Caso ERE: toda una etapa de la Junta en entredicho

LA Fiscalía Anticorrupción provocó ayer un terremoto en la política española al pedir 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para el ex presidente socialista de la Junta José Antonio Griñán por delitos continuados de malversación de caudales y prevaricación en el llamado caso ERE. El Ministerio Fiscal, en el escrito presentado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, ha solicitado asimismo diez años de inhabilitación al ex presidente Manuel Chaves por prevaricación; ocho años de prisión para los ex consejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, y seis años para la ex consejera Carmen Martínez Aguayo. En total, 18 ex altos cargos de la Junta se enfrentan a penas de prisión por el que es sin duda el caso de más gravedad de la historia de la Andalucía democrática.

Antes que nada, y como siempre hacemos en las investigaciones y procesos judiciales independientemente de quiénes sean los afectados, hay recordar que estamos ante una calificación provisional del fiscal, un paso más en un proceso judicial que todavía no ha acabado. Hasta que no haya una sentencia condenatoria, todos los mencionados, y por supuesto Griñán y Chaves, tienen derecho a que se respete su presunción de inocencia. Además, hay que señalar que todos los procesados hace ya tiempo que se apartaron (o fueron apartados por el PSOE) de la política y que en ningún momento se plantea un posible lucro personal de los principales implicados.

Ahora bien, no se puede ocultar la gravedad de los hechos que se están juzgando. En estos momentos ya se puede decir que, como mínimo, hubo poco rigor en la gestión de los fondos públicos y la Fiscalía exige a los procesados que devuelvan a la Junta la friolera de 741,5 millones de euros. En su escrito, la Fiscalía Anticorrupción reprocha claramente a Griñán y los otros acusados que "no pusieran freno" al uso de las transferencias para el pago de las ayudas de los ERE, a pesar de que los informes de la Intervención General de la Junta alertaban de las distintas irregularidades. Aunque las responsabilidades políticas ya han sido depuradas, la Fiscalía pide, en definitiva, cárcel para todo un periodo de la historia andaluza en el que, presuntamente, se usaron enormes cantidades de dinero público con discrecionalidad y obviando los controles. Una vez más, el clientelismo aparece como uno de los grandes males de la política española. Evitarlo en lo posible debería ser uno de los principales objetivos de la regeneración democrática.