Antonio Fernández ratifica que paralizó un pago ilegal de 600.000 euros en el conflicto de la limpieza de Granada

Sevilla/El ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández ha asegurado este martes a la juez María Núñez Bolaños que paralizó un pago de unos 600.000 euros que reclamaban las empresas Cespa y FCC por el conflicto de la limpieza de Granada porque esa ayuda, que había sido comprometida por el ex director de Trabajo Javier Guerrero, “no tenía cabida dentro de la legalidad y no debía producirse”.

Antonio Fernández ha comparecido en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla por quinta vez en relación con el caso de los ERE fraudulentos, siendo esta ocasión la segunda en la que accede a declarar y la primera que lo hace ante la juez María Bolaños.

En su comparecencia, que se ha prolongado tan sólo por unos diez minutos, Antonio Fernández ha reiterado lo que ya declaró en abril de 2012 ante la juez Mercedes Alaya –que lo envió a prisión provisional-, en el sentido de que cuando tuvo conocimiento de la reclamación de las empresas Cespa y FCC dio instrucciones al entonces director general de Trabajo Juan Márquez, también imputado, de que ese pago de algo más de 600.000 euros –ya se habían abonado con anterioridad unos 250.000 euros a través de unas pólizas- "no tenía cabida en la legalidad y no debía producirse", según ha explicado Alfonso Martínez del Hoyo, abogado del ex consejero.

El defensor ha criticado que Fernández ha sido llamado de nuevo a declarar mediante una imputación genérica, en relación con su "posible participación en la concesión de la ayuda", si bien el abogado ha añadido que "no sabe por qué sigue imputado en esta pieza".

El ex consejero Fernández, prosiguió su defensor, ha tenido conocimiento a través de la causa de que el ex director general de Trabajo Javier Guerrero en el marco de la huelga de limpieza de Granada, en los años 2005 y 2006, decidió “al parecer comprometer” fondos propios de la dirección general de Trabajo para cubrir la subida lineal de los salarios de los trabajadores.

Así se contrataron dos pólizas con las que se pagaron unos 250.000 euros y cuando se cumplieron los tres ejercicios, el representante de las empresas concesionarias remitió una carta al consejero de Empleo en la que se reclamaba aproximadamente unos 600.000 euros más en relación al compromiso adquirido por la dirección general de Guerrero. Fue entonces cuando se produjo la única actuación de Antonio Fernández en relación con este asunto, para rechazar el pago de la cantidad.

De otro lado, la juez Bolaños también ha tomado declaración este martes a otros imputados por las pólizas del conflicto de la limpieza de Granada, entre ellos al que fuera delegado provincial de Empleo en Granada Luis Manuel Rubiales López, a quien la Fiscalía Anticorrupción ha reclamado una fianza de responsabilidad civil de 734.000 euros, según han explicado fuentes del caso.