Aznalcóllar, diez años

Prara el investigador del CSIC Miguel Ferrer el 24 de abril de 1998 fue un día especial. Hacía dos meses que había nacido su segunda hija y era la primera vez que él y su mujer podían permitirse un rato para ir de copas. Llegó a su casa a las seis de la madrugada y, aún despierto, recibió una llamada. La balsa donde la empresa sueca Boliden depositaba los residuos derivados de la extracción de la pirita, en Aznalcóllar (Sevilla), se había roto sobre las tres de la madrugada. “Llegaré tarde”, le dijo a su mujer. Y tanto. No vio a su familia en quince días. Unas veces se quedaba a dormir en la marisma y otras llegaba a su casa a las dos de la madrugada y estaba en planta a las cinco. Como él, científicos de toda España abandonaron sus proyectos en universidades y otras instituciones para dedicarse a una sola cosa: evitar el desastre en el Parque de Doñana y su entorno.

Agapito Ramírez trabajaba en el cuadro de control situado en la planta de tratamiento de Boliden Arpisa. El 24 de abril, como presidente del comité de empresa, tenía una cita con el resto de los trabajadores. Una asamblea en el almacén tenía que valorar un expediente de movilidad funcional y de reducción de plantilla de 25 de los seiscientos trabajadores de la mina. Ya había habido movilizaciones. Y habría más. O no. A Ramírez lo despertó sobre las cuatro de la madrugada su compañero de comité José Ramos, entonces primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Aznalcóllar. A partir de entonces los cruces de llamadas fueron continuos. Los representantes de la plantilla se reunieron en la mina, y, ya de mañana, se acercaron al puente de las Doblas, situado a pocos kilómetros, en el término municipal de Sanlúcar la Mayor, y que cruza el río Guadiamar. La pucha, como llaman los mineros al material estéril depositado en la balsa, lo invadía todo. “Vimos que eso era de envergadura y que el futuro pintaba muy negro, para nosotros y para la comarca”. Efectivamente, a las pocas horas ya estaba sobre la mesa un nuevo expediente de regulación de empleo, y esta vez afectaba a la mayoría de trabajadores. En los meses siguientes Agapito Maestre casi no pisó la mina. Se dedicó a recoger el lodo, con una “cuadrilla” de compañeros, junto al puente desde donde contempló por primera vez el desastre. Como él dice, eran “hormiguitas” entre tanta maquinaria pesada operando en trabajos de extracción.

Cinco millones de metros cúbicos de lodos pesados salieron de forma brusca de la balsa de Boliden en la madrugada del 24 al 25 de abril. En los primeros tramos la ola era de seis metros. Después, a la altura del puente de las Doblas, llegó a ser de tres y poco a poco la marea negra se fue haciendo más llana. La acción institucional inicial fue muy rápida. José Antonio Viera, entonces delegado del Gobierno andaluz en Sevilla y ahora secretario general del PSOE en la provincia, convocó a las ocho de la mañana, en el Pabellón de Cuba de Sevilla, a todos los delegados provinciales. Faustino Valdés, entonces jefe del Servicio de Protección civil y ahora subdelegado del Gobierno central en Andalucía, llamó a todos los alcaldes afectados para formar un gabinete de crisis. Se decidió todo sobre la marcha. En esas primerísimas horas de la mañana ya se estaba construyendo, con tierra, el muro de contención en la zona de Entremuros, donde el Guadiamar toca la marisma. En su construcción colaboraron desde ingenieros hasta los propios arroceros, muy buenos conocedores de la zona. A Miguel Ferrer se le vino el mundo abajo cuando el agua se paró allí y vio a cientos de peces dar coletazos contra los muros. “El agua tenía un PH de 2,5, lo que es comparable a la batería de un coche. Casi ácido sulfúrico”. Si, desde el dique en Entremuros, Ferrer miraba hacia el norte, veía ese dantesco panorama. Si dirigía su vista al sur, atisbaba, a unos dos kilómetros, otro muro. Era el que protegía el Parque Nacional, el corazón de Doñana.

Esta imagen es un símbolo de la tensión política que reinó al comienzo del desastre. Si la acción fue eficaz, la imagen no tanto. José Luis Blanco, entonces consejero de Medio Ambiente y ahora Primer Secretario de la Mesa del Parlamento andaluz, hace autocrítica. “Al principio, las relaciones fueron muy malas. Caímos en un debate estéril que generó mucho rechazo social. Cada uno nos echábamos las culpas al otro”. Lo cierto es que, técnicamente, la competencia estaba muy repartida. A la consejería de Industria le correspondía el control sobre la licencia y gestión de la mina. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tenía encomendada la labor de vigilar el uso del agua y los vertidos, y era suyo el cauce del Guadiamar. Pero los terrenos colindantes, y fueron afectadas por el vertido 16.000 hectáreas de cultivos, eran responsabilidad de la Junta de Andalucía.

Félix Pérez Miyares acababa de dejar la Autoridad Portuaria de Sevilla y, como funcionario, esperaba destino. No llegó a valorar la dimensión del desastre en el primer fin de semana, coincidente con el final de la Feria de Abril. “Salió en los medios, pero las informaciones eran muy confusas y poco detalladas”. Miguel Ferrer es crítico, en este sentido: “A la prensa se le dio una información light en los primeros momentos; el Gobierno central salvó el asunto con la famosa frase ‘el corazón de Doñana se ha salvado’ y con eso parecía todo hecho”. Pero el diario El País abrió en portada el domingo con una entrevista al propio Ferrer y un titular muy distinto: “Esta es la mayor catástrofe ambiental en Europa de la que tenemos registro”. Fue entonces cuando saltó la alarma mediática.

El lunes la entonces ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, aterrizó en la finca del Acebuche, en Doñana, donde tuvo lugar la reunión del Patronato. El ecologista Juan Romero, delante de todos los medios de comunicación presentes, escenificó la entrega en mano a Tocino de todas las denuncias que se habían presentado ante las instituciones públicas por las filtraciones de vertidos en la mina. El hecho cobraba mayor relevancia aún porque una de las reclamaciones procedía de Manuel Aguilar Campos, jefe de carga y transporte de la mina. Auguraba en su escrito un “desastre natural de consecuencias incalculables”.

Antes de recibir la llamada de Javier Arenas, y tras ese primer momento de desinformación, Pérez Miyares ya sabía que aquello era grave. Él también peregrinó en su coche particular al puente de las Doblas y quedó sobrecogido. Hubo una época en la que pasaba por allí todos los días desde Nerva, su pueblo natal, en dirección a Sevilla y Madrid, cuando era diputado. Días después habló con el ministro de Trabajo. “El presidente Aznar quiere hablar contigo. En unos días vendrá a Sevilla”, le dijo. Miyares recuerda: “Fue en el hotel Alcora. Aznar se reunió con Chaves, no me acuerdo por qué, y luego me llevó a una habitación. Me dijo que estaba disgustado y que le habían impresionado las noticias que estaba recibiendo. Afirmó que creía que era fundamental la coordinación con la Junta de Andalucía, y me pedía que me hiciera cargo”.

Miyares fue nombrado coordinador, y Aznar le añadió el adjetivo “general” porque, palabras textuales, “eso en este país se entiende muy bien”. “Viera me recibió muy mal. Dijo en prensa que no sabía a qué venía, pero nos entendimos en cinco minutos. Nuestra actuación fue leal y no política”. Hasta la llegada de Pérez Miyares, el delegado del Gobierno andaluz había sido la cabeza visible de las tareas de emergencia y contención del lodo. Se formaron siete grupos de trabajo, que abarcaban ámbitos como la agricultura, el agua o la seguridad, y no hubo límites. “Miyares y yo teníamos plenos poderes y capacidad para mover ingentes cantidades de dinero, sin ninguna traba. Celebrábamos las reuniones los lunes y el viernes evaluábamos los resultados”, afirma José Antonio Viera.

Técnicos de la Junta y de la Administración del Estado trabajaron codo con codo en la limpieza. Un comité de científicos permanente y expertos de universidades de todo el mundo asesoraron a la comisión, que no contaba con ningún protocolo de actuación ante una situación así. Todas las decisiones había, en cierto modo, que improvisarlas. Y así se hizo. “Primero se estudió el grado de contaminación que había –dice Miyares– y luego se procedió a extraer el lodo. Se hicieron catas cada tres o cuatro metros de terreno para calcular la profundidad del daño y eliminar la parte de suelo contaminada”. Después llegó el trabajo duro. Y fue faraónico. Todos los días circulaban por la zona 499 camiones que muchas veces transitaban por caminos expresamente habilitados para evitar los pueblos. El tráfico era tal que allí estaban empleados numerosos agentes de la Guardia Civil, y aún así se produjo algún accidente con muertos.

En los pueblos afectados, y no sólo en ellos, había cierto miedo. “Una vez llegó a mi despacho de la Plaza de España, en Sevilla, una mujer con su hermana. Quería hablar conmigo porque había prohibido a sus niños entrar con las zapatillas puestas en casa. Es cierto que los camiones, que estaban herméticamente cerrados, dejaban algo de lodo en el camino, pero no pasaban por los pueblos. Me costó una hora convencerla de que no había peligro”, dice Miyares, que recuerda también a una mujer noruega que llamó a Sevilla para preguntar, con vistas a un futuro viaje, si había agua potable en Andalucía o, por el contrario, debía de cargar su maleta con agua embotellada.

El ex consejero José Luis Blanco incide en esta misma línea. “Tuvimos que mandar una comunicación a embajadas y consulados de todo el mundo, porque se estaba diciendo que las hortalizas de Almería se estaban viendo afectadas por el vertido. Parece una tontería, pero si miras un mapa parece que están al lado. Y Doñana es sinónimo de relevancia mundial”. Hasta se inventaron productos novedosos de turismo, como un mapa virtual de la región donde se localizaba exactamente dónde está el Parque.

Mientras, continuaba la extracción del lodo. Boliden se ocupaba del tramo más cercano a la mina, la Junta hasta el vado del Quema y e Estado hasta Entremuros. Y se debatía qué hacer con los tres hectómetros cúbicos de agua contaminada que se embalsaba junto al dique de contención en la zona de Entremuros. “Nunca se tuvo la intención de expulsarla poco a poco al Guadalquivir para que allí se diluyera, como se publicó”, asegura Pérez Miyares. Se planteó, dice el ex ministro de Trabajo con UCD, una descontaminación in situ, más lenta, o una depuradora temporal. Y se optó por una combinación de ambas soluciones. “La depuradora la hicimos con piezas sueltas de otras que ya funcionaban y la operación fue un éxito. En tres meses y medio estaba ya todo limpio”, asegura Miyares.

Tras un año de trabajo, Chaves y la ministra Tocino anunciaron que la limpieza había concluido. No contaron con el pepito grillo Miguel Ferrer. “Me fui con una periodista de TVE al lecho del río, metimos un palo y sacamos lodo. Esto también salió abriendo el Telediario”. Faltaba por descontaminar el cauce del río y la operación no era barata. Había que separar el Guadiamar de su cauce por tramos, descontaminar y devolver el río, literalmente, a su lugar natural. Y así sucesivamente. Se hizo. Pero Ferrer, cuando los políticos volvían a plegar velas, volvió el año siguiente al Telediario con la mediática imagen de la cigüeña con el pico torcido. Aunque lo fundamental estaba hecho, quedaba todavía“suelo contaminado en proporciones variables”. Tres años se tardó en eliminar del todo aquella escombrera. Y en transformarla en otra cosa.

Hoy, Aznalcóllar ya no vive de la mina. En su lugar, se ha levantado un polígono industrial especializado en el reciclaje que da de comer a buena parte del pueblo. La corta de Aznalcóllar, lugar de la explotación donde se depositaron los lodos, aún sigue siendo una escombrera. Por allí pasan a diario camiones de gran tonelaje para descargar residuos. Desde la cota cero, el nivel del mar, este agujero tiene unos cuatrocientos metros de profundidad. “Hay trabajo, sí, pero no se gana tanto dinero como antes”, precisa Severo Gómez, ex trabajador de Boliden. Él recuerda a la perfección una fecha clave en su vida: 29 de enero de 2002. Fue el momento exacto en el que los poquísimos trabajadores que aún realizaban labores de mantenimiento abandonaron sus puestos. Era guarda y fue de los pocos que no dejaron de ir a la mina todos los días. Como siempre.

El lodo de la balsa desembocó en el río Agrio y de ahí pasó al Guadiamar. Hoy este río esta rodeado de caminos de paseo y carteles con el sello de la Consejería de Medio Ambiente, bajo el epígrafe corredor verde del Guadiamar. El propio Ferrer, al que Miyares define como “el rebelde” del comité de científico que le asesoró, aplaude el resultado: “Ha quedado magnífico, tanto que ahora mismo el Guadiamar y su entorno están mejor que antes del vertido”. Blanco estima que la limpieza costó 180 millones de euros, sin contar con la expropiación o compra de las hectáreas que antes del vertido eran de cultivo. En los protagonistas de la gestión de esta catástrofe hay orgullo, como el de Pérez Miyares, que recuerda una conferencia en Suráfrica, a la que asistieron setenta elegidas personas. “El éxito fue arrollador, recibimos una ovación cerradísima, y eran expertos, de lo que les gustó el planteamiento”. También hay recuerdos duros. Blanco, por ejemplo, menciona a su viceconsejero, Luis García Garrido, alejado en una finca del preparque “en condiciones lamentables, sin cambiarse de ropa, con ventisqueras y con un calor a mediodía donde no había donde guarecerse”. También rememora lo difícil que fue, en algunos momentos, convencer a los trabajadores de que debían de usar mascarilla. Ferrer lo tuvo más duro, porque lo suyo sobrepasó lo profesional. Afirma que recibió llamadas en su casa, de madrugada, en las que le amenazaban con moverle de su puesto e, incluso, con privarle de su condición de funcionario. No iban sólo dirigidas a él. También su mujer fue víctima. El fin de semana del desastre, Tocino estaba en Kioto firmando el famoso protocolo contra el cambio climático. Cuando ella y Ferrer se cruzaron, la ministra sentenció: “Lo que no te puedo perdonar es que mientras yo estaba en Japón tú salieras abriendo todos los telediarios”.