Barberá rechaza que se engañara al Parlamento andaluz con la partida de las ayudas

El ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá ha rechazado esta tarde en el juicio de los ERE que se engañara al Parlamento andaluz con el uso de las transferencias de financiación a la agencia IDEA para el pago de las ayudas bajo sospecha, dado que, según ha señalado, los parlamentarios andaluces "siempre tuvieron la posibilidad de pedir" la aclaración de las memorias presupuestarias en lo que respecta a la utilización de la partida 31L.

Barberá ha destacado además que los parlamentarios andaluces formulaban "modificaciones" a la partida para que se aumentara el crédito, para lo cual ha dicho que sólo basta acudir a las actas de la Comisión de Empleo. "Me causa estupor que se intente criminalizar en esta causa el acudir a una modificación presupuestaria", algo que según ha dicho era normal porque la conflictividad que existía en aquella época "descuadraba" cualquier presupuesto.

"Todo el dinero era poco porque la situación era muy grave y la tasa de paro muy alta. Todo calendario que se hiciera era una quimera, porque al día siguiente las previsiones siempre se quedaban cortas" por el amplio nivel de compromisos que tenían que asumir, ha afirmado Barberá, que ha precisado que sólo las ayudas a Santana Motor, Boliden Apirsa y al conflicto de los mineros de la Faja Pirítica onubense "se llevaban prácticamente el presupuesto" acordado en la memoria presupuestaria de 2005, por lo que si hubiera sucedido alguna continencia en ese año habrían tenido que acudir a realizar una modificación presupuestaria.

En su declaración, que se ha prolongado durante más de cuatro horas, Barberá ha afirmado que no tuvo "ninguna duda" en ningún momento de la legalidad de las ayudas porque, según ha afirmado, "el frontispicio de su actuación venía en una ley de Presupuestos" de la comunidad autónoma andaluza y no tenía que cuestionarse algo que estaba "inserto en una ley", en alusión a la partida presupuestaria 31L, de Administración de Relaciones Laborales.

El ex alto cargo ha insistido en que los pagos que realizaba la agencia IDEA de las ayudas estaban sometidos a Control Financiero Permanente y en cuanto a la publicidad de las ayudas, ha aseverado que "toda Andalucía las conocía, porque las conocía el Parlamento y muy especialmente la Comisión de Empleo, donde era muy frecuente que se reclamasen ayudas y prejubilaciones".

El ex viceconsejero ha negado que se causara un déficit en IDEA porque la agencia "no pagaba más de lo que recibía", aunque ha reconocido que puede haber "un desfase". Ese déficit, ha proseguido, existía desde años anteriores pero era "tan normal que a lo largo de los años se eliminó y en 2010 ya no había déficit".

El fiscal delegado de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga ha llegado a cuestionar si en las distintas memorias presupuestarias se hacía "un corta y pega" a la hora de definir los objetivos de la partida 31L, a lo que Barberá ha respondido alegando que en su opinión eran "suficientemente claras".

El ex alto cargo ha reconocido que tuvo conocimiento del informe de la Intervención general de la Junta relativo a la fiscalización de la agencia IDEA del año 2003 en el que cuestionaba la "idoneidad" de las transferencias de financiación, porque entendía que éstas sólo podían emplearse para cubrir déficits de explotación de la agencia pero no para el pago de las ayudas sociolaborales, aspecto en el que Barberá ha opinado que las transferencias "pueden tener otras finalidades como la que se le dio en la ley de Presupuestos" cada año.

Barberá ha dicho que tras ese informe se revisó el sistema de concesión de las ayudas y se decidió que "no había ningún problema en seguir funcionando como hasta ahora, aunque no es función de un interventor plantear la idoneidad de una ley", ha añadido.

El ex viceconsejero ha afirmado que las transferencias contaban con el "visto bueno" del interventor delegado de la Consejería de Empleo y ha agregado que no le cabe duda de que la Intervención "tenía conocimiento del destino final" de las mismas, que era el pago de las ayudas.

También ha asegurado que "nunca jamás" tuvo conocimiento de la inclusión de los denominados intrusos y de haberlo conocido "no lo hubiera permitido", y ha puesto como ejemplo que cuando surgió la denuncia sobre el cohecho a unos hosteleros por dos directivos de Mercasevilla –que fue el germen del que surgió la investigación del escándalo de los ERE-, lo hubiera denunciado "inmediatamente" a la Fiscalía, al igual que "hubiera hecho de haber tenido conocimiento de otras irregularidades" relacionadas con estas ayudas.

El hecho de que diera el visto bueno a la ayudas "en absoluto" suponía un control a la labor del director general Javier Guerrero, porque él no gestionaba los expedientes y sólo tenía acceso a "un papel": la relación de pagos.