Cañete niega la existencia de un "procedimiento específico" para defraudar

El ex director de IDEA Jacinto Cañete ha negado este miércoles la existencia de un "procedimiento específico" para defraudar con las ayudas sociolaborales y a empresas que gestionaba la Consejería de Empleo y que eran abonadas mediante transferencias de financiación a esta agencia pública.

A preguntas de su abogado defensor, Juan Carlos Alférez, el ex director de IDEA ha negado la existencia de ese denominado "procedimiento específico" de los ERE que da nombre al juicio, ya que a su juicio lo que existe es un "mecanismo previsto por el Parlamento y legal", de un lado, y una "relación con un ente instrumental acatando la orden de pago" que llegaba desde la Consejería de Empleo.

Además, Cañete ha dicho que está "convencido" de que el director de Trabajo y Seguridad Social, encargado de la concesión y tramitación de las ayudas, "utilizó el procedimiento adecuado" para la gestión de las ayudas.

El ex alto cargo, que se enfrenta a una petición de ocho años de prisión y 30 años de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha explicado sobre los dos informes de la Intervención de cumplimiento que recibió relativos a los años 2007 y 2008 y el informe de las cuentas anuales de 2006, que ninguno requería una actuación por parte de la agencia IDEA, dado que sólo advertían de la "inidoneidad de la partida presupuestaria" 31L, pero eso, ha añadido, es algo "que no dependía" de la agencia, y ha asegurado que en el informe de 2008 esa inidoneidad "ya no opera" porque estaba cumplida al entrar en funcionamiento el sistema de encomienda de gestión.

Además, ha dicho que en el informe de la Intervención del último trimestre de 2008 se rebaja incluso el tono de las advertencias, por cuanto el interventor ya habla de que "no parece el más apropiado" pero no cita la inadecuación del procedimiento.

Por último, Cañete ha defendido que IDEA "única y exclusivamente pagaba" las ayudas porque "todo residía en la Consejería de Empleo" y el convenio particular que se firmaba "sólo suponía aceptar el pago" después de que hubiesen sido visados por los servicios de Administración y Finanzas, y los servicios jurídicos, al tiempo que ha concluido que nunca "tuvieron la más mínima sospecha" de que hubiera irregularidades.