Bolaños rechaza la petición de Anticorrupción para aplazar las primeras declaraciones por el ERE de Egmasa

Sevilla/La juez María Núñez Bolaños ha rechazado la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción para que aplazara las declaraciones previstas para este martes de cinco imputados en relación con el expediente de regulación de empleo (ERE) de Egmasa aprobado en el año 2003 y que afectó a 373 trabajadores, ascendiendo el total de lo pagado por la Junta de Andalucía a 21,6 millones de euros. En una providencia fechada el 29 de enero, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada rechaza así la petición del Ministerio Público para que aplazara las declaraciones de este martes del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, de los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, de la exasesora de Empleo María José Rofa, y del ex director general de Finanzas del IFA Juan Vela.

Así, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla dice que "no ha lugar a lo solicitado en cuanto que las personas citadas" para este martes día 2 de febrero "se encuentran personadas en la causa desde hace tiempo, teniendo conocimiento de todas las actuaciones y de toda la documentación que acompaña unida al tomo 333, previamente incorporada a la causa". Por el ERE de 2003 de Egmasa, la instructora también ha citado a declarar el 10 de febrero el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, a los que fueran directivos de Egmasa María del Mar Espejo, Antonio del Valle y Javier Serrano Aguilar, al ex viceconsejero de Medio Ambiente Juan Jesús Jiménez Martín, que dimitió como viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales tras conocer su citación como investigado, y al liberado sindical Antonio Márquez. Asimismo, el día 11 de febrero declararán como investigados el ex director general de IDEA Miguel Ángel Serrano, el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, y los ex trabajadores de Vitalia Jesús Bordallo y Antonio Albarracín.

La instructora considera que todos ellos podrían ser responsables de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La Fiscalía, en un escrito elevado al Juzgado el 28 de enero y consultado por Europa Press, consideraba que debía procederse el "cambio, al menos", de las declaraciones previstas para este martes "y a su recolocación para los días 10 y 11", ya que "se ha de dar el traslado previsto en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a seis nuevos investigados no personados, lo que supone además de la obligación de designación de letrado y procurador, el hecho cierto de que el propio investigado y su representación, una vez formalmente personados, se instruyan de todo lo actuado hasta la fecha en esta macrocausa".

Por ello, pidió el aplazamiento como "garantía necesaria para el adecuado ejercicio del derecho de defensa de las partes y del principio de igualdad de todas ellas ante el proceso, posibilitando a las nuevas partes un tiempo mínimo y suficiente para su debida instrucción y conocimiento de la causa y no impidiendo su activa presencia en las declaraciones ya señaladas de los otros investigados ya personados y que se incluyen en dicho calendario y la adecuada preparación de la suya propia". "Esta demora en ocho días en la práctica de la diligencia en garantía de los derechos de las personas investigadas no supone un retraso significativo en la instrucción de la presente causa si atendemos a la fecha de presentación de nuestro escrito de petición de diligencias", dice Anticorrupción en referencia al escrito de 5 de noviembre de 2015 por el que solicitaba las diligencias ahora acordadas por la juez en relación a las ayudas públicas recibidas por Egmasa con cargo a la partida 31L.

Asimismo, y en relación al traslado a las nuevas partes investigadas de la integridad de las actuaciones, la Fiscalía reitera en este escrito el contenido de sus escritos de 29 de diciembre de 2015 y 15 y 26 de enero de 2016 "sobre la necesidad de práctica de diligencias y sobre la unión a la causa matriz de todos los atestados ya presentados, respectivamente".