La juez Bolaños cita al hijo del ex consejero Ojeda como investigado

La juez María Núñez Bolaños ha citado mañana a declarar como investigado a Marcos Ojeda Medina, hijo del ex consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por el Gobierno andaluz.

Fuentes del caso precisaron que el ex consejero de Hacienda comparecerá ante la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla el próximo día 24 de mayo para declarar como investigado en el marco de la pieza relativa a su entramado empresarial. Además de la actuación de Ojeda, se investigan la de otras 13 personas, entre ellas a Francisco Aragón Odero, que también comparecerá ante la juez mañana, y al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, que está citado el próximo 10 de mayo.

El pasado 11 de abril, Ojeda compareció en la comisión de investigación en el Parlamento sobre el fraude a las ayudas de la formación, donde indicó que, "sin querer señalar a nadie", existe una "coincidencia" entre el centenar de detenciones por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en la Operación EDU Costa y la celebración de las elecciones autonómicas en Andalucía, tan solo un mes después.

Ojeda defendió que todo lo que ha hecho en su vida ha sido "legal", llegando a definirse como un ciudadano "casi ejemplar", y denunció que tras su detención por la Policía fue tratado "como si de un terrorista o un narcotraficante se tratase" y que durante los últimos 18 meses ha sido víctima de una campaña de "difamación brutal".

El pasado 21 de diciembre, la juez dividió la causa en nueve piezas, tres de ellas relativas a los entramados empresariales vinculados al ex consejero de Hacienda y al ex vicesecretario del PSOE-A Rafael Velasco Sierra y a José María Pérez González. Además de otras cuatro centradas en otros tantos consorcios públicos de formación de la Junta, como son Ciomijas, Formades, Forman y CTI.

De igual modo, la instructora ha dividido el caso en una octava pieza vinculada a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Mientras que la novena y última pieza se centrará en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), lo que está relacionado con la operación Barrado, desarrollada el pasado mes de marzo por la Guardia Civil y dirigida por la juez Mercedes Alaya.

En la pieza relativa al entramado empresarial vinculado a Ángel Ojeda, se investiga la actividad desarrollada por empresas integradas todas en el Grupo Prescal, que habría recibido con cargo al programa 32D, dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo, la suma de 33,3 millones de euros en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación "a través de las asociaciones controladas por él, denominadas AEA, Humanitas, Innova, Inteca y Natura, otorgadas el 10 de agosto de 2009 y el 3 de diciembre de 2010".

La juez dice que existen indicios de que "buena parte de los fondos percibidos para la realización de cursos en el entramado de sociedades y asociaciones vinculadas" al ex consejero, "en lugar de destinarlos a la realización de cursos para capacitarlos en orden a una posterior contratación, se simulaban contratos de trabajo con los antiguos empleados de Delphi, existiendo además una contratación irregular, no con terceros, sino con empresas del propio grupo, subcontratación irregular que se habría realizado con la finalidad de desviar los fondos a otras empresas dificultando su seguimiento".