Asciende a 10 el número de detenidos en la macrorredada por los ERE irregulares

La juez Mercedes Alaya ordenó este martes una nueva operación policial en la investigación de la causa de los ERE fraudulentos en la que se ha procedido a la detención de diez personas y se ha imputado a otras 45, aunque algunas de éstas ya estaban imputadas con anterioridad en la causa, según informaron fuentes de la Guardia Civil. Por la mañana se detuvo a nueve personas, entre los que destaca Manuel Enrique Rodríguez Contreras, hasta este martes director del área de Empleo e Innovación de la Diputación Provincial de Sevilla -cargo del que fue destituido tan sólo unos minutos después de que se conociera su imputación- y ex gerente provincial del IFA, la agencia pagadora de las ayudas vinculadas a los ERE.

Alaya dice en el auto que acuerda los registros que Manuel Enrique Rodríguez es, según diversos indicios, una persona de la "absoluta confianza" del ex consejero de Empleo José Antonio Viera, de quien la Guardia Civil ya dijo en un informe que pudo jugar un "papel esencial" en la concesión de las ayudas a la Sierra Norte, recuerda Alaya. La juez señala que Rodríguez tuvo una "significativa intervención" en la concesión de ayudas, como la otorgada a Producciones Barataria y en la que según la magistrada el detenido conocía que estaba "huérfana de procedimiento legal", y también participó en otras ayudas por 2.160.759 euros a sociedades de su municipio: Las Navas de la Concepción.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también detuvieron a los sindicalistas Salvador Mera, secretario provincial de UGT en Cádiz, y Roberto Carmona Soto, ex secretario de Desarrollo Industrial de CCOO en Andalucía, además de otros seis representantes sindicales imputados.

La operación se desarrolló desde primera hora de la mañana en ocho provincias: Madrid, Segovia, Barcelona, Jaén, Sevilla, Málaga, Córdoba y Cádiz, en las que se practicaron una decena de registros domiciliarios. Se trata de la segunda fase de la operación Heracles, que la juez Alaya llevó a cabo en marzo pasado contra el cobro de sobrecomisiones vinculadas a las pólizas de prejubilaciones financiadas por la Junta de Andalucía.

El dispositivo montado está relacionada tanto con la trama de las ayudas concedidas por la Junta a empresas de la Sierra Norte, con las que estaría vinculado el ex consejero de Empleo José Antonio Viera, como con las ayudas relacionadas con la Faja Pirítica de Huelva. Precisamente, la Guardia Civil ha informado este miércoles en un comunicado que uno de los ámbitos en los que se centra la segunda fase de la operación Heracles son las irregularidades en la concesión de las ayudas a empresas y es aquí donde se pretende establecer el papel jugado por diversos empleados de distintas sucursales bancarias. Así, el décimo detenido es F.J.G.C., director de una sucursal en la provincia de Jaén, relacionado con diferentes operativas vinculadas a blanqueo de capitales y los entramados ilícitos instrumentales que se destaparon en la primera fase de la operación, desarrollada en marzo pasado. Con todo, la delegada de Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha anunciado la puesta en libertad de este último arrestado, aunque no ha sabido precisar sin con cargos o no

Con este dispositivo se pretende determinar el papel desarrollado por determinados responsables públicos en la concesión de las ayudas, como es el caso del ex director del área de Empleo e Innovación de la Diputación de Sevilla, Manuel Enrique Rodríguez Contreras, detenido ayer.

La imputación de los representantes sindicales responde al intento de averiguar la participación de representantes y dirigentes de las organizaciones sindicales en los procesos de ERE asociados a las distintas pólizas de prejubilaciones, así como su relación con las asociaciones ilícitas descritas en la primera fase, concluyendo si pudiese existir algún tipo de responsabilidad penal, añade la Guardia Civil. Por último, la operación Heracles II indaga en los pagos de empresarios a las tramas ilícitas descubiertas, como contraprestación a la financiación pública obtenida en sus expedientes de regulación de empleo.

Según algunos testigos, Enrique Rodríguez fue detenido cuando salía de su casa a las 7:00. Además, se realizaron registros en la Diputación sevillana, en sedes oficiales y viviendas particulares, y en el de Juan Antonio Florido, ex secretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO en Andalucía, que ya fue imputado por la juez en la causa. También se registró el restaurante Río Grande de Sevilla -que presentó un ERE con intrusos en 2005-, y las viviendas de los empresarios que lograron ayudas millonarias en la Sierra Norte José Enrique Rosendo y José María Sayago.

En la localidad sevillana de Gines, la Guardia Civil estuvo registrando el domicilio de Antonio Manuel Bustamante León, presidente del consejo de Administración de Surcolor, una empresa en la que Alaya está investigando las ayudas concedidas para un ERE. Bustamante ya estaba imputado en la causa y, de hecho, Alaya le ha citado a declarar el próximo día 24, dentro de un nuevo calendario de comparecencias. Los agentes de la Guardia Civil revisaron la vivienda de Bustamante, acompañados por dos perros detectores de dinero.

Los diez detenidos continúan actualmente en las dependencias de la Guardia Civil, donde se les está tomando declaración desde ayer, un proceso que continuará previsiblemente durante la jornada de hoy y no será hasta mañana cuando puedan ser puestos a disposición del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.