Bolaños excluye a otros dos ex altos cargos de las ayudas de los ERE

La juez María Núñez Bolaños, que investiga la macrocausa de los ERE, ha dictado un nuevo auto en el que excluye a los ex directores de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Javier Guerrero y Juan Márquez de las ayudas concedidas para el ERE de Fundiciones Caetano, empresa siderometalúrgica asentada en Camas (Sevilla) desde los años 40 del pasado siglo.

Esta empresa entró en crisis a mediados de 2003-2004, cuando China subió repentinamente el precio de la chatarra, la principal materia prima de la empresa, cuyo valor llegó incluso a duplicarse. En esta situación, la sociedad solicitó en 2004 un ERE para prejubilar a 21 trabajadores y reducir el gasto salarial, pero en el año 2006, con la empresa ya en concurso voluntario de acreedores, solicitó otro ERE para 17 empleados más, para "intentar salir de los números rojos".

En un nuevo auto, la magistrada ha acordado, además de apartar del procedimiento a estos dos ex altos cargos -que están siendo enjuiciados en el denominado "procedimiento específico" de los ERE-, sobreseer provisionalmente las actuaciones contra el ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín, por cuanto la magistrada considera que "ninguna participación, responsabilidad o o relevancia puede tener la actuación de un directivo de Vitalia en la forma de tramitar una subvención por parte de la entidad pública y mucho menos en la procedencia del erario público destinado a dicha subvención".

En ninguno de los ERE de esta empresa se detectaron intrusos, dado que todos los trabajadores "reunían los requisitos para acogerse al ERE", y la Junta pagó 684.000 euros por el primero de los expedientes, y 2,9 millones por el ERE de 2006.

Con anterioridad, la juez Bolaños ya había excluido a otros ex altos cargos de esta pieza separa de los ERE, entre ellos, el ex consejero y el ex viceconsejero de Empleo Antonio Fernández y Agustín Barberá, respectivamente, en aplicación del criterio de la Audiencia de Sevilla de que sólo debe haber un juicio para los 22 ex altos cargos procesados en la pieza política de los ERE.

En la nueva resolución, la instructora señala que en el "procedimiento específico" se enjuicia no sólo toda ayuda sociolaboral sino también las ayudas directas, que comprenden en el caso de Guerrero las 617 ayudas sociolaborales y 270 ayudas directas cuyo pago se articuló a través del IFA-IDEA en virtud de los convenios y transferencias de financiación, "eludiendo el procedimiento legal para ello, los mecanismos de control de la concesión y destino de las ayudas, entre ellos los investigados en esta causa". Y añade que a Guerrero se le imputó en esta pieza "por su conocimiento y uso de este sistema para desviar fondos de modo discrecional y arbitrario, hechos que son objeto" del juicio del procedimiento específico.