Bolaños imputa a la cuñada de Ángel Ojeda y a otros tres ex altos cargos por las ayudas a consorcios de formación
Fraude en la Formación
Declararán como investigados el 20 de octubre, después de que la Fiscalía haya pedido su archivo en la denominada "pieza política".
La juez María Núñez Bolaños, que investiga la macrocausa de los cursos de formación, ha imputado a la ex directora general de Formación para el Empleo Teresa Florido, cuñada del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda, y a otros tres ex altos cargos de la Consejería de Empleo en las ayuda concedidas a los consorcios de formación Ciomijas y Formades. Estas imputaciones se producen tan sólo dos días después de que la Fiscalía Anticorrupción haya solicitado el archivo de la denominada "pieza política" de los cursos de formación, en la que ya figuran como investigadas estas personas.
En una providencia dictada el pasado 23 de septiembre, la instructora ha citado a declarar en calidad de investigados el próximo 20 de octubre a la ex directora general de Formación Teresa Florido, al ex director general de Empleabilidad Manuel Brenes Rivas, y al ex director general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo, Andrés Sánchez Hernández. Todos ellos declararán en relación con las ayudas concedidas al consorcio Ciomijas, precisa la juez, que también ha ordenado a la dirección general de Formación que nombre un interventor de la administración para realizar un "informe pericial" sobre las subvenciones concedidas a esta entidad.
La juez también ha citado a declarar por esta pieza a siete testigos, entre ellos Carlos Cañavate, que también ocupó el cargo de director general para la formación.
En una segunda providencia, relacionada con las ayudas concedidas al Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades) de Almonte, la juez María Núñez Bolaños, cita a declarar para el mismo 20 de octubre a siete personas: María Teresa Florido, a la también ex directora general de Formación María José Lara, al ex director general de Empleabilidad Manuel Brenes, y al ex director general Andrés Sánchez, así como a Manuel Ramírez Orihuela (hijo de la ex gerente de Formades, Ana María Orihuela, que fue detenida en la operación Barrado que dirigió la juez Alaya), a Cristóbal Ojeda Orihuela (sobrino de la ex gerente), y Juan Francisco Millán Lozano.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el atestado que remitió al juzgado, detectó una bolsa de posible fraude de 1,5 millones sobre un total de 9,5 millones de presupuesto Formades, una entidad dependiente de la Junta de Andalucía -y en un 10% de la Mancomunidad de la Comarca de Doñana-, y que disuelta en 2014 ante la elevada deuda.
Los investigadores encontraron 1,25 millones de euros destinados a sufragar contratos que, según dijo en su día la juez Alaya, fueron "concedidos ilegalmente", al haberse aplicado fraccionamientos "fraudulentos" para evitar superar el límite de la contratación menor, además de superar el máximo de un año establecido para los contratos menores. Otros 289.611 euros fueron empleados en gastos de todo tipo que no se podían abonar con cargo a los fondos de formación, como la compra de caramelos para la Cabalgata de Reyes Magos de Almonte, o cuelgabolsos y comidas.
La UCO también puso de manifiesto que Formades abonó a Manuel Ramírez Orihuela, hijo de la ex gerente, 452.859,82 euros entre junio de 2008 y noviembre de 2011 por la prestación de los servicios de mantenimiento de las instalaciones. El sobrino, Cristóbal Ojeda Orihuela, recibió del Consorcio vía transferencia bancaria 38.495,94 euros entre abril de 2010 y noviembre de 2011 por la prestación de los servicios de seguridad del centro.
Fuentes del caso han explicado este jueves que la citación como investigados de los mismos ex altos cargos a los que se ha solicitado el archivo en la "pieza política" no representa ninguna contradicción, por cuanto en estas nuevas piezas de Ciomijas y Formades se les atribuyen hechos concretos relacionados con la certificación de la justificación de las ayudas y no con una supuesta "red clientelar" para la concesión de las subvenciones, que la Fiscalía Anticorrupción ha descartado rotundamente en el escrito en el que ha pedido el archivo.
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