La Cámara de Cuentas apunta a las responsabilidades contables en Empleo

Sevilla/El filtro fiscalizador de la Cámara de Cuentas sobre el uso y el "abuso" que se hizo del programa 31L, el conocido como fondo de reptiles, no sólo pone de manifiesto que el caso de los ERE es el resultado una gestión plagada de presuntas irregularidades, sino que apunta a que de lo que pasó entre los años 2001 y 2010 en la Consejería de Empleo, pueden derivarse responsabilidades contables y administrativas. El informe ya está en manos del Tribunal de Cuentas -es un procedimiento obligado-, que es el único ente fiscalizador del país que además tiene capacidad de enjuiciar y que, por tanto, ante lo detectado por la Cámara andaluza, su fiscalía podría abrir una investigación. Eso irá para largo, pero este órgano no suele quedarse de brazos cruzados cuando ya le han puesto sobre la pista. También el informe llegará hoy a la Fiscalía Anticorrupción, que ya investiga por la vía penal.

Lo que el informe de la Cámara de Cuentas constata es que bajo el paraguas de que estas ayudas sociolaborales eran subvenciones excepcionales -no sujetas ni a bases reguladoras ni convocatoria pública-, se dio pie a prácticas anómalas y, directamente, al abuso. La primera, persistir en su excepcionalidad a pesar de dilatarse durante diez años y no dotarlas de un procedimiento reglado, algo que, sin embargo, sí existía en otras líneas de subvenciones de otras consejerías. Esa falta de control permitió que Empleo no fijara requisitos para los beneficiarios, para la aceptación o rechazo de las solicitudes, plazos ni mecanismos para comprobar si se cumplía el fin al que iban destinadas, y abriera la puerta a un "abuso de los márgenes la discrecionalidad administrativa". Eso, según la Cámara, queda probado en la alta concentración de ayudas en determinadas empresas y áreas geográficas "sin acreditar" el fin o interés público . Y ahí es dónde aprecia que están los indicios de responsabilidades contables y administrativas.

Sin entrar en la dimensión político del caso, el ente no reduce esas responsabilidades a la Dirección General de Trabajo (DGTySS) y a quien era su titular en ese periodo, Francisco Javier Guerrero -ni le menciona-. Pone la lupa en que, durante esos diez años, no se dio ninguna delegación de competencias del consejero a favor del director general para que sobre él recayese la concesión de subvenciones y ayudas del 31L. Pero eso, lejos de admitirlo como argumento para justificar ignorancia de lo que estaba pasando con ese fondo, la Cámara apunta que lo "dilatado del periodo" en el que se dejó el fondo en manos de la DGTySS, y el hecho de que "participaba en los órganos de gobierno del ente instrumental -IFA-IDEA- ponen de manifiesto el conocimiento de la gestión llevada a cabo por la DGTySS". No da nombre ninguno, ni de ninguna consejería -la de Economía estaba entonces en manos del hoy presidente de la Junta, José Antonio Griñán-, pero en la etapa investigada los responsables de la Consejería de Empleo fueron José Antonio Viera y Antonio Fernández, este último imputado en el caso y que estuvo en prisión hasta agosto.

Del papel jugado por la Intervención General de la Junta, la Cámara viene a dar la razón a lo que declaró ante la comisión parlamentaria de los ERE el que en ese periodo fuera ex interventor general, Manuel Gómez: si no hubo informe de actuación -máximo nivel de alerta que debe llegar hasta el Consejo de Gobierno- sobre las deficiencias detectadas, fue porque no se apreció menoscabo de fondos públicos.