El juez de Astapa habla de "presiones" a empresas para financiar a PSOE y PES

Málaga/El 17 mayo de 2007, en plena campaña electoral por las municipales, el PSOE de Estepona celebró un mitin que contó con el entonces presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, como invitado y que finalizó con una actuación de Los del Río. Hasta ahí todo normal si no fuera por que el instructor del caso Astapa revela indicios de que los gastos de hotel del propio Bono y su escolta, así como los del grupo musical, fueron presuntamente sufragados por empresas con intereses pendientes con el Ayuntamiento de la localidad, casi siempre de tipo urbanístico. Aparte figuran los propios "emolumentos para Los del Río, que fueron presuntamente pagados en metálico por gente que no puede precisarse quien era", con "24 billetes de 500 euros, que salieron del vehículo oficial de Antonio Barrientos", alcalde socialista a la fecha y candidato a la reelección.

El magistrado de Astapa recoge en el auto con el que cierra la investigación del caso una presunta financiación irregular del PSOE de Estepona y de los ex gilistas agrupados bajo las siglas del PES (Partido de Estepona) con aportaciones que se habrían efectuado "fruto de presiones de personas del Consistorio que desempeñaban cargos en el mismo"; "exigencias a las que accederían los empresarios para que no corrieran peligro sus intereses", apuntando a indicios de un posible delito de cohecho. En el mandato que se agotaba en 2007 el PSOE gobernaba el municipio en coalición con el PES y el Partido Andalucista (PA).

La presunta financiación irregular del PSOE se derivaría, aparte del mitin y el recital de Los del Río, de supuestos pagos de "al menos un importe de 60.670,72 euros" a través de una empresa encargada de la campaña electoral socialista y que habrían sido sufragados por sociedades con intereses con el Ayuntamiento. Además, figuran otros 4.000 euros destinados a una campaña publicitaria para un campeonato de catamaranes, "que realmente habrían sido utilizados para cubrir gastos derivados de la campaña electoral del PSOE". Pero lo que más llama la atención del instructor es cómo varios miembros del partido socialista solicitaron un préstamo personal para financiar al partido al que pertenecían, aunque las partidas "les fueron restituidas a su vez, y por tanto de forma gratuita". Incluso habla de la participación notoria de la concejal socialista investigada M. V. L. C. en la financiación irregular, porque ante los créditos solicitados "entiende que hay que hacer el 'paripé' ya que en todo caso los se cubrirían", presuntamente por el holding de empresas Valle Romano. Una sociedad mercantil a la que el magistrado le atribuye "un alto grado de participación en los hechos investigados", en especial en los convenios urbanísticos, en toda esta trama de presunta corrupción política y urbanística.

El instructor de Astapa no oculta su sorpresa por la capacidad para afrontar gastos que tenía el PES durante la campaña electoral de 2007, teniendo en cuenta "que no tenía ingresos ni siquiera procedentes de cuotas de afiliados", llegando a asumir como concierto de cierre de campaña la actuación de Andy y Lucas, por "un coste total de 74.436,97 euros". Y destaca que al menos una empresa de publicidad -Navarro Publicidad- habría aportado casi 45.000 euros para "los gastos que quedaban por pagar". Sobre esta empresa constan en la instrucción al menos dos concesiones administrativas por parte del Ayuntamiento de Estepona para la instalación de vallas publicitarias y papeleras, que presuntamente "se realizaron de forma irregular, sin tener en cuenta el procedimiento de licitación pública y sin contar con el correspondiente informe técnico, ni económico, ni jurídico".

Al secretario general del PES y director del área de Servicios y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, A. S. M., le atribuye el juez indicios de haber asumido "el especial cometido de buscar empresarios para que financiasen" el partido, dada la información que manejaba en su cometido diario. De hecho, entre las exigencias de pago que figuran a la empresa de publicidad, él mismo habría solicitado 2.500 euros para las papeletas del PES.

La denuncia que dio lugar al caso Astapa se registró en 2006 por parte de los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Estepona Cristina Rodríguez Alarcón y David Valadez López. Los denunciantes mencionaron entonces que "al menos las dos principales fuerzas políticas en coalición -PSOE y PES- se habrían repartido 600.000 euros en partes iguales", una donación que habría sido efectuada por una promotora.

Más de una década después, el juez ha dado la instrucción por concluida y ahora la Fiscalía y las partes personadas tendrán que calificar los hechos y, presentar si procede, acusación. Finalmente el número de investigados asciende a 94. El juez ve indicios de delito, además de en la financiación de los partidos, sobre los convenios urbanísticos en los que detecta una infravaloración del aprovechamiento del suelo; igualmente ve irregularidades en la adjudicación de contratos y servicios del Ayuntamiento y en las exigencias de dinero a empresas para patrocinar eventos en el municipio e incluso para disfrute personal.