Anticorrupción pide imputar a varios sindicalistas y al ex chófer de Guerrero por sobrecomisiones de los ERE

Sevilla/La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños que impute a una docena de personas, entre ellas varios sindicalistas de UGT y CCOO y Juan Francisco Trujillo, ex chófer del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, en la pieza separada por las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones de los ERE irregulares.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía solicita a la magistrada que cite como investigados al ex secretario general del sindicato UGT en Cádiz Salvador Mera; al exsecretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A Manuel Roberto Carmona Soto, y al exsecretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO José Luis Montesinos.

También reclama a la juez que impute en esta pieza, donde están siendo investigadas una treintena de personas, a Patrocinio Sierra García, esposa del 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas, y al exdiputado del Partido Socialista del País Vasco Antonio Aso, entre otros.

Asimismo, y en este escrito consultado por Europa Press, la Fiscalía insta a la juez a reclamar los refuerzos personales y materiales que estime "necesarios" para evitar "nuevos retrasos" en la tramitación de la pieza separada por las sobrecomisiones y en el resto de piezas desgajadas de la causa matriz.

Así, el Ministerio Público interesa que "se proceda a la tramitación y en su caso la práctica" de una serie de diligencias que solicita "a la mayor brevedad posible atendiendo a la actual carga de trabajo del Juzgado, instando, bien de la Administración prestacional, bien del TSJA, los refuerzos personales y materiales que se estimen necesarios".

La Fiscalía manifiesta que "la extensión y complejidad" de la causa "exige que se proceda a una determinación más precisa de los hechos" que se investigan a fin de facilitar "no sólo el avance de la instrucción de las presentes diligencias --las sobrecomisiones-- sino del resto de piezas relativas a singulares ayudas sociolaborales en las que personas investigadas en las presentes actuaciones, mediante la inclusión de personas ajenas a la empresa, hayan obtenido una ganancia ilícita".

De igual forma, explica que en esta pieza separada se investiga "la consideración de caudales públicos de las denominadas sobrecomisiones, entendidas éstas como aquellas cantidades fijadas en la contratación de pólizas de renta y capital vinculados a ERE y que eran abonadas con fondos públicos de la Junta cuyo destino era distribuirse como ganancia ilícita entre las personas físicas y entidades que participaban en la negociación y contratación de las pólizas".

Por ello, considera que "el destino final de las mismas, en aquellos supuestos en los que fueron empleadas para el abono por un tercero ajeno a la administración autonómica de supuestas ayudas públicas --totalmente desconectadas y ajenas a las primas abonadas por la Junta de Andalucía--, deberá ser objeto de las presentes actuaciones para poder tipificar, en su caso, éstos hechos" como constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos.

De forma resumida, Anticorrupción precisa que los hechos investigados en esta pieza "vendrían determinados por la cuantificación de aquellas cantidades abonadas por la Junta en concepto de prima que superan el coste de mercado de las pólizas suscritas, su distribución presuntamente ilícita entre las personas físicas y jurídicas que intervienen en su fijación y, en su caso, en el destino final de los fondos como pago de presuntas ayudas públicas".

Archivo

Consecuentemente , las cantidades percibidas por personas y entidades investigadas en el caso ERE, "bien directamente de las empresas beneficiarias de las ayudas sociolaborales, bien mediante la inclusión de los denominados intrusos, deberán ser objeto de investigación y enjuiciamiento" en cada pieza separada, "tratándose de hechos diferentes al objeto de las presentes actuaciones y en las que el núcleo de personas presuntamente responsables se extiende a los representantes o administradores de la entidad beneficiaria de la ayuda".

Por ello, la Fiscalía reclama a la juez que dicte un auto "fijando el objeto de las presentes actuaciones en los términos reseñados", que cite a declarar como investigados a una docena de personas y que incluya en esta pieza separada una serie de ayudas públicas concedidas a Muebles Don Formón, Roda Textil, Federación Minerometalúrgica de CCOO-A (por importe de 104.400 euros) o Sapphire Grupo Empresarial.

De otro lado, solicita a la juez que archive la causa contra cinco personas al considerar que su imputación en el caso ERE "no forma parte de la delimitación objetiva descrita en el punto primero de este escrito", de forma que "deben ser incluidas en las piezas relativas a las ayudas singulares de las que, de forma indiciaria y provisional, se beneficiaron de forma ilícita".

Entre las personas para las que solicita el archivo se encuentra Carmelo Cruz, cuñado de Juan Lanzas.