Barrientos dice que defendió "la legalidad y los intereses" de Estepona

El ex alcalde de Estepona (Málaga), Antonio Barrientos, acusado por corrupción municipal en el caso Astapa, dijo ayer a su salida de la cárcel, que ha actuado en "defensa de la legalidad" y que protegió los "intereses colectivos del municipio". "Confío, anhelo y deseo que en esta historia sin sentido todo se aclare", apuntó Barrientos, quien dejó la cárcel de Alhaurín de la Torre tras pagar una fianza de 150.000 euros impuestos por la juez encargada del caso, Isabel Conejo.

El ex regidor de la localidad malagueña entiende "que haya gente con cierta incredulidad e incertidumbre" sobre su implicación en el caso Astapa, pero en este sentido, ha demandado "el beneficio de la duda", ya que "hay un juez implacable que es el tiempo, que pone a cada uno en su lugar".

Acompañado por su hermano, Barrientos abandonó el centro penitenciario sobre las nueve de la noche, y afirmó que se siente "con espíritu calmado, muy sosegado y con mucha paz interior", a lo que agregó que existe "mucha gente involucrada decente y honesta que ha trabajado con integridad y honradez por el pueblo" de Estepona.

La salida de prisión del ex alcalde de Estepona estuvo marcada por la presencia de más de una treintena de periodistas, fotógrafos y operadores de cámaras de diversos medios de comunicación, que esperaron ante la puerta de la prisión de Alhaurín de la Torre desde tempranas horas de la mañana. "Agradezco las muestras de apoyo y el afecto de mucha gente", añadió Barrientos, quien reveló que lo primero que iba a hacer cuando llegara a su casa sería "comerme un huevo frito con patatas".

También abandonaron la prisión los concejales Manuel Reina y José Ignacio Crespo -ambos del Partido de Estepona- y el ex jefe del Gabinete de Alcaldía José Flores, que abonaron la fianza de 150.000 euros para poder salir en libertad provisional.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, adoptó esta decisión después de que el Ministerio Fiscal solicitara el cambio de situación personal de los imputados, que tendrán obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante los juzgados y a quienes les retirarán sus pasaportes.