La Junta descarta "despidos" en la administración paralela, pero se analizarán a los casi 9.000 no funcionarios

El futuro de los casi 9.000 trabajadores no funcionarios detectados en las plantillas de la Administración paralela tendrá que analizarse caso a caso. Esa es la conclusión que se puede sacar de las intervenciones de Elías Bendodo y Juan Bravo tras conocerse el resultado de las auditorías en la Junta de Andalucía encargadas por el Gobierno andaluz para 12 agencias instrumentales.

El puesto de trabajo de los no funcionarios dependerá destino que tengan las entidades analizadas, pues las "duplicidades" detectadas en los informes pueden provocar que algunas de estas agencias públicas pasen a integrarse en las consejerías de las que dependen. Elías Bendodo no ha aludido a ninguna entidad en concreto, pero ha abierto la puerta a la posibilidad de "extinguir o fusionar" alguna si es necesario, como ya ha ocurrido con la Fundación Guadalquivir o las Utedlt.

Serán las propias consejerías las que decidan el futuro de las 12 agencias, pero de la mano del grupo de trabajo creado en la reunión del Consejo de Gobierno de este martes. Este equipo, liderado por el departamento de Regeneración que dirige Juan Marín, cuenta con representantes de todas las consejerías y recibirán la información de las auditorías -ahora llamados informes- que realiza la Intervención General.

Diagnóstico de las Auditorias de la Junta de Andalucía

El primer diagnóstico establece que las 12 agencias analizadas fueron creadas para cumplir un cometido que todavía sigue vigente. El problema radica en que la labor que realizan se solapa con la que hacen las consejerías a las que están asociadas y, además, su condición de agencia pública empresarial no siempre está justificada.

Según las auditorías, sólo dos de estas entidades de la admnistración paralela cumplen con los estándares. Se trata del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) y la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). Hay otras cinco que están a medio camino y son la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), la Agencia de la Obra Pública de la Junta de Andalucía, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y la Agencia Pública de Puertos de Andalucía.

En estas entidades y las otras cinco que tampoco cumplen cometido como agencias públicas empresariales presentaban una serie de problemas que, en resumen, se traduce en que "no logran sus objetivos de forma más eficaz que lo que hace la propia consejería". Por eso existe la posibilidad de que acaben integradas en el organigrama de la Junta de Andalucía.

En el caso de que el trabajo que realizan estos trabajadores no funcionarios pase a la competencia de las distintas consejerías, existe la posibilidad de que estos empleados no puedan realizar la función que ahora realizan. En esos casos, puede haber despidos, pero desde el Gobierno descartan que se fundamenten en motivos ideológicos.

Tampoco se descarta que se ponga en marcha un proceso de estabilización similar al del sector sanitario, educativo y de administración general. En dichos ámbitos, las oposiciones extraordinarias se han puesto en marcha para responder a la alta tasa de temporalidad y tienen en cuenta la experiencia de los interinos y eventuales en fase de concurso. Esta fórmula puede ser la elegida por el nuevo Gobierno.