Antígona siglo XXI

Antígona fue condenada a muerte por querer enterrar a su hermano, abandonado al arbitrio de los perros y los cuervos por orden del rey de Tebas.

Lo que aún hoy nos enseña Antígona es que cuidar a nuestros muertos es integrar su muerte en la vida; que es un acto de amor tender ese lazo posible y deseado entre seres que se pertenecen y que se ven unos a otros como seres humanos.

Los que fueron enterrados sin amor ni lágrimas, fueron deshumanizados por ese acto. Recordarles es devolverles la humanidad que se les negó.

En la primavera de 1992 mi hermano Luis salió de casa un día y ya no volvió. Fue denunciada su desaparición ante la Policía de Huelva el 26 de junio. Nunca supimos más. Por eso siempre dimos por hecho que no se halló ningún cuerpo que pudiera ser identificado como el suyo. Casi treinta años se nos pasaron, intentando inútilmente convencernos de que había muerto: la batalla de antemano perdida contra un sueño recurrente diciendo lo contrario. La zona fantasmal: surcar el Hades en la noche, Caronte solícito. El eterno retorno.

Hace unos meses, de repente, el tiempo se redujo a un punto. La Unidad Central de Identificación de la Policía Científica me comunicaba haber confirmado la identidad de Luis sobre un cuerpo hallado en Sevilla en 1992. Por huellas digitales. Sin saber aún si los restos eran localizables y se nos entregarían.

Anhelo animal: recuperar algo de él. O tendría que bastarnos saber. Saber al fin, aunque entonces no pudiésemos ver y tocar, que es como de verdad los humanos sabemos la muerte.

En pocos días la Policía averigua y dice más. El cuerpo de Luis se encontró el 12 de junio de 1992 en el Guadalquivir. Murió ahogado. Fue enterrado el 29 de julio en el Cementerio de Sevilla. Y sus restos permanecieron en un nicho hasta el 3 de agosto de 2018, en que fueron exhumados para incineración y depósito en una tumba común donde ya no es posible recuperarlos.

No vamos a poder dar tierra a mi hermano. Pero se dispone de la referencia de las diligencias policiales y judiciales incoadas entonces, que permitirán conocer las circunstancias de la muerte. Es todo lo que vamos a tener.

Eso creímos, hasta que el Juzgado de Instrucción 1 de Sevilla indica a la Policía que las Diligencias Previas 2770/92 “han sido expurgadas por antigüedad”. Voy allí y se me confirma: ese procedimiento penal, incoado por la aparición de un cadáver sin identificar y que no llegó a identificarse, sencillamente ya no existe; al parecer la Junta de Andalucía, que custodia expedientes judiciales antiguos, hace algún tiempo comunicó al juzgado un listado de diligencias a expurgar, ésta entre ellas; y efectivamente fueron destruidas sin ni siquiera procederse a su escaneo y preservación digital.

Hoy estuve en el cementerio. Tuve a la vista el viejo libro que registró el ingreso del cadáver sin nombre en 29 de julio de 1992 y su inhumación en el nicho 2.245; con la posterior exhumación, incineración e inhumación final en una tumba común el 3 de agosto de 2018. Caminé primero al sitio de los viejos nichos, me habían dicho que tal vez no pudiera ubicar el que buscaba, pero sí, era identificable aún. Como un inmenso colmenar, en alturas de a cinco, ocupando toda la valla Norte, el huequito de Luis allí estaba, tocando la tierra –eso me consoló, no sé por qué– con su losa de cierre ya sólo apoyada, tal como quedaría tras el trasiego último. La aparté, dejando libre la oquedad, como interpelando al pasado al asomarme a lo oscuro. Había un pequeño brote, vida abriéndose camino a través de la rendija de luz. Tomé un poco de esa tierra –pensé allí mismo que sería lo único que podríamos llevar a otra tumba como justificación del hijo que nunca volvió– y lloré entonces, sólo un momento, con ese llanto incontenible que reserva el cuerpo para ciertos momentos.

Recorrí lentamente el camino hacia la zona de enterramientos comunes. Donde no queda nada pero eso es todo y allí están las moléculas últimas, en alguno de los túmulos de cierre precario, listos para acoger, algún día sellados. Luis ha yacido enterrado sin identificar desde que desapareció.

Mi padre murió sin saber qué había sido de su hijo. Un retrospectivo consuelo a la tempranísima muerte de mi madre fue que esto no tuvo que vivirlo. Yo debo de repente aprender a vivir bajo la losa de haber ignorado todo este tiempo que los restos de mi hermano reposaban a poca distancia de donde vivo.

No podemos retornar al pasado, ni cambiarlo, pero el conocer nos permite ahora, por fin, ocuparnos de él –este miembro de nuestra familia y de nuestra comunidad– como desearíamos que se ocuparan de nosotros. Ha pasado todo ese tiempo, pero es más necesario que nunca hablar de Luis, de quién fue él, de cómo quiso vivir y de cómo se nos fue: no ha llegado aún, por fortuna, el tiempo en que no quedaría nadie que lo recuerde.

Es la labor, íntima, que nos queda a sus deudos: detenernos, con emoción y temblor, tan tarde, ante esta muerte. Parar un momento, pronunciar el nombre y decirle que era amado. La historia mínima de su muerte condensa la pérdida abisal de lo irreemplazable, pero esta inmensa tristeza reclama su relato propio: que la palabra nos ayude a llorar; que la evocación evite el olvido.

Hay otra perspectiva. He expuesto todo lo anterior, venciendo a un inmenso pudor, sólo para alumbrarla. Mi hermano Luis fue y nosotros, su familia, somos ciudadanos-víctimas. Lo cual convierte esta tragedia, íntima y personal, en asunto de interés público.

Se han producido inaceptables errores y omisiones en el desempeño de funciones públicas a cuya corrección éramos legítimos acreedores: es así, por laxo que sea el parámetro de exigencia que se quiera aplicar.

Lo que ahora sabemos es que la Policía no relacionó la aparición, en Sevilla el 12 de junio de 1992, del cadáver de un varón que “aparentaba tener unos 30 a 32 años de edad”, con la desaparición de un varón de 33 años, denunciada en Huelva pocos días después, el 26 de junio. Que la identificación dactiloscópica de ese cuerpo hallado en junio de 1992 se ha dilatado hasta septiembre de 2019. Que se procedió a destruir físicamente el procedimiento penal incoado por la aparición de un cadáver no identificado (con las circunstancias del hallazgo y la autopsia practicada), sin haberse descubierto la identidad del fallecido y claudicando así del principio de oficialidad de la investigación penal, privando a los deudos de toda esa información preciosa e insustituible.

Cada cual es libre de ubicarse ante la vida según le quepa; y es dueño de elaborar el propio relato y subsumirlo en su particular nudo racional y emocional. Pero el carácter inexorable del conocimiento de la verdad impone ciertos posicionamientos.

Cada año se denuncian en España casi 25.000 desapariciones, la mayoría de las cuales obviamente se resuelve. Pero la acumulación histórica de casos desde hace decenios, la no actualización de denuncias amontonadas en legajos olvidados, la dramática falta de medios personales en una brigada policial no estructurada como cuerpo orgánico singularizado a la búsqueda e identificación de personas desaparecidas…, todo ello compone un estado de cosas cuyo espeluznante resultado es el de miles de desapariciones sin resolver a día de hoy.

En 2011 se creó el “Fichero de Personas Desaparecidas, Cadáveres y Restos Humanos sin Identificar”, un instrumento referencial en pos de la coordinación y eficacia policial. Y sólo desde entonces todas las denuncias por desaparición y cadáveres no identificados se incorporan a un Fichero centralizado. Empero, a día de hoy no están grabadas todas las denuncias por desaparición anteriores a 2011, y por tanto ese Fichero no refleja con certeza e integridad ni el número real de denuncias irresueltas ni el de cadáveres sin identificar a día de hoy en España.

Desde 1995 se están extrayendo muestras biológicas y ADN de cadáveres no identificados; por lo que, de los anteriores a ese año se dispone de ciertos datos de identificación, como huellas digitales, pero se carece de algo tan fundamental como son los perfiles genéticos.

La dimensión del problema es dramática si se considera que, según datos oficiales a 2015, la inmensa mayor parte de los cadáveres sin identificar se registraron antes de la implementación del Fichero en 2011, lo que aboca a una imposibilidad técnica de identificación de los mismos hasta tanto no se produzca el volcado completo de las denuncias anteriores a 2011. Y en cifras reales: el número total de cadáveres hallados desde 1968 hasta término de 2015 es de 3.360, de los que 2.904 estaban a esa última fecha sin identificar, y de éstos el 81,6% correspondían a cadáveres encontrados antes de 2011. Incluso sustrayendo al número total de cadáveres sin identificar el número de denuncias activas, resta un número elevadísimo de personas desaparecidas –casi dos mil- de las que no se sabe nada ni están vinculadas a ningún cadáver sin identificar. Lo cual desafía toda convención, ilustra sobre la dimensión del drama y nos interpela trágicamente a todos: ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Quiénes son todas esas personas cuyos cuerpos siguen sin identificar?

A día de hoy en nuestro país el Fichero del DNI no goza de las características técnicas de un sistema automático de identificación dactilar (SAID), es decir, no permite la identificación de cadáveres de cuya filiación se carezca. El sistema hoy habilitado, de cotejo unidireccional, permite la identificación, positiva o negativa, sólo si ya se dispone de la filiación de la persona. Un sistema de cotejo pluridireccional permitiría en cambio la identificación de cuerpos sin nombre.

Existen los medios técnicos y están preparados para entrar en funcionamiento. Falta la decisión de habilitarlos. Cualesquiera temores al respecto no justifican más demora, ante la enormidad del problema principal: miles de desapariciones sin resolver; miles de familias sumidas en la espera. Un SAID plenamente operativo ha sido objeto de reiteradas peticiones desde los Cuerpos Policiales; más aún, la Comisión Especial sobre Personas Desaparecidas sin Causa Aparente, constituida en 2013 por acuerdo del Pleno del Senado, concluye la necesidad de reformas legislativas que viabilicen las consultas al Fichero del DNI para el cotejo de huellas dactilares de los cadáveres sin identificar. Una propuesta en la actualidad aún no atendida. Y que tal vez, de haberlo sido, hubiera posibilitado la identificación del cadáver de mi hermano a tiempo de sernos entregado.

Es tarde para nosotros. No, tal vez, para muchos de quienes esperan. Pensando en ellos me dirijo a los poderes públicos, singularmente al señor ministro del Interior. Es preciso considerar las Desapariciones en España como un problema de Estado que requiere una urgente política de Estado y medidas legales específicas. Es preciso un plan institucional coordinado para invitar a las familias a reiterar antiguas denuncias, y elaborar planes territoriales para la exhumación de cadáveres sin identificar, mientras ello aún sea posible, para obtener muestras biológicas y elaborar perfiles genéticos que permitan el cotejo entre denuncias no resueltas y cadáveres sin identificar antiguos.

Ambos ítems van en aumento constante. Factores políticos y sociales hacen que determinadas víctimas reciban mayor protección y atención del Estado que las víctimas de desapariciones. Como sociedad hemos activado un radar para la sensibilización sobre ciertas muertes, convertidas en cuestión de Estado, pero ese mismo radar no existe para las muertes relacionadas con la desaparición de personas: a pesar de que éstas presentan índices superiores a aquellas otras, y una consiguiente mayor incidencia social.

De José Carlos Beltrán Martín y su equipo, en la Unidad Central de Identificación, he recibido un trato profesional y humano que posiblemente exceda las exigencias de su deber funcionarial. Su dedicación es inabarcable. Quiero hacer un reconocimiento público de ello y agradecérselo una vez más.

Animo a conocer los trabajos de investigación del Sr. Beltrán, fácilmente localizables por internet, y de los cuales he obtenido –espero que sin abuso– gran parte de la información, datos y sugerencias aquí ofrecidos.