculo controvertido para el que hay no hay unanimidad de modelos, en última instancia, y sólo demuestra que el Estado español es un Estado redistributivo que reparte entre ciudadanos y no entre territorios.

Adif y Renfe

Si sólo nos fijamos en las inversiones de las 92 empresas públicas del Gobierno central, que es uno de los elementos de las balanzas, Madrid es la que sale mejor parada, mientras que Andalucía no recibe ni el peso que tiene su población en el conjunto del país. Así, en el año 2021, el Ejecutivo invirtió 4.222 millones de euros en todo el país, pero sólo un 11% fue al sur, 489 millones de euros. Ese año el peso de la población andaluza fue del 17,7%. Madrid recibió el 20%, un porcentaje muy por encima de su población y Cataluña, el 12%, también inferior a su porción poblacional.

El grueso de las inversiones de las empresas del Gobierno son las ferroviarias, tanto las que hace Adif como Renfe. De éstas dos, en Andalucía se invirtieron 231 millones de euros, sólo el 9,4% de los 2.442 millones que gastaron estas empresas públicas. De nuevo Madrid fue la más beneficiada. Adif y Renfe se gastaron en el centro el 21% de sus presupuestos de inversiones. En Cataluña fue del 11%.

Lo mismo ocurre con las otras dos grandes partidas inversoras, las aeroportuarias y las de la SEPI. En aeropuertos, Madrid se llevó 121 millones de euros de los 799,8 millones totales, mientras que a Andalucía llegaron 65,5 millones. En cuanto a las industriales, la SEPI invirtió 41,3 millones de euros en nuestra comunidad; 50,4 millones en Madrid, y 41,3 millones en Cataluña.

La inversión de las empresas públicas sólo es un factor, y menor, de cómo se distribuye el dinero en los distintos territorios. El Sistema de Financiación Autonómico (SFA) es los sustancial, y en ese aspecto Madrid es la mayor contribuyente al modelo. Este reparto está compuesto de una cesta de cuatro fondos, de los cuales el más importante es el de Garantía, que trata de igualar y colmar las necesidades de gastos sanitario, educativo y social. Si Andalucía recibió de este fondo un total de 4.965 millones de euros, Madrid aportó 4.618 millones de euros, son la cara y la cruz del sistema, la comunidad cuyo saldo positivo es mayor y la del balance negativo más amplio.

Cataluña es el siguiente contribuyente neto, con una aportación de 1.697 millones de euros, aunque esta comunidad iguala bastante su balance porque se beneficia del último fondo, el de Competitividad, ideado para las comunidades ricas, pero especialmente para la Generalitat.

La causa de estas diferencias no es otra que la riqueza media que tienen los habitantes de un territorio. Si en Madrid y en Cataluña hay rentas más altas y empresas más notables, el Estado recauda más por los distintos impuestos. Andalucía tiene la renta per cápita más baja del país, también la de mayor desempleo, de ahí que sea la más beneficiadas en términos absolutos del sistema.

Eso no significa que esté infrafinanciada, porque es de las comunidades que menos dinero por habitante recibe de un sistema que, de por sí, es insuficiente para atender los enormes gastos sociales de las autonomías. No obstante, 2021 no fue un año malo en ese sentido, porque los fondos Covid suplieron muchas deficiencias en las comunidades, a la vez que era el Gobierno central el que asumía el coste en deuda para liberar a los ejecutivos regionales de incurrir.