Entre el ‘Brexit’ y la pared

Los británicos andaluces miran el horizonte del Brexit Brexit y cruzan los dedos. El sentimiento generalizado es de abandono. “Estamos olvidados. Fuera de la vista y de la mente de nuestro Gobierno”, resume Anne Fernández, afincada en Mijas (Málaga) desde hace lustros.

En Andalucía residen de derecho más de 75.000 ciudadanos del Reino Unido, una cifra que prácticamente se dobla si se tiene en cuenta a los que no figuran en el padrón. Unos llegaron espoleados por el espíritu victoriano de la aventura, otros persiguiendo el sueño inglés de jubilarse en una casa con jardín y, en definitiva, todos buscando un lugar bajo el sol.

La mayoría ha elegido la costa mediterránea, con una especial predilección por Málaga, donde se ha establecido el 60% (46.583). Destaca Mijas, con 7.800 británicos, como la población andaluza con más residentes del Reino Unido en el censo.

Sin embargo, no todos viven al borde del mar. De hecho, el padrón de 98 de los 102 municipios malagueños recoge a ciudadanos del Reino Unido con ejemplos sorprendentes como Mollina, enclavada en la vega de Antequera, a 70 kilómetros del borde de la playa y 15% de residentes ingleses.

Los británicos pueblan la Andalucía "vaciada"

Junto a Málaga, aparecen en orden de preferencia Almería (14.424) y Granada (5.297), provincias que resumen con mayor claridad cómo hasta en el rincón más ignoto de Andalucía siempre hay un inglés. Un ejemplo elocuente es Chris Stewart. Batería de Génesis en tiempos pretéritos, ahora escribe libros y esquila ovejas en El Valero, un cortijo remoto de Órgiva, en La Alpujarra granadina. Son muchos los chris stewarts repartidos por Andalucía, tantos, que en Partaloa (Almería, 1.055 habitantes), suponen el 56% del censo y son el corazón que bombea vida a este minúsculo pueblo de la comarca del Almanzora.

Nadie acierta a explicar cómo y por qué llegaron los ingleses a Partaloa. Ni tiene el misticismo literario que imprimió Gerald Brenan a La Alpujarra, ni responde a los tópicos del sol y playa. Allí el paisaje es hermoso y feroz, dominado por gigantes bloques de piedra que la erosión ha descarnado y ahora cuelgan de las laderas.

“Para nosotros son el maná. El pulmón del pueblo”, confiesa su alcalde, Antonio Peñuela. A los 600 censados se suman otros tantos fuera del padrón que en conjunto han hecho posible que el pueblo no engrose la lista de la Andalucía que se vacía, tenga tiendas y bares, una población constante que paga IBI, agua y demás recibos, y que, sobre todo, ha conseguido el milagro mantener abierta la escuela.

Pocos niños tienen tantas oportunidades de una inmersión lingüística como los 16 alumnos de las dos unidades del Colegio Rural Medio Almanzora en Partaloa. Remedios Pérez, maestra del aula que agrupa a los escolares de tercero a sexto de Primaria, cuenta y recuenta: tres ingleses, una de padre inglés y madre española, otro ruso, pero que habla español perfecto, una belga, otra niña marroquí y Lucía, “que es española”, anota. A la luz de su experiencia sostiene que esta amalgama de nacionalidades, culturas y niveles educativos tiene sobre todo ventajas.

María Arán dirige este colegio con 143 alumnos en unidades escolares dispersas en seis municipios, todos con muchos británicos. En Partaloa y Arboleas son más de la mitad de la población, pero en otros tres también superan el 10%: “El hándicap puede ser el idioma porque a los niños les cuesta aprender, pero es positiva esta diversidad cultural y lingüística”.

Un éxodo con cuentagotas

Desde que hace dos años se celebró el referéndum del Brexit ha habido movimientos. Antonio Peñuela calcula que unos 200 ingleses han vendido sus casas y han puesto pies en polvorosa. Unos empujados por una edad, otros posiblemente por la incertidumbre. La cifra es escandalosamente alta para un pueblo de esta magnitud pero el alcalde de Partaloa no se queja. “Han vendido a franceses y belgas. Ahora tenemos niños belgas en el colegio”, se consuela.

A 300 kilómetros de Partaloa, el alcalde de Mijas, José Antonio González, calcula que los datos oficiales reflejan tímidamente la realidad porque calcula que los británicos representan el 20% de la población local, por mucho que el padrón indique que son el 10%.

El empadronamiento ha crecido notablemente en los últimos años ante la necesidad de disponer de algún documento acreditativo de la residencia si en un futuro, más o menos distópico, más o menos inmediato, se aplicara la ley de extranjería a los vecinos de nacionalidad británica.

Pero son muchos los que están fuera del padrón. Tiene que ver con la resistencia a los registro oficiales de los nacionales de un país en el que han fracasado todos los intentos de crear un documento nacional de identidad porque se ha entendido como una intromisión insoportable en la privacidad. También se explica porque son muchos los residentes a tiempo parcial.

“Viven durante cuatro o cinco meses aquí, en su casa, pero vuelven en verano. ¿Qué va a pasar con ellos?”, se pregunta Anne Fernández, presidenta de Brexpats in Spain, una asociación surgida para hacerse ver y oír. Una aplicación estricta de la Ley de Extranjería equivaldría perder la condición de residentes y pasar a ser turistas. Significa que no podrían residir más de 90 días consecutivos en España.

Dudas sobre el acceso a la sanidad pública

El acceso a la sanidad pública es la otra gran cuestión. El Ejecutivo británico se ha comprometido a sufragar la sanidad durante seis meses si se produce un Brexit sin acuerdo. Además, ha propuesto a cada estado de la Unión Europea que se mantengan las actuales condiciones sanitarias hasta el 31 de diciembre del año que viene.

Para Anne Fernández, estos compromisos ni son suficientes ni calman las inquietudes. Recuerda que hay una mayoría de jubilados que acuden al sistema público español y que difícilmente serían ahora aceptados en una aseguradora privada: “Son mayores y muchos tienen enfermedades crónicas”.

“Estamos a días del Brexit y nadie sabe qué va a pasar. Esta inseguridad es lo peor”, recalca la presidenta de Brexpat in Spain. Le duele estar fuera del interés de Downing Street, pero también de sus compatriotas en las islas británicas. “Se creen que en España estamos todo el día tomando el sol y bebiendo gintonic. No comprenden cómo nos afecta todo esto”.

Hay múltiples los interrogantes sin respuesta, como el reconocimiento de las cotizaciones a la Seguridad Social. La gama de profesionales activos establecidos en Andalucía es amplia: constructores, fontaneros, camareros, agentes inmobiliarios, abogados... atraídos por la demanda fiel de una comunidad apegada a su cultura y a su idioma, que puede vivir en una cortijada del interior de Andalucía a 40 grados en verano, pero que a las siete de la tarde cena.

La llegada primero de jubilados animó después a sus hijos a mudarse a España, generando la masa crítica suficiente para atraer a emprendedores que ya habían cotizado en el Reino Unido y después lo han hecho en España. Ahora les angustia que sus jubilaciones se puedan ver mermadas porque lo aportado a la Seguridad Social de un país no sea reconocido en el otro.

El Gobierno español, en un real decreto aprobado en marzo, ha establecido un plan de contingencia para hacer frente al Brexit que contempla la cobertura de servicios mínimos y el mantenimiento de la residencia legal, pero con condiciones: los británicos dispondrán de estos derechos durante 21 meses siempre y cuando el Reino Unido también se los reconozca a los españoles residentes en su suelo.

“Estoy casi segura de que se firmará un tratado bilateral y todo quedará regulado, pero no tenemos garantías de nada”, apunta la abogada británica Victoria Westhead, desde su despacho profesional de Benalmádena (Málaga). Detrás de su confianza se adivina una sombra de temor porque fue, precisamente, el rechazo a la inmigración europea uno de los combustibles imprescindibles de la mecha del Brexit.

El desasosiego es importante: “Hay muchas personas mayores, vulnerables, que no hablan español, que llevan muchos años viviendo aquí, a veces sin vínculos con el Reino Unido, a los que no les llega la información y que no se manejan bien en internet”, describe Victoria Westhead.

Optimistas, pese a la caída de la libra esterlina

“Muchos han vendido sus casas allí y tampoco tienen opciones de volver”, agrega John Brebner, abogado británico jubilado y director en la Universidad de Málaga del único grado de Derecho Inglés que se imparte en España reconocido para ejercer en el Reino Unido.

“Al final prevalecerá el sentido común. Tiene que ser así. A nadie le interesa lo contrario”. Alude al impacto de la comunidad británica en la economía local y el turismo, pero también subraya los servicios “indispensables” que prestan en Inglaterra los jóvenes españoles “altamente cualificados” que han emigrado en los últimos años.

Todas las fuentes coinciden en el daño que ya ha infligido este desconcierto pre-Brexit. El principal, sin lugar a dudas, es el agujero que la depreciación de la libra ha abierto en el bolsillo de sus jubilados. Desde que se empezó a fraguar el referéndum del Brexit hasta ahora ha caído un 20% y lo peor es que todavía no se sabe dónde puede estar su suelo. “De momento, se han parado las inversiones”, subraya la abogada Victoria Westhead. El dato no es menor. La comunidad británica es la principal fuente exterior de inversión en el negocio inmobiliaria de la costa mediterránea.

La Junta de Andalucía ha cifrado el daño del Brexit en la economía andaluza en 1.100 millones por su efecto en el turismo, la inversión y las exportaciones. Sin embargo, todavía nadie ha estimado las secuelas del Brexit en las economías municipales, pero no es difícil hacerse una idea.

Sólo hay que pensar que cerca del 1% de la población andaluza no sabe cuál será su estatus legal en España dentro de unos días. En 40 municipios, los británicos suponen más del 10% del padrón municipal. Y no todos viven en las grandes aglomeraciones costeras. Partaloa no es una excepción.