El juez de Cádiz se inhibe a favor de Alaya en la investigación de Ángel Ojeda

El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena, se ha inhibido a favor de la juez Mercedes Alaya en la investigación de los cursos de formación que afecta al ex consejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda, aunque esta inhibición llega cuando la magistrada sevillana ya había decidido imputar en esta causa al ex alto cargo andaluz.

Fuentes judiciales confirmaron ayer que el juez de Cádiz ha dictado un auto en el que remite la investigación iniciada en agosto pasado con la detención de Ángel Ojeda al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, como le había solicitado la Fiscalía de Cádiz. Según estas fuentes, López Marchena reconoce en la resolución que Alaya es la competente para investigar las presuntas irregularidades que se atribuyen a Ojeda porque ésta ya había iniciado una investigación por los mismos hechos con anterioridad y Alaya es la magistrada que primero inició las diligencias.

La juez Mercedes Alaya acusó recientemente al ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda Avilés de usar "sus influencias en la Junta" para hacerse con ayudas por importe de más de 33 millones "en poco más de año y medio" en relación con la formación de los ex trabajadores de Delphi.

En un reciente auto, Alaya se colocó a la vanguardia de las investigaciones de los cursos de formación con la imputación en la causa de Ángel Ojeda, segundo alto cargo que tendrá que declarar en relación con las subvenciones públicas dirigidas a la formación de parados tras la implicación del ex consejero de Empleo Antonio Fernández.

En el auto dictado el pasado día 11 de septiembre, la magistrada fundamentó la imputación de Ángel Ojeda -que ya fue detenido en agosto pasado por otro juzgado de Cádiz por los mismos hechos que investiga Alaya desde hace más de un año- en el informe de la dirección general de la Inspección de Trabajo, que alertó del "grave perjuicio" que se había ocasionado al patrimonio de la Seguridad Social, al presupuesto del servicio de empleo estatal y al presupuesto de la Junta de Andalucía por conceder ayudas a la formación incumpliendo la normativa específica prevista para estas subvenciones otorgadas a las empresas de Ángel Ojeda.

Alaya señalaba que "en poco más de año y medio" las entidades pertenecientes a Ojeda, integradas todas en el grupo Prescal, habrían recibido con cargo al programa 32D del plan para los ex trabajadores de la multinacional automovilística Delphi la suma de 33.309.789,16 euros en concepto de "subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación", todo ello a través de cinco asociaciones controladas por el ex alto cargo autonómico: AEA (Asociación de Empresas Aeronáuticas); Humanitas (Asociación de apoyo a la Integración); Innova (Asociación para la Sociedad de la Información); Inteca (Asociación para la Calidad Europea); y Natura (asociación para el Apoyo al Medio Ambiente).

Las ayudas fueron otorgadas el 10 de agosto de 2009 y el 3 de diciembre de 2009 y habrían sido obtenidas por Ojeda, precisó la magistrada, "gracias a sus influencias en la Junta de Andalucía en virtud de sus antiguos cargos y contactos".