La Audiencia corrige a la juez Alaya y fija 600.000 euros de fianza a una imputada

Sevilla/La Audiencia de Sevilla corrigió ayer a la juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, al decretar la puesta en libertad bajo fianza de 600.000 euros para la ex directora general y administradora de la mediadora Vitalia, una de las 22 personas detenidas en marzo pasado en el marco de la denominada operación Heracles.

La juez Alaya decretó el ingreso en prisión comunicada y sin fianza de María Vaqué el pasado 23 de marzo, pero ahora la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla considera que no existe riesgo de fuga ni que pueda destruir pruebas en el caso de que quede libre. La decisión de la Audiencia revoca parcialmente el auto de prisión de Alaya y accede a la libertad de la ex directiva de Vitalia siempre que abone una fianza de 600.000 euros. En caso de reunir el dinero, María Vaqué sería el segundo imputado de los siete que inicialmente fueron encarcelados en la operación Heracles que obtiene la libertad provisional. El primero en salir fue Ismael Sierra, cuñado del conseguidor y ex sindicalista Juan Lanzas, que quedó libre al día siguiente de pagar la fianza de 50.000 euros que en este caso le impuso la propia juez Alaya como medio para eludir su encarcelamiento provisional.

Como consecuencia de esta operación policial, que se ha desarrollado al amparo del secreto de sumario que pesa sobre una parte del caso de los ERE desde noviembre pasado, continúan en prisión, además de María Vaqué, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, los ex directivos de Vitalia Antonio Albarracín y Eduardo Pascual, el ex sindicalista Juan Lanzas, y el presunto testaferro Eduardo Leal del Real, a quien Alaya fijó una fianza de 50.000 euros que fue confirmada por la Audiencia de Sevilla.

El auto de la Audiencia de Sevilla es el primero de varios recursos que debe resolver el tribunal contra los autos de prisión dictados por la juez Alaya y que se conocerán en las próximas semanas.

La revocación parcial de la decisión de Alaya se conoce un día después de que el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, asegura que el máximo órgano de Gobierno de los jueces no se plantea "por ahora" la posibilidad de expedientar a la instructora por los retrasos en la tramitación de las causas que investiga, después de que varios imputados lleven tres años esperando a ser citados a declarar.