Bruselas insiste en su "preocupación" por Doñana tras la entrevista con Fernández Pacheco

La proposición de ley del Parlamento andaluz sobre los riegos de Doñana "puede ir en la dirección contraria" a lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado ya sobre este espacio natural. Ésta iniciativa, promovida por el PP y Vox, puede ayudar a "deteriorar" más este humedal, por lo que España debe adoptar más medidas para protegerlo, con independencia del impacto negativo en la legislación.

Ésta ha sido la respuesta que la Comisión Europea ha dado a la visita que el consejero de Medio Ambiente de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, ha realizado este lunes a Bruselas. El titular andaluz se ha reunido con el comisario europeo del ramo, el lituano Virginjus Sinkevicius, en un encuentro al que ha asistido un representante de la Abogacía del Estado porque, según el Gobierno central, se produce "en un contexto de procedimiento abierto" contra España. El comisario ha trasladado a Fernández Pacheco su preocupación por el cumplimiento de la sentencia sobre el parque.

Esta sentencia acusaba a España de no proteger, de modo efectivo, los hábitats del espacio de Doñana, y de no haber tenido en cuenta en el anterior Plan Hidrográfico del Guadalquivir, de 2015 a 2021, ni la extracción ilegal de agua en los pozos ni los recursos subterráneos que abastecen a la urbanización de Matalascañas. La Junta de Andalucía, responsable en buena parte de la gestión del parque nacional y natural, es competente en el cumplimiento de la Directiva Hábitats. El nuevo plan del Guadalquivir, ya redactado por el Gobierno de Pedro Sánchez, actualiza esta obligación, pero Bruselas entiende que España aún debe demostrar cómo va a cumplir con la sentencia.

Ramón Fernández Pacheco aseguró, a la salida del encuentro, de media hora de duración, que había explicado al comisario que la ley no iba a afectar ni al cumplimiento de la sentencia ni al acuífero. Desde Madrid, la ministra de Transición Ecológica, sostuvo que la entrevista del consejero con el comisario "no es una reunión de cortesía". "La Comisión entiende y conoce la situación", indicó Ribera, que llegó a proclamar que "la Comisión no es tonta", en referencia a la valoración que, desde la Junta, se había hecho de esta visita.

Un portavoz de la Comisión Europea ha insistido en que el Ejecutivo de Bruselas está "profundamente preocupado" por el hecho de que la legislación andaluza podría "deteriorar" el humedal protegido de Doñana, uno de los mayores de Europa y de suma importancia para la coherencia de la Red Natura 2000. Para la Comisión, la aplicación "plena y oportuna" de las sentencias del TJUE se mantiene como una "prioridad".

El comisario, "consciente de la importancia del regadío para la economía local", ha recordado que la legislación de la UE exige un uso sostenible del agua y la conservación de los espacios protegidos, especialmente ante el episodio de sequía que sufre España, ha alertado de que un mayor deterioro del estado de las masas de agua subterránea puede tener efectos desastrosos para la conservación de los frágiles ecosistemas de los humedales de Doñana, que es uno de los "puntos calientes" de biodiversidad de la UE.

Bruselas ha subrayado que existen pruebas fehacientes de que la agricultura intensiva y los complejos turísticos cercanos están relacionados con la reducción de las balsas en toda Doñana, lo que demuestra que los niveles actuales de explotación de las aguas subterráneas son "insostenibles" y requieren medidas "urgentes" para controlar las extracciones.

En este sentido, las mismas fuentes comunitarias han afirmado que el proyecto de ley propuesto crea un marco jurídico "favorable" para el reconocimiento de derechos de uso de aguas pluviales y derechos de uso de aguas superficiales que se sumarían a la "presión excesiva" sobre las ya sobreexplotadas masas de agua subterránea.

Sinkevicius ha avanzado que ahora la Comisión evaluará "detenidamente" las aclaraciones facilitadas en las cartas del Gobierno español y de la Junta de Andalucía el pasado viernes. Esta fue la respuesta que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dio a Bruselas, ante la protesta inicial que el comisario realizó al conocer la tramitación en el Parlamento andaluz.