Bolaños imputa a dos ex altos cargos del Gobierno de Aznar en el caso de los ERE

El caso de los ERE sube de nivel y alcanza un nuevo peldaño en la pirámide de responsabilidades que en su día dibujó la juez Mercedes Alaya. Pero ha sido ahora la magistrada María Núñez Bolaños, que continúa la investigación del escándalo de los ERE fraudulentos, la que ha dado un salto cualitativo, al imputar por primera vez y tras más de seis años de instrucción a dos ex altos cargos que formaban parte del Gobierno de José María Aznar en el año 2003, en relación con las ayudas sociolaborales que se concedieron durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva.

En un auto, la juez Bolaños ha imputado en la pieza de la Faja Pirítica a 25 personas, entre las que se encuentran la ex secretaria general de Empleo y la ex directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Carmen de Miguel García y Soledad Córdova Garrido, respectivamente, que formaban parte del Ministerio que entonces dirigía Eduardo Zaplana. Según Bolaños, ambas habrían cometido presuntamente un delito de prevaricación en concurso con uno de malversación “por conocer y permitir la inclusión de individuos que no reunían las condiciones necesarias marcadas por la propia Administración para ser receptores de las subvenciones”.

También han sido imputados seis ex altos cargos de la Junta que ya figuran en otras tantas piezas de los ERE: los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá y los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.

En el auto destacas asimismo que la juez ha decidido imputar a los ex secretarios generales de UGT-A y CCOO-A Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, respectivamente, así como otros representantes sindicales de ambas organizaciones sindicales y cinco intrusos, trabajadores de la empresa Almacenes Delgado que fueron incluidas en una de las pólizas.

La lista de los 25 investigados se completa con el dueño de Uniter, José González Mata, el abogado Carlos Leal Bonmati, y los ex secretarios general de FIA-UGT-A Salvador Mera y el ex secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO Manuel Roberto Carmona, entre otros.

De otro lado, Bolaños ha decidido no imputar a las 267 personas que aparecían como implicadas en las irregularidades en el atestado de la Guardia Civil, en su mayoría trabajadores que podrían haberse beneficiado de las ayudas sin reunir los requisitos y que estuvieron empleados en las empresas minas de Almagrera, Navan Resource, Filon Sur, Nueva Tharsis y Riotinto.

En el auto, Bolaños recuerda que el 11 de septiembre de 2002 se firmó el acuerdo marco para la aplicación de las medidas sociolaborales para la crisis de la Faja Pirítica de Huelva, al que siguió un protocolo de colaboración el 29 de abril de 2003 entre la Consejería de Empleo y los sindicatos UGT y CCOO de Andalucía, y ese mismo día se suscribió un protocolo de actuaciones para las prejubilaciones, por el cual la Junta provisionaba seis millones de euros como parte del pago de la cuota por las prejubilaciones. Este protocolo no incluía los denominados “colectivos históricos”.

Y como culminación del proceso se firmó el 31 de julio de 2003 el protocolo de adjudicación de las pólizas de prejubilaciones de la Faja Pirítica, que incluía prejubilaciones de 682 mineros.

El Ministerio de Trabajo, a través de la secretaría general de Empleo, dictó 15 resoluciones para la concesión de ayudas extraordinarias por importe de 34.594.664,01 euros, llegando a acordarse tres resoluciones por cada mina: Almagrera, Filón Sur, Nueva Tharsis, Navan Resources y Riotinto.

Para la juez Bolaños, la investigación de las ayudas para las pólizas de prejubilación de los ex trabajadores de la Faja Pirítica de Huelva ha puesto de manifiesto “tres grupos de hecho que podrían tener relevancia penal”: la inclusión en las pólizas de personas que “nunca” habían trabajado en las minas; la asignación de coeficientes reductores “falseados” para el cálculo de la “edad química” de los trabajadores sujetos a los ERE para incrementar el número de beneficiarios de las pólizas; y en tercer lugar el “papel jugado en la contratación de las pólizas de prejubilación por la asociación constituida a estos efectos por los ex trabajadores afectados a través de sus representantes sindicales y en cuyo funcionamiento habrían ostentado una posición de especial influencia” el bufete Estudios Jurídicos Villasís y la mediadora Uniter.

Según la instructora, las irregularidades alcanzarían también al destino de las cantidades que el Fogasa debía abonar a los ex trabajadores beneficiarios de las pólizas, “que deberían haber sido destinadas al pago de parte de la prima de dichas pólizas y que, sin embargo, se destinaron a fines distintos”, advierte Bolaños.

De la “escrupulosa actuación” a las irregularidades

Sobre las ayudas a la Faja Pirítica hubo dos atestados de la Guardia Civil, en el primero de los cuales se había calificado de "escrupulosa" la actuación de la Administración central, una consideración que cambió radicalmente después de haber analizado los expedientes completos del Ministerio de Trabajo que les remitió en mayo de 2015 el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

A través de los atestados, los agentes detectaron como la Administración central, "en vez de solicitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Huelva los listados de los coeficientes reductores de cada minero para poder saber si cada uno poseía realmente más de 55 años bonificados, utilizaron los listados confeccionados por el comité de empresa de cada mina", cuyas edades no coincidían con los cálculos del INSS.

La Guardia Civil concluye que ese acto es "totalmente voluntario", dado que en fechas anteriores el INSS había "avisado" de que los coeficientes aportados eran "incorrectos", y añaden que esa decisión se tomó presuntamente "debido al clima de presión generado por los sindicatos mediante manifestaciones y encierros, y además, por los reproches mutuos entre la Administración Central y la Autonómica".

La Guardia Civil advierte, como un indicio más, que en el caso de minas de Riotinto aquellos mineros que tiene menos de 55 años bonificados -según el INSS- y sin embargo aparecen reseñados como mayores de 55 y reciben la ayuda, "poseen una marca (subrayado)", de lo que los investigadores extraen que "alguien que manipuló dichos listados era conocedor de la irregularidad".

Torres Hurtado y Juan Ignacio Zoido

El acuerdo de colaboración entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía por la crisis de la Faja Pirítica fue suscrito el 27 de febrero de 2002 entre el entonces delegado del Gobierno en Andalucía José Torres Hurtado y el consejero de Empleo José Antonio Viera, y en septiembre de ese mismo año se firma el acuerdo marco que daba una solución a los mineros afectados. Desde ese momento se produce, según los investigadores de la Guardia Civil, un "clima de impaciencia" por parte de los sindicatos que se va traduciendo a su vez en un "clima de inestabilidad social que provoca que las dos administraciones involucradas comiencen a reprocharse mutuamente el por qué las ayudas previstas no se estuvieran entregando según lo acordado".

El 26 de febrero de 2003, el entonces delegado del Gobierno en Andalucía y actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, suscribió con los representantes sindicales un acuerdo para que a través de la Subdelegación del Gobierno en Huelva se remitiera a las federaciones sindicales una "declaración" por la que se iniciaba el análisis personalizado de los expedientes laborales de los trabajadores afectados en la minería de la Faja Pirítica de Huelva, con el compromiso de que el INSS "agilizará al máximo" la comprobación de los expedientes y los sindicatos, por su parte, se comprometían a iniciar el "trabajo preparatorio" para la elaboración de las pólizas de prejubilación.

La Guardia Civil concluye que todas las Administraciones "se olvidan" de que la única certificación válida es la emitida por el INSS y utilizan los "listados preliminares de los sindicatos, aun reconociendo todas las partes en sus manifestaciones que no eran las definitivas" y podían tener sospechas de que los listados "podían estar inflados". De hecho, los investigadores insisten en que ambas administraciones "eran conocedoras de que los listados presentados por los sindicatos eran erróneos al alza", pero los dieron "por buenos" y presuntamente "de forma voluntaria" utilizaron el cálculo efectuado por cada comité de empresa de la edad bonificada y no los del INSS porque "podían intuir que si lo realizaban iba a suponer una disminución de las personas que podrían acogerse a la prejubilación, y como consecuencia de ello, se iba a romper nuevamente la paz social, es decir, que para evitar la presión social de los sindicatos (manifestaciones, encierros, etc.) presuntamente permitieron de manera consciente que a individuos que no les correspondía recibieran subvenciones públicas".

La Guardia Civil imputó a los dos ex altos cargos del Gobierno central al estimar que son las personas "con competencia" para dar las subvenciones en el año 2003 y que lo hicieron "prescindiendo voluntariamente y de manera totalmente arbitraria de los cálculos del INSS". Según el atestado, de 325 ayudas sociolaborales que otorgó el Ministerio de Trabajo, en 51 de ellas no se cumplía el requisito de los 55 años "bonificados".