Bolaños acusa al PP de querer "un juez a la carta" para la macrocausa de las transferencias de IDEA
La juez rechaza la recusación planteada por los populares, al entender que no puede ser apartada por un motivo "tan genérico" como que su cuñada trabaje actualmente en la agencia
La juez María Núñez Bolaños no ve ningún "interés directo o indirecto" suyo para que tenga que abandonar la instrucción de la macrocausa de las transferencias de financiación recibidas por el IFA/IDEA por el hecho de que su cuñada esté trabajando actualmente en esta agencia pública como técnico, dado que su trabajo "no se puede relacionar con la posibilidad probable de que pueda tener relación con los hechos investigados, que se remontan a los años 2003 a 2010, ni de sus jefes actuales, a los cuales se trae a colación sin que le una a los mismos relación alguna".
La magistrada ha remitido un informe a la Audiencia en el que rechaza la recusación planteada por el PP, al estimar que no se puede hacer una interpretación analógica "tan extensa" como la que a su juicio realizan los populares, por cuanto admitir esta causa "tan genérica de recusación sería como sostener que un juez no puede conocer de hechos relacionados con una determinada Consejería porque tenga un familiar que trabaje en la misma". O también que "no pueda instruir sobre una negligencia médica porque un familiar nuestro sea conserje en un hospital".
Dice Bolaños que admitir "tal amplitud, imprecisión y extensa analogía sería permitir la elección del juez a la carta", sentencia la magistrada, que mientras se sustancia la recusación ha dictado una providencia en la que remite las actuaciones al juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, el sustituto legal del juzgado que dirige, el número 6.
La magistrada añade que su cuñada, María Guija, "no es parte en el procedimiento", por lo que entiende que no concurre la causa de abstención y recusación, y rechaza que tenga interés en no traerla como investigada por un vínculo afectivo que la juez tilda de "inexistente". "Aun teniendo serias dudas sobre la probabilidad de que la señora Guija sea llamada al proceso, no señala el Partido Popular una causa concreta y determinante de esa posible llamada más allá de la afirmación genérica de que trabaja en IDEA como técnico, lo cierto es que de ser llamada debería abstenerme por dos motivos: relación de parentesco por afinidad y enemistad manifiesta" (sic) y "no duden por un momento que sería la primera en abstenerme sin necesidad de que lo solicitara el Partido Popular", asevera Bolaños.
La acusación popular que ejerce el PP-A presentó en octubre del año pasado un incidente de recusación contra la magistrada, al estimar que la magistrada debió de abstenerse de conocer esta causa por razón de parentesco y por tener "interés directo o indirecto" en el pleito o causa, de acuerdo con el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
La formación que lidera Juanma Moreno sostenía que María Guija Villa, hermana del marido de la juez Bolaños, como técnico del área de control y seguimiento de la agencia IDEA, se encarga del "uso de los fondos públicos que maneja IDEA, incluidas las transferencias de financiación provenientes de las Consejerías de Empleo e Innovación" y recordaba que la magistrada instruye la causa sobre el "uso inadecuado de las transferencias de financiación de la agencia IDEA".
Los populares señalaban que habían tenido conocimiento del "irregular acceso al puesto de trabajo de María Guija, "que al parecer accedió a un contrato de trabajo indefinido en la agencia IDEA en el año 2003 de la mano del entonces secretario general Francisco Oyonarte" y que podría ser "una de las 12 personas contratadas con carácter indefinido por el IFA durante el ejercicio 2003, cuya contratación se ha realizado vulnerando los principios y el procedimiento establecidos en el artículo 15 del convenio colectivo". "Dicho en términos latinos, Do ut Des" (¡te doy para que me des!), añadía el escrito de recusación.
Según fuentes de la agencia IDEA consultadas por este periódico, María Guija, licenciada en Derecho, es una funcionaria de nivel técnico inferior, que realiza funciones administrativas o de secretaria, y además su labor en ningún momento tiene "nada que ver" con la gestión de las transferencias de financiación, sino con el seguimiento de los fondos propios de la agencia, realizando una labor "meramente administrativa y sin capacidad de resolución".
Así, señalan que María Guija se ha encargado del control y seguimiento de las subvenciones concedidas por IDEA, es decir, una vez justificadas las ayudas por el beneficiario, como técnico de la agencia se encargaría de analizar dicha justificación es correcta o si hay que solicitar el reintegro de parte de la misma.
Los populares sostenían igualmente en el escrito de recusación que la juez María Núñez Bolaños, "a través" de su cuñada, "pudiera haber obtenido ciertos datos o informaciones de manera extrajudicial que le hayan llevado a formar unos prejuicios incompatibles con la imparcialidad, siendo la mera sospecha de que ello haya sido posible o haya pasado, una razón suficiente para apreciar la causa de la presente recusación, en cuanto la mera duda sobre si se ha perdido la apariencia de imparcialidad es suficiente para su estimación".
Y añadían que la juez Bolaños podría tener un "interés directo e indirecto" por mantener un control exhaustivo de la causa, sin presencia de otras partes incómodas para ella, en aras de evitar que su cuñada sea llamada al proceso como investigada".
Una macrocausa abierta por el juez que procesó a Chaves y Griñán
La investigación en la que se ha planteado la recusación fue abierta en mayo de 2016 por el entonces juez de refuerzo Álvaro Martín, quien coincidiendo con el cierre de la investigación del denominado "procedimiento específico" de los ERE -en el que están procesados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos- decidió abrir esta otra macrocausa, al dictar una providencia en la que ordenó deducir testimonio para investigar todas las transferencias de financiación que haya podido recibir el IFA-IDEA procedentes de las Consejerías de Empleo o Innovación de la Junta que procedan de un programa distinto a la polémica partida presupuestaria 31L, conocida popularmente como el fondo de reptiles, y que tuvieron un destino "distinto al legalmente previsto".
La decisión del juez Álvaro Martín significaba en la práctica abrir otra macrocausa en la que se investigarán todas las transferencias de financiación recibidas por la agencia IDEA en el periodo 2003-2007, y la petición de abrir esta investigación fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción. Los fiscales delegados de Anticorrupción señalaron entonces que de la documentación remitida por la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) relativa a las memorias de control financiero permanente, los informes de control financiero, y los informes trimestrales de seguimiento de IDEA desde 2005, se desprende que "la agencia ha recibido fondos procedentes de otros programas presupuestarios distintos al 31L, mediante el mecanismo de las transferencias de financiación y con un uso inadecuado de las mismas, dado que no se destinaban a la finalidad prevista legalmente para las mismas".
Tras la marcha del juez de refuerzo, María Núñez Bolaños asumió esta investigación y, al igual que hizo en otras macrocausas, decidió imponer una fianza de 30.000 euros al PP-A para ejercer la acusación popular en esta causa. La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla anuló en septiembre pasado esa fianza y requirió a la juez para que dictara un nuevo auto donde "justifique la razón de la imposición" de esta caución "que no ha venido exigiendo en otros supuestos". La juez motivó ese auto, confirmando la fianza, y el PP volvió a recurrir en apelación ante la Audiencia de Sevilla.