Bolaños eleva a la Audiencia para su enjuiciamiento la pieza separada por las pólizas de Cenforpre

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha remitido a la Audiencia de Sevilla para su enjuiciamiento la pieza separada por las pólizas suscritas para el Centro para la Formación y Prevención Laboral (Cenforpre), pieza en la que están acusadas cuatro personas, entre ellas el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero.

En una diligencia de ordenación fechada el día 9 de febrero, el juzgado pone de manifiesto que, "estando conclusa la fase intermedia, conforme a lo previsto en el artículo 784.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, remítase el presente procedimiento a la Audiencia Provincial en formato digital para su reparto", de forma que, "una vez se turne a la Sección correspondiente, se remitirá en formato papel".

Este procedimiento consta en formato papel de 29 tomos, 13.336 folios y 9 partes, así como seis piezas de responsabilidad civil. Se trata de la quinta pieza separada del caso ERE que el Juzgado eleva a la Audiencia de Sevilla para su enjuiciamiento tras las relativas al denominado procedimiento específico, Acyco, Surcolor y Surcolor Óptica, y la pieza separada contra Francisco Javier Guerrero y su ex chófer Juan Francisco Trujillo, según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En septiembre pasado, la juez María Núñez Bolaños impuso una fianza de 640.000 euros al ex director de Trabajo Javier Guerrero y al ex futbolista del Osasuna y del Atlético de Madrid José Antonio Gómez Romón, conocido popularmente como Pizo Gómez, en relación con las pólizas suscritas Cenforpre.

La instructora reclamó la misma fianza de 640.000 euros para los otros dos procesados: el jefe de Pizo Gómez, José Miguel Errecalde, y el directivo de Vitalia Antonio Albarracín, y también como responsables civiles subsidiarios a las entidades Cenforpre y Holding Europeo Tindex S.L.

La juez abrió contra estos cuatro investigados, pero no contra el ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, a quien "excluyó" recientemente de esta pieza en aplicación del criterio fijado por la Audiencia de Sevilla respecto a que haya un solo juicio para cada uno de los ex altos cargos que van a ser enjuiciados en la pieza del denominado "procedimiento específico" de los ERE, de acuerdo con el principio legal non bis in ídem, una vez que el tribunal ha considerado que ese juicio engloba al resto de las piezas que se investigan en esta macrocausa.

A Javier Guerrero se le abrió juicio por delitos de prevaricación, malversación y asociación ilícita, los mismos que a Pizo Gómez, mientras que Antonio Albarracín y Miguel Errecalde han sido procesados como cooperadores necesarios de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

En esta pieza se investiga la suscripción el 1 de agosto de 2007 de una póliza de rentas de supervivencia y nueve pólizas de capital diferido por José Antonio Gómez Romón, por mediación del que fuera su jefe en la empresa Cenforpre, José Miguel Errecalde Treviño, pólizas por las que percibiría "a sabiendas que ningún derecho tenía a recibir tales rentas la suma de 491.424,43 euros desde el 1 de septiembre de 2007 hasta el 31 de agosto de 2008", y que se ingresaron en una cuenta de la que es titular y que se cobró íntegramente, según aseguró la juez en el auto de procesamiento. De esas pólizas fue tomador la dirección general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo Javier Guerrero y con el importe de esas rentas fue abonando las cuotas de amortización de un préstamo que pidió en la Caja Rural de Navarra de 500.000 euros.

Dice la instructora que serán enjuiciados en esta pieza todos aquellos que "de forma activa y consciente" participaron en la gestión, concesión de ayudas desde todos los ámbitos administrativos o privados, o se beneficiaron ilícitamente de las mismas. Bolaños explica que la hipótesis inicial sostenida en este caso era que Gómez Romón, "prevaliéndose de la amistad que su jefe, el señor Errecalde, tenía con el señor Guerrero, consiguió para éste una póliza bajo la apariencia de pago de un supuesto servicio, que no era real" pero esta hipótesis "ha sido absolutamente descartada tras la práctica de las diligencias desarrolladas".

Sin embargo, Bolaños destaca que de las diligencias practicadas se desprende la existencia de "indicios racionales de criminalidad que permiten, con la provisionalidad propia del momento procesal en que nos encontramos determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos delictivos".

Así, la juez entiende que el entonces director de Trabajo Javier Guerrero otorgó como "medio para el pago de unos servicios prestados por la empresa Centros para la Formación y Prevención Laboral (Cenforpre), una póliza de rentas de supervivencia y nueve de capital diferido".

Cenforpre, proseguía el auto, realizaba programas de formación para la Junta de Andalucía y venía cobrando dichos servicios mediante transferencias bancarias, pero los últimos cursos realizados, concretamente, un proyecto de divulgación de riesgos laborales (formación de graduados de colegios profesionales), iniciado en 2004 y finalizado en 2006, "no podían pagarse por falta de presupuesto" y "esta parece ser que fue la causa por la que Guerrero propone al señor Errecalde pagar mediante una póliza de rentas".

Pero para ello era necesario que apareciera como "beneficiario" una persona física y Errecalde propuso a su empleado, Pizo Gómez, para que apareciera como beneficiario de la póliza a la hora de cobrar esos servicios. Gómez aceptó y percibió 491.424,43 euros que utilizó para avalar un préstamo de 500.000 euros que solicitó a la Caja Rural de Navarra para pagar una deuda a Hacienda, "habiendo devuelto Errecalde unos 200.000 euros".

La utilización de este sistema, el uso de pólizas para resolver estos asuntos, según declaró Guerrero ante la Policía, era un "método conocido y consentido" por el entonces consejero de Empleo Antonio Fernández, añade la juez.

El directivo de Vitalia Antonio Albarracín, según el auto, "conocía la irregularidad" de la póliza de Pizo Gómez, mientras que el ex diputado socialista vasco Antonio Aso Martínez –que fue finalmente exculpado- era un "técnico que gestionaba y organizaba la realización de estos cursos" que se realizaron realmente y en los que Bolaños no ve "indicios de participación alguna en el cobro de los mismos ni en la emisión de la póliza". Para la juez, "no ha quedado acreditada la existencia de mínimos indicios de su participación dolosa en los hechos", por lo que acordó en su día el sobreseimiento respecto a Antonio Aso Martínez.