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Andalucía arremete contra la propuesta de una Seguridad Social vasca

Gestión de pensiones en España

El consejero Arellano ve "inconstitucional" la solicitud del lehendakari, Íñigo Urkullu, a Pedro Sánchez por la que pretende gestionar sus propias pensiones

El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Ramírez Arellano. / Belén Vargas
M. Lasida

26 de junio 2018 - 17:21

El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, ha declarado que la Junta de Andalucía no comparte la propuesta de Íñigo Urkullu, lehendakari vasco, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de solicitar una gestión autónoma de la Seguridad Social en su comunidad autónoma, una propuesta, ha destacado Arellano, que "ni siquiera creamos que sea constitucional".

"El Tribunal Costitucional se ha pronunciado en varias ocasiones que la unidad de caja de la Seguridad Social es una competencia exclusiva del Estado", ha afirmado el consejero, quien ha añadido que "se trata de un principio constitucional básico" que debe tratarse en el seno de la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo. "Entendemos que la propuesta vasca no procede y que no debe ser atendida, pues estamos hablando de la garantía de igualdad entre los españoles".

A tenor de lo tratado, Arellano ha introducido que la "principal urgencia" de la Seguridad Social en este momento es "el estado de cuasi quiebra con la que ha dejado el Gobierno del Partido Popular” sus cuentas, que necesitan "recuperar urgentemente la sostenibilidad a corto, medio y largo plazo".

En cuanto a otros asuntos de actualidad, el consejero de Economía y Hacienda ha anunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha iniciado los trámites que desembocarán en que Andalucía pueda salir a los mercados para pedir financiación. "Estamos en condiciones de hacerlo de modo inmediato", ha dicho Arellano, quien ha cifrado en una primera petición de mil millones de euros.

De ese modo, renunciando a los fondos exclusivos de la Financiación de Liquidez Autonómica (FLA), el Gobierno de la Junta de Andalucía podría emanciparse de los"mecanismos de control puestos en marcha a las comunidades autónomas", que algunas veces han sido excesivos, "pues no sólo se trataba del control del gasto sino también del control de las políticas".

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