Caso ERE: la instrucción interminable
La investigación cumple cinco años
El proceso que inició Alaya cumple un lustro con casi 500 imputados y la intención de celebrar algún juicio este año.
La Justicia vivió esta semana uno de sus hitos más importantes de su historia, con el arranque del juicio por el caso Nóos, que ha sentado en el banquillo de los acusados, por ahora, a la infanta Cristina. Este juicio llega después de una larga instrucción, que se inició en 2010 y se prolongó durante cinco años y medio. Un juicio que comienza frente a una investigación que parece interminable: el caso de los ERE fraudulentos, cuya instrucción cumple precisamente el próximo martes, día 19, los cinco años.
El aniversario de los ERE llega marcado por el cambio de titular en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que ahora dirige la magistrada María Núñez Bolaños, y la salida de Mercedes Alaya, la juez que profundizó en las irregularidades de la empresa Mercasevilla para destapar otras más graves que durante una década se produjeron en el pago de las ayudas sociolaborales y directas a empresas.
Una macrocausa en la que hay ya casi medio millar de personas imputadas, entre las que destacan los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como varias decenas de ex cargos públicos de la Junta y de la agencia IDEA, que actuaba como entidad pagadora de las ayudas mediante las polémicas transferencias de financiación realizadas desde la Consejería de Empleo.
Mercedes Alaya dirigió la instrucción hasta junio pasado, cuando se incorporó como magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla. Su insistente afán por seguir instruyendo todas los macroprocesos -además de los ERE, reclamó para sí la investigación de los cursos de formación y de los avales y préstamos de IDEA- y sobre todo las críticas a su sucesora, María Núñez Bolaños, de la que cuestionó su preparación y su "estrecha amistad" con el consejero de Justicia, Emilio de Llera, llevaron a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a apartarla de todas las investigaciones.
Con esta decisión, María Núñez Bolaños, como juez predeterminada por la ley para continuar la instrucción, había ganado la batalla por las macrocausas, que se prolongó durante varios meses y se trasladó incluso al máximo órgano de gobierno de los jueces: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que acabó ratificando la decisión del TSJA para dejar fuera a Alaya.
Un mes después de tomar posesión del juzgado y cuando aún no se había decidido el futuro de Alaya en las macrocausas, Bolaños dio su primer golpe sobre la mesa, al acordar la división en distintas piezas del sumario de los ERE, una decisión que varios meses después modificaría de nuevo, al diseñar un plan piloto para el enjuiciamiento de las primeras seis piezas, entre ellas la del denominado "procedimiento específico".
Bolaños dinamitaba de esta forma una de las principales tesis que en los cinco años había defendido Alaya, que siempre se había opuesto a la división. La artífice de esta macrocausa sostenía que la división rompería la necesaria continencia de la causa y podría causar indefensión a los imputados, muchos de los cuales tendrían que someterse a diversos juicios que podrían dar lugar a sentencias contradictorias.
Alaya se había quedado, una vez más, sola frente a todos en la defensa de sus planteamientos, aunque los abogados de los principales imputados sí apoyaban su teoría. En contra estaban la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y el propio Tribunal Supremo, que había alertado de los efectos perversos de las macrocausas cuando decidió abrir una causa contra los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los también aforados José Antonio Viera, Gaspar Zarrías y Mar Moreno, ésta última exculpada finalmente por el Alto Tribunal.
El plan de Bolaños pretende agilizar la instrucción de los ERE y para ello impulsará las piezas del "procedimiento específico", las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de las prejubilaciones, las ayudas concedidas a tres empresas -Acyco, Surcolor-Surcolor Óptica y Cenforpre-, y las subvenciones millonarias que logró el entramado de empresas vinculadas a José María Sayago y José Enrique Rosendo, fallecido el pasado 8 de enero.
La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido este plan piloto de Bolaños, no porque no esté de acuerdo con esta primera división en seis piezas, sino por la decisión de la instructora de esperar a los "futuros pronunciamientos" de la Audiencia de Sevilla, es decir, a que se hayan sentenciado estas primeras ayudas para proceder a la creación de las nuevas piezas dentro de la macrocausa.
El Ministerio Público sostiene que la formación de las piezas debe responder a la "situación objetiva del avance de la instrucción del hecho investigado y la prioridad que se debe dar es únicamente aquella derivada de la antigüedad a efectos de prescripción, así como el impulso de aquellas piezas en las que además se hallen imputados que tengan adoptadas y vigentes medidas cautelares".
La Fiscalía entiende que la decisión de Bolaños "no es ajustada a Derecho ni conforme con el estado actual de la instrucción de la causa" y lo que es más grave, los fiscales delegados de Anticorrupción advierten que esperar a las sentencias de la Audiencia supone un "retraso adicional al que ya arrastra la presente causa, sometiendo a un amplio número de imputados a resultas de un pronunciamiento en un juicio del que no serán ni podrán ser parte y partiendo como presupuesto de una supuesta semejanza que no es tal, pues cada expediente puede haber elementos diferenciadores, en la forma y en el fondo, que justifiquen el sentido de un pronunciamiento distinto".
La Fiscalía no es la única parte que se ha opuesto al plan piloto, dado que también lo han impugnado la acusación que ejerce el PP y las defensas de cuatro imputados. Los populares piden en su recurso la nulidad de los autos de 30 de julio y 9 de noviembre de 2015, al estimar que fueron dictados "apresuradamente".
Los tiempos que se ha marcado la instructora para el enjuiciamiento de estas piezas son muy optimistas, dado que la idea es que alguna de estas piezas sea enjuiciada a lo largo de este año. Aunque es cierto que la investigación de algunas de las ayudas que aparecen en estas seis piezas están muy avanzadas, todo apunta a que resultará bastante complicado cumplir estos plazos. Al menos en lo que se refiere a la denominada pieza del "procedimiento específico", en la que están imputados 51 ex altos cargos principalmente.
Todo dependerá del impulso que pueda darle a la instrucción el magistrado Álvaro Martín, a quien Bolaños ha cedido la instrucción de estas seis primeras piezas, siguiendo el plan de refuerzo puesto en marcha por el TSJA. Pero a pesar del impulso, resulta poco probable que alguna de las piezas llegue a juicio a lo largo de este 2016.
2011
19 enero: Alaya abre la causa judicial de los ERE
De las investigaciones relacionadas con las irregularidades en la empresa pública Mercasevilla, Alaya abre unas nuevas diligencias previas sobre los ERE fraudulentos.
3 febrero: Guerrero y el "fondo de reptiles"
El ex director general de Trabajo Javier Guerrero, asegura a la Policía Judicial que la Junta tenía un "fondo de reptiles" para empresas en crisis y subvencionar prejubilaciones.
20 junio: Alaya encarga la investigación a la UCO
Alaya releva a la Policía Judicial de la investigación y se la encarga a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tras la petición a la juez de nombrar peritos y técnicos.
20 septiembre: Conflicto por las actas del Consejo de Gobierno de la Junta
El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción obliga a la Junta a entregar las 480 actas de los Consejos de Gobierno celebrados desde 2001.
2012
9 enero: "Cocaína, fiestas y copas" de Guerrero
Juan Francisco Trujillo, chófer de Guerrero, da un giro al caso al afirmar que parte de las ayudas que recibió se destinaron a pagar "cocaína, fiestas y copas" del ex director de Trabajo.
7 marzo: Guerrero tira de la manta e implica a "todo" el Gobierno
Alaya toma declaración a Guerrero, que implica a "todo"el Gobierno de la Junta en la trama de los ERE, al asegurar que conocían el "fondo de reptiles".
24 abril: Alaya encarcela a Antonio Fernández
La juez envía a prisión al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, tras prestar declaración durante varias maratonianas jornadas. La juez considera que su "dejación absoluta de funciones" provocó el despilfarro de los fondos públicos.
1 junio: Guardia Civil culpa al Gobierno andaluz
La Guardia Civil corrobora las sospechas de Alaya y asegura en un informe que todos los miembros del Consejo de Gobierno "conocían" el sistema que permitió el fraude de los ERE.
12 septiembre: Alaya se da de baja por enfermedad
La instrucción de los ERE se sume en un parón de varios meses después de que la juezMercedes Alaya se vea obligada a darse de baja durante seis meses por enfermedad.
2013
6 marzo: Alaya vuelve pero no quiere los refuerzos
Alaya se reincorpora al juzgado, en el que han sido nombrados como refuerzo Ana Rosa Curra y Rogelio Reyes. Alaya pide al TSJA que le quite uno de los jueces de apoyo.
20 marzo: Javier Guerrero es encarcelado otra vez
Alaya vuelve con fuerzas renovadas y envía por segunda vez a prisión al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, en una nueva operación con 20 detenidos.
14 mayo: Alaya promete al TSJA cerrar antes del verano una causa
La juez se compromete con el TSJA a cerrar una de las cuatro macrocausas -ERE, dos de Mercasevilla y Betis- antes del verano, algo que no se cumplió.
19 junio: El dueño de Uniter es enviado a prisión
En una nueva operación, Alaya envía a prisión, eludible bajo fianza de 600.000 euros, al propietario de Uniter, José González Mata, imputado por ocho delitos en relación con el cobro de sobrecomisiones vinculadas a las pólizas de los ERE.
2 julio: Alaya imputa a Magdalena Álvarez
La juez da un espectacular giro al caso al imputar a 20 altos cargos de la Junta, entre ellos la ex consejera de Economía y Hacienda y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, y al entonces viceconsejero de Presidencia, Antonio Vicente Lozano.
26 julio: El ex Interventor culpa a Griñán
Manuel Gómez declara en el juzgado que "al señor Griñán los informes de auditoría no le importaban nada", lo que ayuda a Alaya a estrechar el cerco sobre el ex presidente.
10 septiembre: Alaya plantea la preimputación de Chaves y Griñán
La juez suelta un auténtico bombazo cuando echaba a andar el Gobierno de Susana Díaz, al preimputar en los ERE a los ex presidentes Chaves y Griñán.
9 octubre: Nueva macrorredada con 45 imputados
Alaya ordena una nueva operación policial en el caso de los ERE, la tercera que realiza este año, y que se salda con nueve detenidos y la imputación de 45 personas.
31 octubre: Alaya rechaza enviar la causa al Supremo
La juez pide "calma" antes de enviar la causa al Supremo -dada la presencia de aforados- porque quiere culminar "con dignidad" el trabajo iniciado por unos "pocos incansables".
13 noviembre: Duro informe de los peritos contra Griñán
La Intervención del Estado reprocha al ex presidente y a las ex consejeras Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo que no adoptaran las "medidas" para evitar el fraude.
2014
5 marzo: La instructora ordena investigar al Parlamento
La magistrada pide los diarios de sesiones de la comisión de Economía de la última década, aunque después aclarará que sólo investigaba dicha comisión.
2 abril: Fianza civil de 3,3 millones para Rivas
Alaya impone una fianza de responsabilidad civil de 3,3 millones al ex delegado de Empleo en sevilla Antonio Rivas, quien antes se ha acogido a su derecho a no declarar.
14 mayo: Imputado el consejo rector de IDEA
En un nuevo auto, Alaya imputa a 16 personas que entre 2001 y 2008 fomaron parte del consejo rector del IFA/IDEA. Imputa a destacadas personalidades del mundo económico.
21 mayo: La 'ley del silencio' se impone en el caso
La mayoría de los altos cargos imputados se acogen a su derecho a no declarar cuando son citados por la magistrada, una dinámica que se mantendrá mientras siga Alaya.
12 agosto;: Alaya envía al TS la exposición razonada
Casi cuatro años después de iniciar la instrucción, Alaya envía al Supremo la exposición razonada sobre Chaves y Griñán, en la que incluye a Gaspar Zarrías y Mar Moreno.
1 octubre: Alaya plantea pedir plaza en la Audiencia
La juez anuncia que tiene previsto solicitar en enero una de las plazas de magistrado en la Audiencia de Sevilla. La investigación supera ya los 200 imputados.
13 noviembre: El Supremo investiga a Chaves y Griñán
El Alto Tribunal asume la competencia y abre una causa a los ex presidentes de la Junta por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por los ERE.
2015
26 febrero: Reclamación 43 millones a Guerrero y Juan Márquez
El Tribunal de Cuentas reclama 43 millones a los ex directores de Trabajo por las ayudas concedidas a 47 empresas y a seis ayuntamientos de Sevilla.
7 abril: Viera, el primero en declarar en el TS
El diputado del PSOE y ex consejero de Empleo niega en el Supremo que conociera el fraude de los ERE y responsabiliza de las irregularidades a sus "subordinados".
16 junio: Bolaños toma posesión del juzgado
María Núñez Bolaños toma posesión como titular del juzgado número 6, que asume "con ilusión y ganas". Bolaños ve "muchas posibilidades" para "innovar y aplicar" el acuerdo del CGPJ sobre las unmidades de apoyo para causas por corrupción.
24 junio: Alaya se marcha a la Audiencia de Sevilla
Mercedes Alaya toma posesión en el TSJA, en Granada, de su nuevo destino como magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla. A partir de este momento se inicia la guerra por el control de las macrocausas, que acabará perdiendo.
25 junio: Chaves, Griñán y Zarrías dimiten
Los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y el diputado Gaspar Zarrías presentan su dimisión tras conocerse que el Tribunal Supremo seguiría investigándoles por el caso de los ERE, por el que ya habían declarado como imputados.
16 abril: Zarrías defiende que el sistema era legal
El diputado alega ante el juez que las ayudas se repartían "con equidad", sin pedir "el carné" del partido, y dice que las irregularidades no alcanzan ni a diez militantes del PSOE.
8 octubre: El Supremo devuelve la causa a Sevilla
Tras la renuncia a sus actas de los ex presidentes y de los otros aforados, el Tribunal Supremo devuelve la competencia para la investigación al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. El Alto Tribunal devuelve la causa completa.
13 octubre: El TSJA aparta a Alaya de las causas
El TSJA aparta a Alaya de los ERE y de las otras macrocausas por su "clara voluntad de no colaborar" con Bolaños, después de criticar su supuesta falta de preparación y su "estrecha amistad" con el consejero de Justicia, Emilio de Llera
14 diciembre: Bolaños cede los ERE a Álvaro Martín
La nueva titular delega la instrucción de las seis primeras piezas de los ERE en Álvaro Martín, que refuerza el juzgado desde 2012. Bolaños se reserva para sí misma los cursos y los avales de la agencia IDEA.
9 abril: Griñán culpa a Empleo y al ex interventor
El ex presidente declara que la Intervención General de la Junta sólo apreció una "discrepancia contable". Griñán niega que hubiera "un gran plan" para defraudar pero admite "un gran fraude y eso significa que algunos de los controles pudieron fallar".
14 abril: Chaves "nunca" conoció los reparos de la Intervención
Asegura en el Supremo que ni conoció ni fue advertido de las irregularidades de los ERE, algo que tampoco habría permitido en caso de saberlo. Alaya le había acusado de "menospreciar" los informes del interventor.
30 julio: Bolaños divide en piezas los ERE
Un mes después de asumir las riendas del juzgado, Bolaños acuerda en un auto dividir la macrocausa de los ERE. Ese auto será ampliado -el 9 de noviembre- con otro en el que diseña un plan piloto para priorizar y enjuiciar seis primeras piezas.
12 noviembre: Alaya rompe su silencio en Madrid
La juez aprovecha el acto de recogida del premio jurista del año que conceden los antiguos alumnos de Derecho para acusar a la Junta de ponerle "todas las trabas del mundo" a su labor. Alaya también denuncia que recibió "muchísimas presiones".
28 abril: El interventor culpa al Gobierno andaluz
Manuel Gómez culpa al Gobierno andaluz del fraude por la "desatención" a sus reiterados informes en los que alertaba sobre el uso inadecuado de las transferencias.
16 diciembre: La Faja Pirítica engorda la causa
Bolaños recibe un nuevo atestado sobre las ayudas a los mineros de la Faja Pirítica de Huelva, donde hay 200 nuevos imputados que elevan a casi medio millar la cifra de investigados.
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