Antonio Fernández niega que el sistema se creara para evitar los controles de la Intervención

sevilla/El ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández ha negado este lunes ante el tribunal que enjuicia el denominado “procedimiento específico” de los ERE que el Gobierno andaluz habilitara ese sistema para evitar los controles de la Intervención General de la Junta, como sostienen la Fiscalía Anticorrupción y las demás acusaciones.

En su declaración, Fernández, se ha referido también a las órdenes de 1994 y 1995 del Ministerio de Trabajo que regulaban prejubilaciones y ayudas extraordinarias para trabajadores afectados por proceso de reestructuración empresarial, a las que otros acusados han aludido como normas supletorias que amparaban la concesión de las ayudas concedidas por la Junta. Según el ex consejero, esas dos órdenes han servido de "modelo e inspiración" para el concepto de ayudas que se "gestionaron en Andalucía", y así ha relatado como desde 1999 debido a la crisis "no faltaban solicitudes de todo tipo", desde empresas que solicitaban ser intervenidas a las que solicitaban planes de viabilidad, unas ayudas que eran pedidas por empresarios y trabajadores.

Antonio Fernández, cuya declaración ha estado marcada por su disfonía, que ha hecho que la sesión terminara incluso un poco antes de lo habitual, ha rechazado a preguntas del fiscal que se usaran las transferencias de financiación al IFA/IDEA para eludir la fiscalización y el control de la Intervención en el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. “Ningún gobernante hace un trabajo para evitar algo, y en mi caso tampoco. Podríamos haberlo hecho mejor o peor; haber tenido avisos o no de quien corresponda”, ha sentenciado el que fuera consejero de Empleo entre 2004 y 2010, quien ha recordado que las actuaciones de la Administración “tienen su recorrido y sus huellas”.

El ex consejero, a quien la Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de ocho años de prisión y 30 años de inhabilitación por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha concluido en esta vigésimo novena sesión del juicio que “no es ni pensable” que se pretendieran eludir esos controles, sino que ese sistema se utilizó porque era “el camino” que los “técnicos” habían trazado. "De mi nivel para arriba no lo hacía nadie", ha añadido.

El ex alto cargo ha dicho que en aquellas fechas tenía un conocimiento global respecto a la fiscalización, no como ahora, que a raíz de la causa, se ha hecho "un erudito de la fiscalización", ha ironizado.

Fernández ha subrayado que las transferencias de financiación "se fiscalizaban" por la Intervención delegada en la Consejería de Empleo "por el montante total".

En su declaración, el Ministerio Público también le interrogó sobre el proyecto de decreto para regular las ayudas que fue llevado en tres ocasiones a la Comisión General de Viceconsejeros, conocida como "el consejillo", un proyecto que según Fernández le "remitió" la dirección general de Trabajo porque entendía que existía la necesidad de regular las ayudas y que no salió adelante porque no fueron "capaces de cumplimentar todas las objeciones" que se habían planteado sobre la idoneidad del rango normativo -si debía articularse como decreto u orden de la Consejería- y carecía de ficha presupuestaria, ha afirmado el ex consejero, que ha agregado que al mismo tiempo se había aprobado el reglamento general de subvenciones "y ayudas excepcionales" del 24 de noviembre de 2001, dado que según ha explicado Fernández con esta norma se incorpora el concepto de ayudas públicas excepcionales, "que no están obligadas por los requisitos de publicidad y concurrencia".

Antonio Fernández ha aseverado que el hecho de que era el IFA/IDEA quien pagaba las ayudas sociolaborales “se sabía desde el año 1999”, con anterioridad a la firma del convenio marco de 17 de julio de 2001 que él como presidente del IFA y el entonces consejero de Empleo José Antonio Viera suscribieron. Fernández ha indicado que este convenio "seguía una tradición de cerca de tres años" y ha reconocido que incorporaba la prestación de asistencia técnica del IFA para "aprovecharnos del conocimiento excelente que tenía el IFA de la economía andaluza".

El fiscal delegado de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga le preguntó precisamente sobre el borrador de otro “convenio marco” de 15 de mayo de 2000 –al que en otros interrogatorios se ha referido como convenio “fantasma”-, sobre el que Antonio Fernández ha explicado que a su juicio debía estar suscrito porque “le extraña mucho que un funcionario escriba en un documento que algo está suscrito cuando no lo está, porque son documentos que dejan rastro”, ha insistido.

Sobre el convenio marco de 2001, el que él suscribió, el ex consejero ha dicho que no puede concretar si la iniciativa partió de la Consejería de Empleo o del IFA, aunque cree que fue del IFA, y ha añadido que en cualquier caso el convenio se firmó “con ánimo de continuidad” del borrador de mayo de 2000.

Cuando el fiscal le preguntó sobre si dicho convenio, que tenía una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2003, se prorrogó de manera tácita para seguir dando las ayudas eludiendo los controles, Antonio Fernández ha señalado que no hubo ningún debate al respecto porque el asunto “lo solucionó el Parlamento al incorporar el convenio en los presupuestos del año 2002”, por lo que a su juicio ese acuerdo “nacía cada año con la aprobación de los presupuestos” sucesivos en los que se fue avalando las transferencias de financiación de la partida 31L para el pago de las ayudas por parte del IFA/IDEA.

Así, ha destacado que la memoria forma parte de la ley del Presupuesto y ya en las mismas aparece “de manera indubitada” el convenio de 2001, dado que según Fernández, el convenio “se adjuntó” a la ley de Presupuestos y en cualquier caso en la rendición de cuentas figuraba este instrumento, por lo que “de entrada o salida los parlamentarios han conocido” el convenio. Para 2003, la ley de presupuestos hacía referencia al convenio con el IFA y “le da vigencia al texto el propio Parlamento, que lo entiende vigente y en vigor”.

Al acusado tampoco le llamó la atención que fuese el director general de Trabajo Javier Guerrero quien suscribiera los convenios particulares derivados del convenio marco, por cuanto se "entendía delegada la competencia" en él a partir del mismo, y además un informe de la Cámara de Cuentas "refrenda la tesis de la idoneidad de esa delegación".

Sobre los convenios particulares que, amparándose en el convenio marco se suscribían para la concesión de las ayudas concretas, el ex consejero ha dicho que "no se entretenía en leerlos" tanto por su "imposibilidad material física" de leer todos los documentos que le pasaban a su firma como por la "innecesariedad" de leerlos puesto que el secretario general de IDEA le facilitaba una "información verbal" sobre lo que se iba a firmar.

El ex consejero ha dicho que fue el antiguo consejero de Trabajo Guillermo Gutiérrez quien nombró a Javier Guerrero director de Trabajo, y sí ha precisado que fue él quien integró en el equipo, como un puesto de refuerzo, al diputado del PSOE Ramón Díaz Alcaraz para que ayudara a Guerrero en el "asesoramiento en materia de conflictividad laboral".

El juicio continuará mañana con el interrogatorio del fiscal Anticorrupción a Antonio Fernández, quien también ha anunciado que responderá a las preguntas del tribunal y de su abogado defensor, mientras que para después de Semana Santa está prevista la declaración de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.