Anticorrupción reclama fianzas por importe de más de 42 millones a otros imputados

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este miércoles fianzas civiles que superan los 42 millones de euros para un nuevo grupo de imputados que han comparecido en la causa de los ERE fraudulentos y que al igual que otros tantos imputados anteriores se han acogido a su derecho constitucional a no declarar.

La mayor fianza civil ha sido solicitada para la empresa A Novo España, a la que el Ministerio Público reclama 39.952.000 euros, con responsabilidad civil subsidiaria de la empresa matriz, A Novo Francia, en relación con las ayudas concedidas por la Junta A Novo Comlink, ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga.

Anticorrupción ha solicitado además 1,5 millones de euros de fianza civil para el directivo de A Novo José F. Pardo y otros 495.251,69 más el tercio legal correspondiente para Manuel Jiménez de Miguel, quien según explicó Alaya en un reciente auto se trata de un trabajador que "sin prestar servicios efectivos para A Novo y por el simple hecho de su pertenencia al PSOE de Sevilla -era miembro de la agrupación socialista de Nervión-, sin mediar solicitud y sin requisito para ello, sería beneficiario de otra póliza especial" por la que se le garantizaban unas rentas mensuales entre 2008 y 2017 que oscilaban entre los 2.159 y los 9.221 euros, con un coste de prima total de 495.251,69 euros.

De la fianza de Manuel Jiménez, la Fiscalía ha pedido que se declare la responsabilidad civil subsidiaria del ex asesor de Empleo y ex diputado del PSOE Ramón Díaz Alcaraz, debido a su presunta intervención para la inclusión de esta persona en la póliza pagada por la Junta.

Anticorrupción también ha reclamado otros 296.935 euros de fianza civil para la sindicalista de UGT Blanca Uruñuela, quien firmó con el ex secretario general de UGT-A y también imputado Francisco Fernández Sevilla el acuerdo de bases en la empresa Altadis, por el que la Junta abonó más de 22 millones de la Junta para financiar la prejubilación de 173 trabajadores de la compañía tabaquera en el año 2005.

De otro lado, el ex viceconsejero de Economía de la Junta José de Haro Bailón se ha acogido este miércoles a su derecho constitucional a no declarar ante la juez Mercedes Alaya, al considerar que la magistrada ya no es competente para la instrucción de la causa, después de que haya solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que se pronunciara sobre qué órgano es el competente para conocer la parte del sumario que afecta a los aforados.

“Siendo incompetente este Juzgado, mi derecho de defensa sólo se salvaguarda prestando declaración ante el órgano judicial que es competente, de tal forma que, de proseguir la presente actuación judicial, no sólo sería nula, sino que se desconocería gravemente mi derecho constitucional al Juez predeterminado por la Ley”, ha afirmado el ex viceconsejero en su comparecencia ante la magistrada.

Al término de la comparecencia, ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Junta ni las otras acusaciones populares han solicitado que se imponga ninguna medida cautelar al ex alto cargo.

El abogado José María Mohedano, que defiende a José de Haro, ha explicado a los periodistas que la instructora ha modificado la imputación inicial que en su día hizo al ex alto cargo, al retirar la parte en la que le atribuía haber impulsado y coordinado la política presupuestaria, algo que, precisó, se produce porque la instructora se basó en el decreto 137/2000 sobre competencias del secretario general de Hacienda. Ese decreto, prosiguió el defensor, fue anulado una semana después de que De Haro tomara posesión del cargo, por lo que “no estuvo en vigor” en la época en la que ocupó el cargo. Según Mohedano, el ex viceconsejero “no tenía ninguna relación con la política presupuestaria”, si bien Alaya ha continuado manteniendo la imputación respecto a su etapa como viceconsejero.

Alaya señaló en el auto que cuando ocupó el puesto de secretario general de Hacienda -entre abril de 2004 y abril de 2009, al suceder a Antonio Estepa, también imputado-, estuvo "a las órdenes del titular en aquellas fechas José Antonio Griñán" y le correspondería "el impulso y coordinación de la política presupuestaria y además se encontraba adscrito a la Secretaria General la Intervención de la Junta".

De Haro, que eleva a 33 el número de ex altos cargos imputados, "tendría una activa participación en el uso inadecuado de la partida presupuestaria de las transferencias de financiación en el programa 31.L de la Dirección General de Trabajo -conocida como fondo de reptiles- en el proceso de elaboración de los Presupuestos y de igual modo, conocería el falseamiento del presupuesto necesario en IDEA, creando gastos inexistentes, para que el uso de las transferencias de financiación por parte de la Dirección General de Trabajo a dicha Agencia fuera posible".

José de Haro formaría parte también en el proceso de elaboración presupuestaria, de los grupos de trabajo de alta cualificación técnica que cada año se llevaban a cabo para examinar los distintos programas presupuestarios, su contenido, su finalidad y su coste.

Cuando ocupó el cargo de viceconsejero de Economía y Hacienda, a partir de abril de 2009 -siendo consejera Carmen Martínez Aguayo-, De Haro "tendría igualmente una activa participación en la elaboración del Presupuesto de 2010 en el que si bien desaparecieron de los estados de gastos del programa 31.L de la Dirección General de Trabajo las transferencias de financiación, en el análisis de los objetivos por programa y en la Memoria del Presupuesto, se establecía como prioridad la continuidad del sistema de transferencia a IDEA para dar cobertura a los compromisos adquiridos en virtud de expedientes de regulación de empleo, planes de prejubilación, ayudas para la viabilidad de empresas, en virtud del concierto con IDEA en vigor desde 2001".

Según la juez, lo anterior determinaría que en el año 2010, pese a la vinculación de la partida presupuestaria 47/77 recogida en el estado de gastos referido, "todo siguiera como en años anteriores, permitiendo así la concesión de las ayudas sociolaborales al margen del procedimiento legalmente aplicable".